Juan Gabriel Torres Ponce
Expediente 926/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Gabriel Torres Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la Encargada del Despacho Logístico y Administrativo del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que en audiencia de veinticinco de mayo del año en curso, dictó sentencia dentro del procedimiento abreviado dentro de la causa penal 590/2020 a los quejosos Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Orduño Tavera, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico denominado metanfetamina; asimismo, se condenó a los referidos sentenciados a la pena de cuatro años de prisión y de ochenta días de multa, equivalentes a la cantidad de $6,950.4 (seis mil novecientos cincuenta 4/100 moneda nacional), de igual forma se concedió a los sentenciados en mención el sustituto de prisión relativo al artículo 70 fracción l, así como el beneficio de condena condicional del artículo 90, ambos del Código Penal Federal. Asimismo hace del conocimiento que con esa misma data se tuvo a los aquí quejosos por acogiéndose al sustitutivo de trabajo en favor de la comunidad a que alude el artículo 70, fracción l del Código Penal Federal, por lo cual en esa data la autoridad responsable ordenó la libertad de Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Orduño Tavera. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso emitido en la continuación de audiencia inicial dentro de la causa penal de origen 590/2020. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, la quejosa reclamó ante esta instancia constitucional, el auto de vinculación a proceso emitido en la continuación de audiencia inicial dentro de la causa penal de origen 590/2020, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, informó que desde el veinticinco de mayo del año en curso dentro la causa penal de origen en cita, dictó sentencia dentro del procedimiento abreviado motivo por el cual se tuvo a los aquí quejosos por acogiéndose al sustitutivo de trabajo en favor de la comunidad a que alude el artículo 70, fracción l del Código Penal Federal, por lo cual en esa data la autoridad responsable ordenó la libertad de Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Orduño Tavera. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de terminación anticipada, el imputado no podrá ser sentenciado a una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada y aceptada por el acusado y sólo se deberá fijar el monto de la reparación del daño, aceptado o rechazando las obligaciones que en su caso formule la víctima. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en una forma de terminación anticipada del proceso. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en audiencia de veinticinco de mayo del año en curso, dictó sentencia dentro del procedimiento abreviado dentro de la causa penal 590/2020 a los quejosos Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Orduño Tavera, por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico denominado metanfetamina; asimismo, se condenó a los referidos sentenciados a la pena de cuatro años de prisión y de ochenta días de multa, equivalentes a la cantidad de $6,950.4 (seis mil novecientos cincuenta 4/100 moneda nacional), de igual forma se concedió a los sentenciados en mención el sustituto de prisión relativo al artículo 70 fracción l, así como el beneficio de condena condicional del artículo 90, ambos del Código Penal Federal. Por tanto, fue la propia parte quejosa, quien aceptó el sustituto de trabajo en favor de la comunidad, por lo cual el veinticinco de mayo del año en curso, la autoridad responsable ordenó la libertad de Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Orduño Tavera. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que la parte quejosa a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a una terminación anticipada supondría, un menoscabo a la lealtad que las partes emitieron para la terminación anticipada del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una terminación anticipada y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad de la improcedencia de nulidad de datos de pruebas, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder a la forma de terminación anticipada que solicitó, implicaba que aceptara ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, es más que claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber consentimiento tácito respecto del acto reclamado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se tuvo al licenciado Efraín Sandoval Rosales, Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, que tiene el carácter de defensor de los quejosos Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Ortuño Talavera, informando que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se emitió sentencia en procedimiento abreviado dentro de la causa penal que dio origen al amparo en que se actúa, quedando firme en la misma fecha por renunciar las partes al término para inconformarse. Por tanto, a efecto de estar en condiciones de resolver el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informe sobre lo antes mencionado, debiendo acompañar las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo en el plazo que se le concede o bien, en caso de que no manifieste el impedimento que para ello tenga, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por $8,962.00 ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al licenciado Efraín Sandoval Rosales, Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, que tiene el carácter de defensor de los quejosos Juan Gabriel Torres Ponce y María Guadalupe Ortuño Talavera, informando que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se emitió sentencia en procedimiento abreviado dentro de la causa penal que dio origen al amparo en que se actúa, quedando firme en la misma fecha por renunciar las partes al término para inconformarse. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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