Juan García Morales

Expediente 798/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Juan García Morales
  • Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada, en su caso, interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de once de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jaime Arturo Hinojos Rubio, en su carácter de apoderado legal del trabajador Juan García Morales; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 11 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Vista la cuenta que antecede, en la que se relaciona un escrito inicial de demanda y copias que se anexan, promovida por el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en su carácter de apoderado legal del trabajador xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, personalidad que se tiene por reconocida en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que la Junta responsable reconoció tal personalidad, como se advierte de la copia autorizada de la resolución pronunciada por dicha Junta y que se anexa a la demanda, misma que se promueve contra actos del Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y de ésta, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese bajo el número 798/2019, que le corresponde en el libro que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito. A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo para la actualización de tal figura jurídica, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Ahora bien, luego del análisis del acto impugnado de inconstitucional así como del contenido integral del escrito inicial, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículo 61 fracción XXIII con el 107 fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: I a III (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Transcripción de la que se obtiene, que el juicio de garantías biinstancial procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución el cual se ha definido, en forma genérica, como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada o en su caso, el que establece la imposibilidad para cumplirla o cumplirlo, es decir, en los procedimientos de ejecución de sentencia o de convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Esa será entonces la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan tendientes a hacer efectiva la sentencia, laudo o convenio, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así mismo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en tratándose de procedimientos de remate, contra la última resolución que es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, haciéndose valer en todo caso las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en esa hipótesis se surte una excepción a la regla general. Así en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, laudo o de convenio, que como se dijo, se haya elevado a la categoría de sentencia y tiene la calidad de cosa juzgada. Para mejor comprensión del sentido de este proveído, es menester mencionar algunos de los antecedentes que el amparista indica en la demanda de amparo de cuenta, así como de los que se advierten de las copias certificadas del juicio de origen y que fueron anexadas por el impetrante de amparo a su demanda, las cuales en atención a su calidad de documentales públicas merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que en lo que interesa son: En la demanda en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, señala el amparista: que por escrito recibido el quince de septiembre de dos mil nueve, ante la Junta responsable demandó a la empresa Dega Restaurant, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de diversas prestaciones que indica en tal demanda. Habiéndose admitido la demanda y sustanciado que fue el juicio laboral correspondiente, se dictó laudo en el cual se condenó a la demanda al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados y es especial, al pago de la media hora extra diaria reclamada en el inciso f) del capítulo de prestaciones de la demanda, esto mediante laudo de siete de junio de dos mil dieciséis. Que el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dado que la demandada no había dado cumplimiento al laudo emitido en los autos del juicio labora de origen, se solicitó se despachara mandato de ejecución, hasta por cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con treinta y seis centavos, cantidad derivada de las prestaciones a que fue condenada la tercera interesada. Respecto a lo anterior, el Presidente de la Junta responsable el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitió un acuerdo en el cual despachaba mandato de ejecución hasta por trece mil setecientos noventa y dos pesos con cuarenta y dos centavos, lo cual se consideró ilegal, motivo por el cual se promovió ante la Junta de referencia el recurso de revisión de actos del Presidente y el veinticuatro de setiembre del año en curso, se dictó la resolución que constituye el acto reclamado. Asimismo de las constancia relativas al juicio laboral de origen y que en copia autorizada anexó a la demanda el quejoso, se advierte que efectivamente el veinticuatro de septiembre de la anualidad en curso, la responsable en el juicio laboral radicado bajo el expediente 1/09/3741 de su índice, resolvió el recurso de revisión de actos de ejecución interpuesto por el amparista en el juicio laboral de origen, al considerar improcedente la revisión de actos del Presidente de la Junta indicada. De lo expuesto, se puede concluir que el acto reclamado destacado en esta instancia constitucional, lo constituye la resolución de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, pronunciada en el juicio laboral radicado bajo el expediente 1/09/3741, en el que la Junta responsable declaró improcedente la revisión de actos del Presidente de tal Junta Especial Uno; por lo que se puede decir que tal resolución se dictó en la etapa de ejecución de laudo y tendente al cumplimiento del mismo. Efectivamente tal acto desde luego, no es la última resolución en la fase ejecutiva y por ende, no puede ser estudiada a través del juicio constitucional sino hasta en que se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente se podrán impugnar todas las violaciones que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa en esa fase, insistiendo que la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad.

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