Juan García González
Expediente 1493/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1493/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Juan García González
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, México, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en dictar auto de requerimiento de pago, en el expediente ********************. Sin embargo, resulta un hecho notorio para este juzgador, el cual puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, que el cuatro de septiembre del presente año, se radicó en este juzgado el diverso juicio de amparo 1362/2023-III, el cual fue promovido por el aquí quejoso Juan García González, contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en acordar la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, relativa a la ejecución del laudo en el expediente laboral ********************, acumulado con el ******************** de su índice; mismo que fue resuelto el veintiocho de septiembre del presente año, en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la ley de Amparo para poder causar ejecutoria dicha sentencia. Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 55, Junio 2018, Tomo I, página 10, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Expuesto lo anterior, el suscrito considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en párrafos que anteceden, en este Juzgado de Distrito, se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 1362/2023-III, el cual se encuentra relacionado con la demanda que dio origen a este sumario, donde se reclamó la omisión por parte del tribunal estatal responsable, en acordar la promoción presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés -donde solicitaba nueva fecha para la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada-, relativa a la ejecución del laudo en el expediente laboral ********************, acumulado con el ******************** de su índice; y en el presente asunto, se combate la omisión de dicho tribunal en dictar auto de requerimiento de pago, en el expediente ********************. Lo que evidencia la identidad de quejoso, de acto reclamado, y de autoridad responsable; por ende, no puede analizarse en dos ocasiones el mismo problema jurídico como lo intenta la parte quejosa. Es aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Abril de 2014, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3610, del Tomo LXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 325261, que establece: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en el amparo se reclama el decreto de primero de enero de mil novecientos treinta y siete, ya reclamado en otro juicio, por cuanto a las cuotas destinadas al fondo de previsión de henequeneros de Yucatán y a la construcción de obras que beneficien a los trabajadores, es claro que en el caso concurre una causa de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello, la circunstancia de que en los juicios se reclamaron los actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución, pero no respecto del decreto mismo.". Y la tesis aislada I.11o.C.31 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la norma legal invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, al aparecer o sobrevenir alguna causa de improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las diez horas con quince minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra prevista la audiencia constitucional para el día de la fecha; sin embargo, del estado que guardan los autos, se desprende que la Perito Profesional Ejecutivo "B" adscrita a la Especialidad de Medicina Forense, se encontró en la imposibilidad de ingresar al Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, por falta de oficio de autorización, motivo por el cual no pudo llevar a cabo la diligencia médica programada, por lo que solicitó a este Juzgado de Distrito reprogramar la diligencia de valoración médica del quejoso Carlos Alberto Castillo Vargas o Mario Alfonso Rodríguez Vargas, en fecha veintitrés y veinticuatro de noviembre del año en curso. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente el juicio de amparo, la audiencia constitucional programada para esta fecha se difiere, y para su verificativo se establecen las once horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.
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