Juan Galindo Gonzalez
Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juan Galindo Gonzalez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual acusa de recibo de la llegada de los autos originales del presente juicio de amparo 204/2017-1A y comunica que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Galindo González, en razón de la declaratoria de incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional efectuada mediante proveído de cuatro de abril del año en curso. De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Galindo González, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por JUAN GALINDO GONZÁLEZ, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 204/2017-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, analizada integralmente la demanda de amparo, es indispensable establecer en primer término que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37, de la Ley de Amparo, previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado haya sido ejecutado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa designó como autoridad responsable emisora del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana y su ejecución al Actuario adscrito a la autoridad antes pronunciada, y al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, en Tecate; las primeras dos en cita con sede en Tijuana, Baja California y la última con residencia en Tecate, Baja California. De la autoridad Ordenadora reclama: La resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente origen 30/2017-5, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, relativa a la procedencia de la providencia cautelar en modalidad de secuestro provisional hasta por la cantidad de $690,975.62 (seiscientos noventa mil novecientos setenta y cinco pesos 62/100 moneda nacional). De las autoridades Ejecutoras reclama: La diligencia de embargo precautorio de uno de febrero del año en curso, ejecutada por el Acuario adscrito a la Junta responsable antes señalada, del inmueble identificado como Lote 3, fracción B, Manzana 6, de la Colonia Chavez, del Municipio de Tecate, con superficie 413.3240 metros cuadrados, con clave catastral 4-CH-006-003. La inscripción del embargo del bien inmueble citado en el punto anterior, por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, en Tecate, Baja California. Así, resulta prominente destacar cual es la consecuencia del acto reclamado, pues es ésta la que precisamente determinará la competencia correspondiente, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. - Embargo precautorio del inmueble citado en líneas precedentes, cuya residencia se encuentra en Tecate, Baja California.- Luego, precisado lo anterior debe decirse que los actos reclamados se hicieron constituir esencialmente en la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente origen 30/2017-5, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, en la que se declaró procedente la providencia cautelar en modalidad de secuestro provisional, lo cual se tradujo en el embargo precautorio del bien inmueble precisado y que tuvo su ejecución en Tecate, Baja California. En tal virtud, se concluye, que si de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que, el solicitante del amparo, manifestó en su apartado correspondiente como autoridades responsables al Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Actuario adscrito a la autoridad antes dicha, ambas con residencia en Tijuana, Baja California y al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, en Tecate Baja California, cuyos actos se consumaron fuera de la jurisdicción donde reside este órgano jurisdiccional, lo procedente es declararse legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, y en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, pues quedó evidenciado que en el caso no existe algún diverso acto de ejecución que brinde la competencia a favor de este Juzgado Federal. Para fines de robustecer lo afirmado, se reproduce el contenido a que se hace referencia: Sirve de apoyo a lo anterior por razón jurídica substancial, la tesis XIX.2o.P.T.9 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, perteneciente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2008. De igual forma, a fin de orientar los anteriores razonamientos, se cita la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se tiene al impetrante, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda de amparo, así como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que ahí mencionan. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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