Juan García López
Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan García López
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase al presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, los medios de convicción que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de presente incidente, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés y la interlocutoria de veintiocho siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 210/2023, promovido por***, en contra de actos del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, y otras autoridades. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juan García López, por propio derecho, depositó un escrito el tres de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 210/2023. Así, por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos que pueden tener ejecución dentro de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridad responsable ordenadora i) Del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca. La orden de aprehensión librada el cuatro de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal 38/2023, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas con ventaja. Autoridades responsables ejecutoras Vicefiscal Regional de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Subdirector de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sede Santa María Coyotepec, Oaxaca. La ejecución de dicho mandato de captura. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión librada el cuatro de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal 38/2023, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la causa penal 38/2023 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro 2004362, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Respecto a los informes de ley rendidos por las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, se desvirtúa su negativa, toda vez que la responsable ordenadora aceptó la orden de captura; por ende, es inminente su ejecución. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". LEGITIMACIÓN Juan García López, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la orden de captura se emitió en su contra, lo que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales al considerar que no ha cometido ilícito alguno. OPORTUNIDAD Se estima que la promoción del juicio es oportuna debido a la naturaleza de los actos reclamados, ya que al tratarse de una orden de aprehensión, cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de aquélla hasta que las autoridades responsables rindan sus informes justificados y, en su caso, acepten la existencia de ese mandamiento de captura. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DEL ASUNTO Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. No obstante lo anterior, el quejoso señala que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden ejecutarle una orden de aprehensión de manera injusta, sin haber participado en la comisión de delito alguno. El argumento antes expuesto resulta infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como bien se indicó en párrafos precedentes, se controvierte en la presente instancia constitucional, la orden de aprehensión librada el cuatro de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal 38/2023, por el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa del motivo de disenso (infundado), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primero requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe la querella de veintinueve de enero de dos mil veintitrés, realizada por la víctima directa Silvano Cruz Villavicencio, por el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas con ventaja ante la autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público; por ende, se inició el legajo de investigación respectivo por lo que se satisface este requisito Constitucional. Tercer requisito. Se encuentra cumplido consistente en que el ilícito respecto del cual el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión es sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que en el caso, se trata de los hechos que la ley señala como el delito de lesiones calificadas, con la agravante de ventaja. Ilícito que se encuentra previsto por los numerales 271, en relación con el diverso 299, 301 fracción II y sancionado por el 277, en relación con el numeral 280, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Dichas porciones normativas son del tenor siguiente: "TITULO DECIMOSEXTO. Delitos contra la vida y la integridad corporal. CAPITULO I. Lesiones. 271. Bajo el nombre de lesiones se comprenden, no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa." "277. Al que infiera una lesión que ponga en peligro la vida, se le impondrán de tres a siete años de prisión sin perjuicio de las sanciones que le corresponda conforme a los artículos anteriores." "280. Cuando concurra una sola de las circunstancias a que se refiere el artículo 299 se aumentará en un tercio la sanción que correspondería, si la lesión fuere simple; cuando concurren dos, se aumentará la sanción en una mitad y si concurren más de dos de las circunstancias dichas se aumentará la pena en dos terceras partes." "299. Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición." "301. Se entiende que hay ventaja: I. [.] II. Cuando el infractor es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan; [.]" Cuarto requisito. Tocante al cuarto requisito, relativo a que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se encuentra satisfecho, toda vez que dicha representación social en la respectiva solicitud, mencionó los datos de la carpeta de investigación y relacionó los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, como bien lo indicó el juez de control responsable, se requiere la actualización de los supuestos siguientes: Una alteración a la salud; Que sea por una causa externa; Que sea atribuible a otra persona; y, Que dichas lesiones pongan en peligro la vida. A su vez, para la agravante del referido ilícito se necesita lo siguiente: El sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado Para tener por actualizado lo expuesto, el resolutor tomó en consideración los datos de prueba siguiente: La declaración de Silvano Cruz Villavicencio (Víctima) de veintinueve de enero de dos mil veintitrés. Entrevista de la ciudadana Inés Cruz Villavicencio de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Informe de actividades o de inspección ocular en el lugar de los hechos, realizado por el Agente Estatal de Investigaciones Ricardo Chávez García con número de identificación 0337, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Dictamen médico expedido por Esaú García Cuapanteca, médico legista, de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés. Los datos de prueba que anteceden, el suscrito Juzgador de Amparo considera que fueron correctamente valorados por el juez de control en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se justifica lo anterior, toda vez que respecto de la declaración de la víctima directa se realizó con las formalidades que establecen los artículos 221, 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitida ante la autoridad ministerial y por persona mayor de edad, quien se ostentó como la víctima directa. En lo que aquí interesa, Silvano Cruz Villavicencio (víctima), refiere que el veintinueve de enero del año dos mil veintitrés, se encontraba realizando labores de campo, cuando sintió dos lesiones en su cuerpo provocadas por arma de fuego y al voltear pudo verificar que la persona que lo agredió es el imputado Juan García López. Razón por la cual se arrojó a un barranco, caminó sobre la carretera y solicitó auxilio vía telefónica a su hermana Inés Cruz Villavicencio. Dicha declaración resulta razonable, ya que vivió la agresión de manera directa, relató cómo se suscitaron los hechos y reconoció directamente a su agresor. De igual forma, el juez responsable tomó en consideración la declaración de Inés Cruz Villavicencio. La cual relata que el día de los hechos al dirigirse a su centro laboral, pudo percatase que el ciudadano Juan García López, se encontraba en la población y portaba un arma de fuego colgada al hombro. Posteriormente, recibió la llamada telefónica de su hermano Silvano Cruz Villavicencio, el cual le solicitó su ayuda para canalizarlo a un hospital. Lo cual, robustece la versión de los hechos. Por ende, como bien lo estimó el juez de la causa, dichos datos de prueba merecen valor probatorio. Lo que se corrobora con el informe de actividades, realizado por el Agente Estatal de Investigación Ricardo Chávez García, dato de prueba que es apto para acreditar la el lugar donde se suscitaron los hechos. Respecto del dictamen médico, expedido por un médico legista en el que constató la existencia de tres disparos de arma de fuego recibida en su persona, dejando diversas heridas en la espalda, hombro derecho y brazo derecho, como bien lo precisó el juez de origen, de mismo modo se considera correcto el valor probatorio otorgado, ya que genera certeza porque el experto expone la metodología empleada y las conclusiones allegadas, lo que desde luego es creíble que por esos conocimientos especializados que el tiene, pueda apreciar esa circunstancia, y hasta este momento procesal no hay dato alguno que contradiga las conclusiones de su dicho. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Con base en estos datos de prueba, se coincide con el juez de control en el sentido que de su valoración individual y conjunta, hasta ese momento procesal, se justifica lo siguiente: "Que el día veintinueve de enero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las nueve horas el ciudadano Silvano Cruz Villavicencio, se encontraba limpiando su terreno para sembrar en el paraje denominado Macahuite Blanco, San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca, cuando Juan García López le disparó con un arma de fuego en el brazo derecho y en la espalda de lado derecho, provocándole lesiones que le puso en peligro la vida" Es decir, el suscrito considera que con los medios de convicción analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso a estudio, como acertadamente lo señaló el Juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes conforme al artículo 261 del código citado, para establecer la existencia del hecho circunstanciado descrito; es decir, el hecho que la ley señala como el ilícito de lesiones calificadas, con la agravante de ventaja. Pues en efecto, las lesiones (alteración a la salud), como acertadamente lo infiere el juez, se acredita con las declaraciones de la víctima y declaración de su hermana ya citados, pues estos presenciaron dicho evento, manifestando en dónde, cuándo y cómo sucedieron los hechos delictivos. Lo cual se robustece con el dictamen médico, lo que evidentemente acredita las heridas que dejaron los proyectiles de arma de fuego en el cuerpo de la víctima. Por lo que respecta a la acción sea ocasionada por causa externa y por otra persona, quedó acreditado con las lesiones que causaron a Silvano Cruz Villavicencio, las cuales fueron ocasionadas por una persona que disparó un arma de fuego. Lo anterior se acreditó con los mismos datos de prueba ya citados. Así es, por lo que hace al agravante del ilícito en cuestión, tocante a que el sujeto pasivo se encuentre inerme y el activo armado, en la misma línea de pensamiento del juez primario, hasta este momento procesal se encuentra acreditado. Dicha afirmación se justifica con los mismos datos de prueba antes precisados, que evidencian que Silvano Cruz Villavicencio, no se encontraba armado, ya que se encontraba en realizando actividades de campo. Posteriormente, sin motivo aparente recibió varios impactos producidos por una arma de fuego, con lo cual como bien se adelantó se acredita el elemento objetivo de esta calificativa de ventaja. En diverso orden, en relación a la probable responsabilidad del aquí quejoso en el hecho delictuoso de homicidio calificado, se tiene probada con los reseñados datos de prueba citados con antelación, pues el juez responsable señaló: que el aquí quejoso en forma probable fue la persona que accionó el arma de fuego en contra de la víctima, lo cual realizó como autor material en términos del numeral 11 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. Esto tiene sustento con la declaración de la víctima directa quien lo reconoce plenamente y se robustece con la diversa declaración de su hermana, en la cual aduce que previa a la llamada telefónica de su hermano, se percató que el imputado se encontraba en la población y se encontraba armado. Quinto requisito. Consistente en la necesidad de la medida dictada, el juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a que por la pena que pudiera llegarse a imponer al sujeto activo, de conformidad con el artículo 277 y 280 del Código Penal del Estado, respecto del ilícito de lesiones calificadas que es una punibilidad baja a media, máxime que en el supuesto de dictarse auto de vinculación a proceso, ameritaría prisión preventiva oficiosa. Además puntualizó el peligro que representa la integridad de la víctima. El juez de control argumentó que existen antecedentes de diversa agresión por parte del imputado con arma de fuego, mismo que en su momento se denunció ante la representación social en el año dos mil dieciocho. Si en esta ocasión recibió tres disparos con arma de fuego, es evidente el peligro latente de una nueva agresión. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente Juan García López participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, con la agravante de ventaja. Ilícito se encuentra previsto por los numerales 271, en relación con el diverso 299, 301 fracción II y sancionado por el 277, en relación con el numeral 280, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Esto es, que existe la probabilidad de que Juan García López, haya perpetrado el ilícito en estudio en autoría, ya que se demostró que el día veintinueve de enero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las nueve horas el ciudadano Silvano Cruz Villavicencio, se encontraba limpiando su terreno para sembrar en el paraje denominado Macahuite Blanco, San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca, cuando Juan García López le disparó con un arma de fuego en el brazo derecho y en la espalda de lado derecho, provocándole lesiones que le pusieron en peligro la vida. Resta destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, con la agravante de ventaja. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por los motivos expuestos en el apartado VIII del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir de la fecha en que se actúa (veintisiete de abril de dos mil veintitrés), y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Para dar oportunidad a lo expuesto, se estima diferir la audiencia constitucional, por lo que se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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