Juan Gerardo Ferral Castro

Expediente 2244/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2244/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Gerardo Ferral Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en acatamiento al requerimiento de este juzgado, remitiendo copia certificada de constancia relativa al juicio laboral 748/5/2019; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la constancia que adjuntó la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...].". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y, ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de notificar a los testigos para que se presenten ante la junta laboral, a efecto de desahogar la prueba ofrecida por la parte demandada, dentro del expediente laboral 748/5/2019. En ese contexto, de la constancia allegada a los autos, se advierte que la autoridad responsable, dentro del juicio laboral de origen, el veinticuatro de octubre del año en curso, con motivo de las actas actuariales de no notificación de los testigos, emitió proveído ordenando la presentación de los testigos a cargo del oferente de la prueba en la fecha y hora previamente señaladas, además advirtió que en caso de no presentarlos, se declararía desierta dicha prueba (testimonial). Documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo [veinte de septiembre de dos mil veintidós], las autoridades responsables, Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y Actuario adscrito, con sede en esta ciudad, habían sido omisas en ordenar y ejecutar lo necesario para la práctica de las referidas notificaciones; sin embargo, una vez atendida la petición de la representación legal de la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral de origen, lo procedente es determinar que en el caso, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber conseguido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a las autoridades responsables que en cumplimiento a la misma, ordenaran y ejecutaran lo conducente para llevar a cabo la comparecencia de los atestes por conducto del oferente, dada la imposibilidad de notificarlos; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Asimismo, apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto de veintiuno de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, el expediente principal deberá conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de Luis Lauro Guevara Domínguez, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de seis de septiembre del año en curso, manifiesta que sí es su deseo ofertar la prueba pericial a cargo de José Luis Pérez Moreno; en tal virtud, previo a pronunciarse sobre la admisión de dicha probanza, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al compareciente para que dentro del término de tres días, legalmente computado, allegue copias suficientes del cuestionario al tenor del cual deberá desahogarse la pericial en comento, para correr traslado a la totalidad de las partes del presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no ofertada la prueba pericial de trato. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia P./J. 18/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, con datos de publicación página 14, tomo I, libro 55, junio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del cuestionario para cada una de las partes, al tenor del cual deberá desahogarse la prueba; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del plazo concedido la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del cuestionario original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del cuestionario original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el cuestionario original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por María Guadalupe Martínez Martínez, autorizada de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo procedente sobre la interposición de dicho medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, a fin de correr traslado con el mismo a la totalidad de las partes, pues sólo exhibió cinco, siendo el caso que debió exhibir siete, para estar en aptitud de distribuir entre las partes de la siguiente manera: una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, cuatro para las autoridades responsables, una para el tercero interesado y una más para el presente expediente; con el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento precisado en el párrafo que antecede, en plazo concedido, se tendrá por no interpuesto el aludido medio de impugnación.

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