Juan Gabriel Ureña Sanchez
Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Gabriel Ureña Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
MESA III. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo del oficio por medio del cual se le comunicó la citada sentencia a la autoridad responsable, ello no le causa perjuicio alguno, sino únicamente a la parte quejosa, en virtud de que la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución en la que la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales y que es DEPURABLE, una vez transcurrido el término de tres años señalado en el penúltimo párrafo del citado artículo, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Asimismo, en virtud del sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese las constancias indicadas en el Acuerdo de referencia y las que se estimen conducentes, debiendo depurarse las restantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y que se trata de un asunto depurable. Igualmente, se hace notar que no se tramitó el incidente de suspensión en este asunto, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, un disco versátil digital que remitió como justificación a su informe de ley; sin que sea necesario que remita el acuse recibo correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y un minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 562/2022, promovido por Juan Gabriel Ureña Sánchez, por conducto de su defensor público Jesús Nael Pech Torres, contra un acto de la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informe justificado rendido por la autoridad responsable. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las documentales exhibidas por la Juez responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 562/2022-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Juan Gabriel Ureña Sánchez, por conducto de su defensor público Jesús Nael Pech Torres, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso, de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 12/2022, por su probable participación en el delito de violación. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue diferida, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a la suscrita, promovida contra el actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene que el quejoso reclama el siguiente acto: ° El auto de vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en su contra por la Juez responsable, en la causa penal 12/2022, por su probable participación en el delito de violación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza. Misma que se corrobora con la transcripción de la audiencia de vinculación a proceso correspondiente, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de tal audiencia, remitida por la Juez responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de la audiencia donde consta la vinculación a proceso impugnada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora Federal obligada a la transcripción de los mismos. En la demanda de amparo, la parte quejosa aduce que en el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra, se vulneran sus derechos humanos, pues en su estima no se advierten datos de pruebas objetivos y permisibles que establezcan que probablemente fue la persona que realizó la conducta que se le imputa. Ello, porque no se tomó en consideración que en los dictámenes periciales que se desahogaron en la indagatoria, no se apreciaron datos de penetración vaginal recientes, sino solamente lesiones traumáticas recientes en los genitales externos; lo que revela que la imputación de la víctima resulta contradictoria, ya que no existió la penetración que adujo en su imputación primigenia. Además, tampoco se tomó en consideración la declaración de la ateste Rosa María Torres Noh, quien relató que fue la propia víctima quien le informó que la lesión que presentó en la zona vaginal, le fue ocasionada por su novio de nombre Ángel, con quien sostuvo una relación sexual de naturaleza "brusca". De lo que se sigue que, en criterio del quejoso, no obran datos de prueba suficientes para acreditar la existencia de la conducta ilícita que se le atribuye, ni tampoco su probable participación en la misma. Sentado lo anterior, debe decirse que tales motivos de inconformidad resultan infundados. A fin de evidenciar lo anterior, es pertinente precisar que el auto de vinculación a proceso, del cual se duele el quejoso, se encuentra fundamentado en el artículo 19 Constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que deben reunir ese tipo de actuaciones judiciales, a fin de que se justifiquen los efectos de molestia al gobernado, derivados del mismo, por lo que el examen de constitucionalidad del acto que se reclama, se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la lectura de los preceptos legales invocados, se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo, a saber: 1. Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (formulación de la imputación). 2. Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que de los antecedentes de la investigación expuestos oralmente por el Ministerio Público en audiencia ante la Juez de Control, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que la ley contempla como el delito que se le impute al acusado, y el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, así como que exista probabilidad en su participación por parte del imputado. De igual forma, en el auto de vinculación a proceso, el derecho constitucional se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, razonando en todo momento porqué el Juzgador de Control actúa en determinado sentido. Tal afirmación resulta consistente si se considera, ante todo, que la libertad personal (aunque en el sistema penal de corte acusatorio, la prisión preventiva está prevista para casos excepcionales) es un derecho sustantivo fundamental propio e inherente a todo ser humano, por lo que, en caso de que se decrete la medida cautelar consistente en la restricción de ésta, y la misma se prolongue en virtud del auto de vinculación a proceso emitido, las razones deben estar ampliamente justificadas en el acuerdo vinculatorio que, entre otras circunstancias, la produjo. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones fundamentales: a) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (forma). b) Que obren datos de prueba suficientes, de los que deriven indicios razonables que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (fondo). c) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo). Ahora bien, esta Juzgadora Federal estima de cabal importancia destacar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, basta con que la Juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Esto es, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación. Por tanto, si bien en el proceso penal mixto, el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, indicando y acreditando los elementos del cuerpo del delito; en cambio, en el sistema acusatorio oral se parte de una premisa distinta, por lo que sencillamente es menester establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio. Lo antes ponderado encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Expuesto lo anterior, debe decirse que, en lo que atañe a los datos de prueba, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula: "Artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado." Para mejor comprensión, se considera pertinente indicar el significado de los conceptos: "Idóneo", se conceptualiza como lo adecuado y apropiado para algo. "Pertinente", se entiende como el adjetivo empleado respecto de lo que viene a propósito, por ser conducente o concerniente a la controversia. "Razonable", se describe como la satisfacción amplia o bastante para lo que se necesita. Finalmente, la "probabilidad" de que el imputado participó en el hecho delictivo, no es otra cosa más, que la revelación de la posible identidad del sujeto activo, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el código penal sustantivo. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación, esa vinculación procesal, por sí misma, no trae inherente la imposición de prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Federal y en la propia legislación adjetiva federal. Por tanto, el Ministerio Público deberá acreditar y justificar la imposición de las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales la prisión preventiva reviste una nota de excepcionalidad, en tanto que el segundo párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que aquélla restricción a la libertad sólo deberá imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. De forma genérica, deben distinguirse tres momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, condicionadamente, apertura la subsecuente fase: 1. Cuando al Ministerio Público y policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación; 2. Cuando se tienen suficientes datos de prueba que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el Juez de Control; lo que tiene como consecuencia que éste pronuncie auto de vinculación al proceso penal; y, 3. Cuando en virtud de la anterior determinación, se continúa la investigación, teniendo un plazo máximo para decretar el cierre de ésta, en la que podrá solicitarse el sobreseimiento de la causa, la suspensión del proceso o formular acusación. Dicho lo anterior, es palmaria la gran trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal de corte adversarial, precisamente porque ciñe al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (investigación complementaria), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero de manera destacada, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, tiene como efectos jurídicos, entre otros, justificar el acto de molestia a la persona vinculada al mismo, virtud a que continuará siendo investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: que sea emitido por escrito, por autoridad competente; que el Ministerio Público realice la imputación; que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. En ese tenor, este órgano de control constitucional tiene a la vista el disco óptico y acústico, debidamente certificado por la Juez responsable, que contiene copia del registro de video y audio, de las audiencias de la causa, mismo que fue debidamente reproducido, así como de las constancias que dicha responsable tuvo a la vista al momento de emitir la ejecutoria que nos atañe. Medios de convicción al que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa. Ahora bien, es importante señalar que en el sistema penal acusatorio, y bajo los parámetros constitucionales y legales acotados en parágrafos previos, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al Juez de Control, mismos que tuvo a la vista y que deberán encontrar sustento en los registros que obran en la carpeta de investigación correspondiente, la cual excepcionalmente podría ser revisada por la Juez natural, evitando con ello la desnaturalización del régimen penal adversarial, que encuentra en los principios de oralidad y contradicción los pilares que le dan cohesión y eficacia. Sirve de sustento a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 993, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." En ese tenor, de la reproducción del disco óptico y acústico, debidamente certificado por la Jueza de Control responsable, que contiene copia del registro de video y audio, de las audiencias de la causa, particularmente la de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que resolvió sobre la vinculación a proceso, el cual fue reproducido y analizado por la suscrita Jueza de Distrito, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, con la finalidad de estudiar el archivo correspondiente a las acotadas diligencias. Medios de convicción al que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa; y de los que se obtiene que se hizo saber al incriminado, aquí quejoso, los derechos que a su favor se consagran tanto en la Carta Magna, como en el código adjetivo de la materia y fuero; asimismo, se le requirió para que nombrara a un defensor que le patrocinara y se le pidió prestaran atención a las manifestaciones que realizara el agente del Ministerio Público de la Federación. En uso de la palabra, el fiscal investigador formuló imputación en contra del quejoso, por hechos que a su parecer actualizan el delito de violación. Enterado de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20, fracción II, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa consulta con su defensor, el investigado decidió reservarse el derecho a declarar. En audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós, se emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en los hechos delictuosos antes precisados; resolución que se tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. Ahora, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la ponderación del juicio de prueba llevado a cabo por la Juzgadora de origen (Juez de Control) y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la Jueza natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Es aplicable, por las razones que la forman, la jurisprudencia 74/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, resuelta en sesión de ocho de julio del año en curso, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." En ese sentido, a fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se tiene en cuenta que del registro relativo a la audiencia inicial de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se observa que la fiscalía solicitó la vinculación a proceso contra Juan Gabriel Ureña Sánchez, por el hecho delictuoso constitutivo del ilícito de violación, previsto y sancionado por el artículo 313, en relación con el numeral 316, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán. Posteriormente, en audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, por el delito antes anotado, se advierte que los hechos que relató la representación social, estriban en que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, aproximadamente a las veinte horas con veinticinco minutos, el imputado Juan Gabriel Ureña Sánchez, al encontrarse en el interior del cuarto que renta junto con su pareja sentimental, sito en la calle cuarenta y ocho "A", por las calles cincuenta y cinco y cincuenta y siete, de la colonia "Chiveros", de Valladolid, Yucatán, aprovechando que la víctima, quien era su hija, entonces menor de edad, de iniciales E. B. U. D. se encontraba dormida en la cama, por medio de la violencia física, la desnudó, besándole los senos y la vagina, siendo que en ese momento dicha víctima despertó, percatándose que el citado Ureña Sánchez le introdujo su miembro viril por la vía vaginal, lo que motivó que gritara, quejándose de dolor y solicitando auxilio. Lo anterior permite establecer razonablemente la existencia de un hecho ilícito que se prevé en el artículo 313, en relación con el numeral 316, fracción II, del Código Penal del Estado, los cuales disponen: "Artículo 313. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinticinco años y de mil a tres mil díasmulta. Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." Artículo 316. Las sanciones previstas para los delitos de abuso sexual, acoso sexual, violación, violación equiparada y estupro, establecidas en este Título, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito fuere cometido: .II. Por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro." De la transcripción anterior se advierte que, como atinadamente resolvió la Juez de Control, el hecho que se le imputa al aquí quejoso encuadra en el marco de ilicitud previsto para el delito de violación; siendo que para establecer lo anterior, de conformidad con el artículo 203 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán aplicable, la Juez tomó en consideración la razonabilidad de los datos de prueba consistentes en: - Denuncia de María Jesús Jiménez García, representante de la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, de veintinueve de enero de dos mil veintidós, en relación a los hechos relatados por la menor E. B. D. U. - Denuncia de la menor agraviada de iniciales E. B. D. U., de veintinueve de enero de dos mil veintidós. - Entrevista de Pedro Gonzalo Cohuo Cohuo, realizada el veintinueve de enero de dos mil veintidós. - Informe policial homologado por el agente Ku Castillo. - Entrevista de Rosa María Torres Noh. - Exámenes médicos y ginecológicos, practicados a la menor agraviada por personal de la Fiscalía General del Estado, el veintinueve de enero de dos mil veintidós, donde los peritos respectivos concluyeron que ésta cuenta con diecisiete años de edad, no presentó datos de penetración reciente pero sí lesiones genitales, las cuales son edemas y equimosis, siendo esta última pudiendo ser producida por los dedos o el pene, siendo dichas lesiones compatibles con un ataque sexual. - Informe de procesamiento del lugar de los hechos realizado por el perito criminalista Rodrigo Alonso Osorio Sánchez. De los cuales, se puede establecer indicios razonables que permiten suponer que el peticionario del amparo ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de violación. Se afirma lo anterior, pues de los datos de prueba que se relatan se advierte que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, aproximadamente a las veinte horas con veinticinco minutos, el imputado, al encontrarse en el interior del cuarto que renta junto con su pareja sentimental, sito en la calle cuarenta y ocho "A", por las calles cincuenta y cinco y cincuenta y siete, de la colonia "Chiveros", de Valladolid, Yucatán, aprovechando que la víctima, quien era su hija, entonces menor de edad, de iniciales E. B. U. D. se encontraba dormida en la cama, por medio de la violencia física, la desnudó, besándole los senos y la vagina, siendo que en ese momento dicha víctima despertó, percatándose que el citado Ureña Sánchez le introdujo su miembro viril por la vía vaginal, lo que motivó que gritara, quejándose de dolor y solicitando auxilio. Además de que pudo apreciarse bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal. Ello, pues se consideró relevante el señalamiento directo realizado por la menor agraviada, quien sostuvo que el imputado fue la persona que le impuso la cópula, sin su consentimiento, sometiéndola por la fuerza. Señalamiento que estimó adminiculado con los dictámenes médicos y ginecológicos practicados a la citada menor, de los que se desprende que presentó lesiones acordes a los hechos de violencia narrados en su denuncia primigenia, esto es, edemas y equimosis en los genitales externos, los cuales son factibles de ser producidos por el pene. Aunado a ello, obra la entrevista realizada a Pedro Gonzalo Cohuo Cohuo, quien indicó que es vecino de la menor, siendo que escuchó los gritos de auxilio de ésta, por lo que acudió al predio en cuestión, donde dicha menor le indicó que su padre, hoy imputado, la había violado, siendo que ésta se encontraba solamente cubierta por una sábana y llorando, por lo que permaneció acompañándola hasta que llegó la policía; mismo dato de prueba que robustece lo indicado por la menor agraviada, en el sentido de que, ante la agresión sexual que sufrió, gritó pidiendo auxilio, además de que se encontraba a solas en el predio con el imputado agresor. En ese sentido, se advierte que la Juez de Control apreció la razonabilidad de los datos de investigación en los que apoyó la resolución que se reclama e igualmente realizó un análisis de la contra argumentación o refutación que realizó el imputado a través de su defensa; para después concluir constitucional y legalmente que en el caso, se reunieron los requisitos de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso al quejoso. De ahí que resulte infundado el motivo de agravio en el que de manera genérica se refiere que fueron indebidamente dotados de eficacia probatoria los datos de prueba, ya que estos, tal como consideró la responsable, permitan establecer la probabilidad de su autoría de los hechos que el artículo 313 del Código Penal del Estado define como violación. No obsta a lo anterior, la entrevista realizada a la ateste Rosa María Torres Noh, en la que, en lo que interesa, refirió que la menor víctima del delito le manifestó que días anteriores a su arribo a la localidad de Valladolid, Yucatán, sostuvo relaciones sexuales de naturaleza "brusca" con su novio de nombre Ángel, lo que le solicitó ayuda para acudir con un médico para que la revisara. Pues dichas manifestaciones, como atinadamente sostuvo la Juez responsable, son insuficientes para desvirtuar los datos de prueba que, por el contrario militan contra el imputado. Ello, porque de conformidad con las periciales médicas practicadas a la menor, se desprende que presentó lesiones traumáticas recientes en los genitales externos; es decir, se trata de lesiones ocasionadas poco tiempo antes de que denunciara la agresión sexual que sufrió. Siendo que la menor agraviada arribó a dicho predio el veinticinco de enero de dos mil veintidós, y según el dicho de la ateste las lesiones le fueron producidas por su supuesto novio días antes de que arribara a la indicada localidad; por lo que no resulta lógico asumir que, al momento de que fue evaluada médicamente, el veintinueve de enero de dos mil veintidós, cuatro días después de su llegada, presentara lesiones recientes en la zona genital. Aunado a lo anterior, la citada Torres Noh no tuvo conocimiento de los hechos que narró por referencia propia, sino que éstos presuntamente le fueron relatados por la menor víctima; esto es, no se trata de hechos propios, sino conocidos por inducciones o referencias de una tercera persona, por lo que, en consecuencia, tales manifestaciones devienen ineficaces para restar eficacia demostrativa a los datos de prueba que, por el contrario, militan contra el imputado. Siendo que, como lo indicó la Juez responsable, el dicho de la menor es preponderante, además de ser lógico y congruente, en relación con la conducta que se le atribuye al imputado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 478, del Tomo IV, Octubre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "TESTIGO DE OIDAS. Por testigo de oídas debe entenderse a aquel que no conoce por sí mismo los hechos sobre los que depone, sino que es informado de ellos por una tercera persona, en cambio testigo presencial es aquel que declara respecto de hechos que percibió, habiendo sido su fuente de información directa y personal." Así como la diversa tesis visible en la página 664, del Tomo II, Agosto de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "VIOLACIÓN DELITO DE, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA. Si en autos aparece que la única prueba que incrimina al quejoso, es la declaración de la ofendida, misma que además de incongruente, resulta contradictoria, esa sola prueba es insuficiente para condenar al solicitante de amparo, ya que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de delitos como el que nos ocupa, se considera de capital importancia la declaración de la ofendida por tratarse de un delito de realización oculta, no menos cierto resulta que para dictar sentencia condenatoria no es suficiente la aseveración de la pasivo del delito, en la forma antes dicha, sino que esa prueba requiere ser corroborada por algún otro elemento de convicción; de ahí que si la única prueba que pudiera incriminar al quejoso, es la antes mencionada, desde luego que por esa misma razón debe considerarse que la sentencia condenatoria combatida resulta violatoria de garantías." Asimismo, también deviene infundado el argumento esgrimido en la demanda de amparo, en relación a que las periciales médicas practicadas a la menor, revelan la inexistencia de la conducta atribuida al imputado, ya que los datos de penetración que observó eran producto de una relación sexual diversa, no practicada por aquél. Se afirma lo anterior, cuenta habida que, además de los datos de penetración vaginal no reciente, la menor también evidenció signos de lesiones traumáticas recientes en genitales externos, las cuales, según se especificó, sí pudieron ser producidas por el pene y existe la posibilidad de que fueran resultado de una agresión de tipo sexual, incluyendo una violación. De lo que se sigue que, contrario a lo alegado por el quejoso, tales periciales robustecen la imputación de la adolescente agraviada, en el sentido de que fue violentada sexualmente por el imputado, ya que presentó lesiones en los genitales externos que son compatibles con una agresión de índole y que pudieron ser producidas por el miembro viril. Por tanto, es notorio que los señalamientos vertidos por la adolescente agraviada, así como la entrevista del ateste Cohuo Cohuo, robustecidos con los dictámenes periciales y con el informe policial homologado, permiten acreditar, de modo probable, al menos por ahora, que el imputado es la persona que al encontrarse en el interior del cuarto que renta junto con su pareja sentimental, sito en la calle cuarenta y ocho "A", por las calles cincuenta y cinco y cincuenta y siete, de la colonia "Chiveros", de Valladolid, Yucatán, aprovechando que la víctima, quien era su hija, entonces menor de edad, de iniciales E. B. U. D. se encontraba dormida en la cama, por medio de la violencia física, la desnudó, besándole los senos y la vagina, siendo que en ese momento dicha víctima despertó, percatándose que el citado Ureña Sánchez le introdujo su miembro viril por la vía vaginal, lo que motivó que gritara, quejándose de dolor y solicitando auxilio. Máxime, que el imputado fue omiso en aportar algún dato de prueba, idóneo y eficaz, para desvirtuar el contenido de los señalamientos antes anotados; por lo que, en este estadio procesal, debe considerarse que los mismos son suficientes para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado hubiere participado en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido." Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, esta Juzgadora Federal estima que la Juez responsable estuvo en lo correcto al considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de violación, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, participó en su comisión. Cabe mencionar, con especial importancia, que la Juez responsable estableció el valor probatorio que merecieron los datos de prueba aportados por la Fiscalía; sin embargo, dadas las particularidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde con base en el principio de contradicción y la característica adversarial del mismo sistema, se ejerce un control horizontal (entre defensa y fiscalía), los Jueces, por regla general, no cuentan con la carpeta de investigación para el dictado de sus resoluciones, sino que únicamente la poseen la defensa y la fiscalía. Lo anterior se traduce en que el Juez de Control debe calificar la idoneidad de los datos de prueba que se le presenten con base en lo siguiente: 1. Los argumentos expuestos por quien los presenta; y, 2. Las consideraciones que el adversario exponga al respecto. Y si bien, como se dijo, la Juez no cuenta con la carpeta de investigación, sí podría solicitar que se le muestre, pero sólo cuando exista contradicción sobre el contenido de un dato de prueba para dilucidarla, lo cual no aconteció en el caso específico. En tal contexto, se aprecia que la Juez de Control responsable apreció la razonabilidad de los datos de investigación en los que apoyó la resolución que se reclama e igualmente realizó un análisis de la contra argumentación o refutación que realizó el imputado a través de su defensa; para después concluir constitucional y legalmente que en el caso, se reunieron los requisitos de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el Estado de Yucatán, para vincular a proceso al quejoso. En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir queja deficiente que deba ser suplida, procede negar a Juan Gabriel Ureña Sánchez, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el auto de vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, en la causa penal 12/2022. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal, RESUELVE ÚNICO. Es constitucional el auto de vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, en la causa penal 12/202, por lo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Gabriel Ureña Sánchez respecto de tal acto; ello, atento a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio 3586/2022-B-4, remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que devuelve, debidamente diligenciado, el exhorto 185-E-II-AMPARO/2022 (con número de orden 185/2022), deducido del presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas, se desprende que el uno del mes y año que transcurren, se emplazó a la parte tercera interesada Eva Beatriz Ureña Dzib (nombre correcto de la citada tercero), a este juicio de control constitucional. Tómese conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, téngase a la referida tercera interesada, precisando que su nombre correcto lo es ********************asimismo, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico, para efecto de recibir comunicaciones oficiales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.APJ
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de las constancias que anteceden, que la Actuaria adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, el veinte de octubre próximo pasado, emplazó al presente juicio de amparo, a través de la aplicación denominada "Whatsapp", a la tercero interesada * Sin embargo, dado que a través de la indicada aplicación electrónica, no es factible corroborar la identidad de la tercero de marras; y que de la propia constancia levantada por la citada Actuaria, se advierte que la tercero interesada ********************, dijo tener su domicilio en Cancún, Quintana Roo, específicamente en la región doscientos doce, manzana veinte, lote veinticuatro, de Paseos de Bacalar (frente a la iglesia cristina "Alfa y Omega). Por ende, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto. Y de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; gírese atento exhorto, por interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con sede en Cancún, con fundamento además en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, Para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a un Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se sirva emplazar a juicio a la citada tercero interesada, en el domicilio señalado con antelación, y le haga saber el contenido de este acuerdo y la admisión de la demanda que nos ocupa, adjuntándole copia simple de éstos, e indicándole que puede comparecer a este juicio con tal carácter, si a sus intereses conviniere. Asimismo, deberá prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones que deban hacérsele de manera personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. De la misma manera, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad exhortada, que habilite al Actuario de su adscripción, para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. En ese mismo tenor, deberá hacerle saber a la tercero interesada de quien se habla, que se le invita para que a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Igualmente, podrá transitar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. De la misma manera, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la mencionada tercero interesada, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que obra agregado en autos. También, deberá comunicársele la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, toda vez que el propio sistema expide el comprobante de su remisión de manera automática. Solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Ahora, en diverso orden, y a efecto de dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a dicha tercero, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas fecha y hora para su celebración las.Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese por lista; y emplácese vía exhorto a la tercero interesada
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