Juan Gerardo Cervantes Aviña

Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
244/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Gerardo Cervantes Aviña

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte. Asimismo, para un mejor manejo de este expediente, con ellas fórmese por separado un tomo de pruebas, respetando el sello y folio de origen; de igual forma, respecto al disco compacto que adjunta, resguárdese en la secretaría encargada del juicio de amparo en que se actúa. Ahora, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte promovente reclama la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 43/2019-D. Ahora, de la certificación que antecede, así como de los autos del juicio de amparo 956/2021, del registro de este órgano federal, se desprende que Juan Gerardo Cervantes Aviña, promovió dicho juicio, en el que señaló como acto reclamado la veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la mencionada autoridad judicial en el referido proceso penal. Mediante sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "[.] 1. Deje insubsistente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno 2. Hecho lo anterior, analice de acuerdo con los extremos establecidos en esta sentencia, si ha transcurrido el plazo previsto en la norma aplicable para poder declarar prescrita la pena pecuniaria a que fue condenado el quejoso, fundando y motivando debidamente su determinación cualquiera que fuere el sentido. [.]" En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria el fallo protector, requiriéndose el cumplimiento respectivo, por lo que una vez que la responsable remitió las constancias correspondientes, en proveído de once de los actuales, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. A través de la determinación de dos de marzo del año en curso -acto reclamado-, la autoridad responsable pretendió cumplir con el fallo amparador y por acuerdo de veinticuatro de marzo siguiente, se indicó que la determinación emitida por la aludida autoridad, no cumplía con los lineamientos indicados en la sentencia de amparo, por lo que se ordenó que se dejara insubsistente y se emitiera otra, siguiendo lo establecido en la sentencia concesoria de amparo. Mediante determinaciones de veinticinco y veintiocho del mes y año que transcurren, el juez responsable dejó sin efectos el acto que por esta vía se reclama -resolución de dos de marzo de esta anualidad- y emitió otra en cumplimiento al proveído por el cual no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En ese contexto, este juzgado de Distrito advierte que en este asunto se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la trascripción anterior, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En este sentido, se distingue que la frase "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", contiene dos palabras relevantes para entender la causal de improcedencia de que se habla y que son "cesar" y "efecto". Por tanto, se debe establecer que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, tratándose de actos positivos; luego, para que se actualice esta hipótesis es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; por lo que se concluye que únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se ponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 38 del Tomo XI, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y u Gaceta, del texto y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, como se dijo, de la demanda de amparo de cuenta se desprende que la parte quejosa reclama la determinación de dos de marzo de dos mil veintidós, por la que se pretendió dar cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo 956/2021, del registro de este órgano federal y mediante determinaciones de veinticinco y veintiocho del mes y año que transcurren, el juez responsable dejó sin efectos el acto que por esta vía se reclama y emitió otra en cumplimiento al proveído por el cual no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, ante el evento destacado es manifiesto que indefectiblemente han cesado los efectos del citado acto reclamado motivo del expediente en que se provee. En esa tesitura, es de concluirse que el acto reclamado sin lugar a dudas ha sido dejado sin efectos y, por ende, también sus consecuencias, ya que forzosamente la resolución combatida fue sustituida procesalmente por las resoluciones que en cumplimiento al fallo amparador se dictaron en el expediente de origen; ello con motivo de la orden dada en esta data en el aludido juicio de amparo. Por lo anterior, si de manera inequívoca han de cesar los efectos del acto reclamado ya que se ordenó que éste fuera dejado insubsistente, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia indicada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la tesis III.3o.C.23 K visible en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es SOBRESEER en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del diverso artículo 63, de la misma legislación. Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe y constancias de cuenta, así como que el resto de las autoridades responsables administrativas aun no hayan rendido sus informes justificados, toda vez que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Asimismo, es oportuno señalar que atendiendo al principio de impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, no se consideró pertinente emplazar a juicio a los terceros interesados al apoderado legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y al Director General de Control Procedimental de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que el sentido de este fallo no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XI, Febrero de 1993, Página 338 del rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual informa que desconoce si alguna persona le recae el carácter de tercero interesado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otro lado, respecto a las actuaciones que refiere haber remitido, así como de los terceros interesados que señala, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto sean recibidas físicamente dichas constancias. Notifíquese.

  4. Principal

    DOMICILIO/DEFENSORIA SUR Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado ********************, defensor público federal de********************, contra los actos del Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 244/2022. ADMISIÓN: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN: Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL: Se señalan las OCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con fundamento en los artículos 64 y 117 del cuerpo de ley citada, se solicita a las autoridades responsables: Rendir dentro del plazo de quince días, por escrito su informe justificado, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de acuerdo al numeral 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Pídaseles atentamente que de no tener inconveniente alguno, remitan en CD o en memoria USB (que se devolverá cuando cause ejecutoria este asunto), el documento en formato "Word" de la resolución que por esta vía se combate. Exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, para lo cual deberán acompañar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Informar si contra los actos que se les reclama ha sido promovido otro juicio de amparo, o bien, si en relación con el expediente del que emana, en caso de existir coinculpados, éstos han instaurado otros juicios. Comunicar y acreditar ante este juzgado federal, cualquier causa de sobreseimiento, que en su caso, se susciten en este juicio, en caso de no acatarlo, de acuerdo al numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 14 del ordenamiento legal de la materia, solicítese a la autoridad judicial responsable que al momento de rendir su informe justificado, remita las constancias que acrediten que ********************, tiene el carácter de defensor público de********************. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la ley de la materia, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Por otro lado, se comisiona al actuario de la adscripción que informe a las autoridades responsables que en el caso de que no se encuentren denominadas tal como lo refirió la parte quejosa, deberán recibir la misiva que derive de este proveído, y mediante oficio señalar su denominación correcta. En el entendido que de negarse las autoridades a recibir la comunicación oficial de mérito, en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario hará del conocimiento de los encargados de las oficinas correspondientes que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, y que si a pesar de ello subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Asimismo, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, informen si en relación con el acto reclamado, a alguna persona o personas les recae el carácter de terceros interesados en este asunto (incluido el agente del Ministerio Público, para el supuesto de que haya intervenido en una audiencia donde emane el acto reclamado), y de ser el caso, hagan del conocimiento de forma específica y completa su nombre (el área o fiscalía a la que se encuentre adscrito el representante social correspondiente), así como el último domicilio con que cuente de éstos; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, aunado a que se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación por desacato a una determinación judicial. DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado, así como los correos electrónicos que refiere para entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo solicita la parte quejosa, expídase a su costa copia certificada de la sentencia que en el momento procesal oportuno se dicte en este expediente; lo anterior, previa identificación y firma que otorguen por su recibo las personas autorizadas para ello. DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la ley de la materia, téngase con tal carácter al agente del Ministerio Público adscrito a la autoridad judicial responsable, para lo cual se ordena emplazarlo mediante oficio que derive de este proveído, anexándole copia simple de la demanda que dio origen a este expediente. INTERVENCIÓN MINISTERIAL: Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de la lista de publicación de este juzgado de Distrito. Se le autoriza la consulta por vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio, el cual queda a la vista en el sistema implementado para tales fines, al que podrá ingresar con el usuario correspondiente. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano