Juan Genaro Valdovino Fuentes

Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
999/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Genaro Valdovino Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite, dos tomos de prueba y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 38/2021, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por la Juez Décimo de Distrito en el Estado, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 999/2019 promovido por *****, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías respecto de las autoridades y actos reclamados señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." En tales condiciones, se ordena acusar recibo y que se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso a), 18, fracción I, inciso a), 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos por la parte quejosa están catalogados como no originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no acudir a recogerlos, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado conforme al Acuerdo en mención. Ahora bien, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Asimismo, devuélvase a la responsable el Director de lo Contencioso y Representante Jurídico de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en representación de la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior y del Jefe de la Oficina Recaudadora de Silao, adscritas a la mencionada Secretaría, las constancias que allegó en apoyo a su informe, consistente en copia certificada del procedimiento administrativo en Materia de Comercio Exterior realizado a Juan Genaro Valdovino Fuentes, en su calidad de propietario o poseedor del vehículo ***** y del expediente administrativo abierto a cargo de *****, las cuales obran en dos tomos por separado. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que contiene la transcripción del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se acusa recibo del comunicado mediante el cual le fue remitido el recurso de revisión hecho valer contra de la sentencia definitiva dictada en el presente sumario. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió a trámite y quedó registrado con el número de recurso de revisión 38/2021. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio. En consecuencia, distribúyase entre las demás partes copia del escrito de agravios, mediante oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público adscrita. Posteriormente, en acatamiento al numeral 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, se proveerá sobre la remisión del recurso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno.

  4. Principal

    ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Dirección General de Verificación al Comercio Exterior (ahora Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior) y Jefe de la Oficina Recaudadora de Silao (ahora Oficina de Servicios al Contribuyente de Silao, Guanajuato), ambas adscritas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, por conducto del Director de lo Contencioso adscrito a la Subdirección General Jurídica y Representante Jurídico de la citada Secretaría, si bien negaron el acto que les fue atribuido, lo cierto es que realizaron manifestaciones tendentes a exponer la certeza de los actos. Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron anexas a su informe de ley consistentes en copias certificadas del procedimiento administrativo en Materia de Comercio Exterior realizado a *********, en su calidad de propietario o poseedor del vehículo tipo *********, Marca *********, submarca *********, color *********, modelo *********, serie ********* y copias certificadas del expediente administrativo abierto a cargo de *********, las cuales obran en dos tomos por separado y a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En esas condiciones se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causales de Improcedencia. Se procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, esta juzgadora advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en la falta de notificación del oficio determinante DIGEVCER-0498/12, de nueve de octubre de dos mil doce, emitido por la Directora de Ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el Estado de Guanajuato, y como consecuencia, el requerimiento de pago y embargo sobre bienes del quejoso para hacer efectivo el respectivo crédito fiscal, como se verá a continuación. Los citados preceptos legales disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es la siguiente: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de notificación del oficio determinante *********, de nueve de octubre de dos mil doce, emitido por la Directora de Ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el Estado de Guanajuato; y, en consecuencia, el requerimiento de pago y embargo sobre bienes del quejoso para hacer efectivo el respectivo crédito fiscal, señalando bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los mencionados actos el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, con motivo de la notificación del oficio 388/2018 que anexó a su demanda de garantías, en el cual se aprecia la existencia de una determinación de un crédito fiscal en su contra contenida en el oficio *********. Sin embargo, de las copias certificadas del expediente administrativo relativo al crédito fiscal número DIGEVCER-0498/12 abierto a cargo de Juan Genaro Valdovino Fuentes, documentales a las que se les concedió valor probatorio pleno, se pone en evidencia que el aquí quejoso promovió el veinte de marzo de dos mil dieciocho, la prescripción del crédito fiscal determinado, escrito en el cual también señaló haber conocido del crédito fiscal desde el treinta de octubre de dos mil doce, como se advierte de la reproducción que del mencionado escrito que se realiza a continuación: (fojas 54 y 55 del tomo de pruebas I). Determinación que fue resuelta por la Directora de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. No es procedente declarar la prescripción del crédito fiscal contenido en el oficio número ********* de fecha 09 de octubre de 2012, determinado por la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior, por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, actualizaciones, multa y recargos, a cargo del C. *********, por las razones expuestas en la presente resolución. SEGUNDO. Se hace del conocimiento del ocursante que, si la presente resolución no satisface su interés jurídico, puede proceder a su impugnación a través del juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los treinta días computados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la presente resolución." (foja 63 del tomo de prueba I). Lo anterior, contrario a lo expuesto por el quejoso, pone en evidencia que el quejoso, al momento de presentar la demanda de amparo origen del juicio que se resuelve, ya conocía de la existencia del crédito fiscal determinado a su cargo, contenido en el oficio número ********* de nueve de octubre de dos mil doce, además, compareció ante la autoridad responsable a solicitar que el citado crédito fuera declarado prescrito. Asimismo, de las propias manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda, en el apartado de conceptos de violación, manifestó expresamente que la resolución determinante del crédito, contenida en el oficio número ********* (sin que pase desapercibido que asentó ser la resolución *********, sin embargo, lo correcto es el oficio *********), por las propias manifestaciones que vierte, aduce, le fue notificado el treinta de octubre de dos mil doce, contra el que, agrega, que interpuso recurso de revocación, cuya resolución de quince de febrero de dos mil trece, dictada por el Director de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, determinó confirmar la diversa contenida en el oficio impugnado. Manifestaciones que, por haber sido vertidas ante una autoridad, se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Circunstancia que también se corrobora con la existencia de la resolución de quince de febrero de dos mil trece, que en constancia de notificación obra a fojas 29 a 43 del tomo I de pruebas, de ahí que quede en evidencia que tuvo conocimiento del oficio determinante *********, de nueve de octubre de dos mil doce, emitido por la Directora de Ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el Estado de Guanajuato; y, en consecuencia, el requerimiento de pago y embargo sobre bienes del quejoso para hacer efectivo el respectivo crédito fiscal, desde el treinta de octubre de dos mil doce. Por tanto, al haber presentado su demanda de garantías hasta el once de noviembre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, es inconcuso que su demanda fue promovida en forma extemporánea al plazo que refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, sin necesidad de hacer el cómputo respectivo, dado el exceso de tiempo transcurrido. En consecuencia, los actos impugnados deben considerarse consentidos tácitamente al haberse combatido fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 en cita, dado que es evidente que la parte quejosa los conoció previo a la presentación de la demanda. Al respecto, no se inadvierte que la parte quejosa se ostente con el carácter de tercero extraño al procedimiento administrativo de origen; sin embargo, en el caso, resulta suficiente con que haya conocido la existencia del acto que tilda de inconstitucional para que hubiera acudido desde ese momento a la presente instancia constitucional, pues los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, prevén que solo se tenga conocimiento de los actos reclamados para promover el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Sin que pase desapercibida para esta juzgadora que obre el mandamiento de ejecución (ampliación de embargo), cuyos datos sobre la resolución a ejecutar lo constituye la resolución contenida en el oficio ********* de nueve de octubre de dos mil doce (fojas 70 a 72 del tomo I de pruebas); sin embargo, tal determinación no puede ser materia de análisis de esta instancia constitucional al haber sido emitida el seis de marzo de dos mil veinte, esto es, de manera posterior a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo que se resuelve. Además, como ya se dijo anteriormente, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento instaurado en su contra que pudiere hacer procedente el estudio del embargo citado con antelación. Luego, si el mandamiento de ejecución (ampliación de embargo) tuvo su origen en un procedimiento administrativo de ejecución seguido para el cobro de un crédito a cargo del quejoso, del cual se dijo, tuvo conocimiento desde el treinta de octubre de dos mil doce y, no se trata de la última resolución acaecida en el procedimiento de ejecución, el embargo señalado resulta ser un acto intraprocesal que hace improcedente su análisis en esa etapa. En ese sentido, de subsistir el crédito fiscal, sólo puede promover juicio de amparo hasta que se dicte en el procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la aquella que constituye la última dictada en el procedimiento de ejecución, la cual se entiende como aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total del crédito reclamado o se declara la imposibilidad material o jurídica para ello , pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento; atento a que el citado embargo solo constituye una etapa procesal desarrollada en el procedimiento administrativo de ejecución en comento, el cual es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa, los créditos fiscales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 196530 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 17/98 Página: 187 EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Amparo en revisión 2180/96. Construcciones Pérez Hermanos, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 2125/97. Industrializadora Forestal Rogoso, S. de R.L. de C.V. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Amparo en revisión 2658/96. Fernando Rodríguez Gutiérrez. 31 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza. Amparo en revisión 2419/97. Club Social y Deportivo de Acapulco, S.A. de C.V. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Amparo en revisión 2840/97. Industrializadora Forestal Rogoso, S. de R.L. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 17/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho. Así como la diversa jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. Finalmente, tampoco se inadvierten las manifestaciones que realiza el quejoso en su ampliación de demanda relativas a que el crédito que señala se encuentra extinto por no haber existido un mandamiento de ejecución para su cobro en más de seis años; sin embargo, no es dable analizar tales argumentos por no ser materia de la litis que se analiza, máxime que tiene expedito su derecho para hacer valer las alegaciones que estime oportunas a través de los recursos ordinarios o procedimientos que las leyes estiman para su análisis. En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la citada ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

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