Juan Genaro Rico Cardiel y Otros.
Expediente 751/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Genaro Rico Cardiel y Otros.
- Susana Rico Cardiel y Otros.
- Juan Genaro Rico Cardiel
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de catorce de julio pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, respecto del documento original exhibido por la parte quejosa, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en autos, informa la cancelación de la escritura pública y las enajenaciones realizadas con posterioridad, respecto del inmueble con folio real... En consecuencia, dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 14 DE JULIO DE 2023, QUE A LA LETA DICE "...Vista la demanda de amparo promovida por Juan Genaro, Eder Noé, Susana y María José, de apellidos Rico Cardiel contra actos del Juez Segundo Civil de Partido en Salamanca, Guanajuato; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 751/2023-II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Acto reclamado En el caso, los quejosos reclaman la resolución interlocutoria dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio intestamentario C814/2022, a bienes de su padre Juan Manuel Rico Arredondo, del Juzgado Segundo Civil de Partido en Salamanca, Guanajuato, en la que se resolvió el recurso de revocación que interpusieron en contra del auto emitido el treinta y uno de mayo del año en curso. En dicho medio de impugnación el juzgad responsable negó la solicitud de los quejosos de ceder sus posibles derechos hereditarios en favor de su madre Esperanza Cardiel Duarte, en virtud de que no se ha dictado la declaratoria de herederos que reconozca derechos respecto de la sucesión, por lo que confirmó el proveído impugnado. Causa de improcedencia Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Para poder fijar el acto reclamado, debe distinguirse entre los actos u omisiones susceptibles de control constitucional y los que constituyen violaciones procesales que, dada la técnica del juicio de amparo indirecto, deben enderezarse en contra de un acto concreto terminal, en cuya demanda podrán hacerse valer cuestiones de carácter procesal que hubieran podido tener alguna incidencia en el resultado del mismo. La distinción entre violación procesal y acto reclamado autónomo radica en que la violación procesal es un acto u omisión cuyo impacto es incierto en algún proceso o procedimiento, mientras que un acto u omisión susceptible de análisis en el juicio de amparo afecta de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la constitución. Igualmente, se distingue entre actos reclamados y violaciones procesales, pues las segundas sólo pueden analizarse si es procedente el juicio de amparo respecto de los primeros, ya que las violaciones procesales constituyen conceptos de violación de índole formal dirigidos a destruir el acto reclamado para el efecto de que su actualización lo deje sin efectos y se purguen, o bien, se emita otro acto en el que se soslayen los efectos jurídicos que produjo una actuación procesal viciada. Sobre este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que la jurisprudencia P./J. 4/2001, según la cual la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, debía estudiarse en amparo indirecto, ya que con esa decisión se afectaba a las partes en grado predominante o superior, no es aplicable en los asuntos tramitados bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que: ... Los actos para ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así como que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, tratándose de juicios sucesorios, como del que emana el acto reclamado, existen diferentes etapas o secciones dentro del proceso, las que acorde a su naturaleza son: 1. La sucesión; 2. La de inventarios y avalúos; 3. La de administración; y 4. La de partición y adjudicación. En efecto, los artículos 585, 586, 587, 588 y 589 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guanajuato, que prevén la tramitación de esos procedimientos, disponen: ... El amparo indirecto procede limitativamente contra la resolución conclusiva de cada una de las tres primeras fases al generar efectos de imposible reparación por su emisión, momento en que podrán reclamarse también las violaciones procesales relacionadas con cada una de ellas. En efecto, cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, en virtud de que si se impugna tal violación de manera inmediata, previo al dictado de dicha resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ciertamente, acorde a lo expuesto en líneas precedentes, la irreparabilidad de la violación que se irrogue solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Bajo ese panorama, se estima que el acto reclamado por los quejosos consistente en la resolución interlocutoria dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio intestamentario C814/2022, a bienes de su padre Juan Manuel Rico Arredondo, del Juzgado Segundo Civil de Partido en Salamanca, Guanajuato, en la que se resolvió el recurso de revocación que interpusieron en contra del auto emitido el treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se negó su solicitud de ceder sus posibles derechos hereditarios en favor de su madre Esperanza Cardiel Duarte, en virtud de que no se ha dictado la declaratoria de herederos que reconozca derechos respecto de la sucesión y, se confirmó el proveído impugnado; no es un acto que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de los promoventes y, por tanto, no es procedente el juicio de amparo en su contra. Lo anterior, pues se estima que será hasta la resolución que concluya la sección correspondiente sobre el reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos, en la que los quejosos podrán dilucidar su pretensión de disponer de sus posibles derechos de herencia en favor de su madre, pues su intención es que se reconozca a ésta como única y universal heredera del patrimonio de su padre, y esa declaración se realiza precisamente en el reconocimiento de herederos. Eventualmente, en caso de inconformidad en contra de esa resolución, ésta podrá reclamarse vía amparo por la parte agraviada, una vez agotados los recursos ordinarios procedentes, en observancia al principio de definitividad. Así, la resolución reclamada no afecta de manera directa e inmediata los derechos hereditarios que les pudiera corresponder en el juicio de origen, ni limita o restringe su participación o intervención en el mismo para acudir en defensa de sus intereses en dicho procedimiento. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como su domicilio el ubicado en esta ciudad. Autorizados. Téngase como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Delia Reyes Rangel, en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Ana Lilia Romero Rodríguez en términos restringidos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 24 de la citada ley. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se designa representante común de los quejosos a Juan Genaro Rico Cardiel. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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