Juan Gabriel Salinas Villagomez
Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Gabriel Salinas Villagomez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la promoción electrónica de cuenta recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por medio de la cual, el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite copia electrónica del testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 48/2021, mediante sesión celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, relativo al del juicio de amparo número 53/2021-V, promovido por Juan Gabriel Salinas Villagómez, como Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado oficiante resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 53/2021. SEGUNDO. Se desecha la demanda presentada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 1480 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA), PISO 13 (TRECE), Colonia Barrio Actipan, código postal cero tres mil trescientos veinte 803320), en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno, el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, da cuenta con el oficio con número de correspondencia 4140.- Conste. Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte promovente, en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, con el número Q.A. 48/2021. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Carlos Flores Alcantar, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual, pretende revocar y señalar como autorizados de su parte a las personas que menciona, asimismo, solicita autorización para el uso de medios electrónicos para la reproducción digital de las constancias que integran en presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a la solicitud que vierte el promovente, dígasele que no ha lugar, toda vez que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se le tuvo como autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Gabriel Salinas Villagómez, como Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social, contra un acto de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 53/2021-V. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y datos de localización siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara del contenido del escrito; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente Juan Gabriel Salinas Villagómez, acude en su calidad de Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social, y señala como acto reclamado, la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte , emitida por la Décima Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resuelve el recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio de nulidad 24669/19-17-11-8-1AC. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, este órgano de control de constitucionalidad estima que la demanda debe desecharse por notoriamente improcedente, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente. Los numerales 61, fracción XXIII, y 7 de la citada ley establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." El texto de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, revela que si bien es cierto que a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no dispone de manera específica un motivo que prevea la improcedencia del juicio de garantías, se debe a que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos de inejercitabilidad de la acción constitucional, quien, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan las hipótesis de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas por la Carta Magna y por la propia Ley de Amparo, que no se ubican en ninguna de las específicas que prevé el artículo 61 de la ley citada, por lo que, es de carácter enunciativa más no limitativa. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.), cuyo texto es el siguiente: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. (Décima Época, Tomo II, pág. 1022, registro 2015321, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.), Jurisprudencia(Común), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017,). Así como por analogía el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 75, Tomo 175-180 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." Ahora bien, del contenido de los preceptos legales citados, y de los criterios transcritos, interpretado en sentido contrario el segundo de los preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido por autoridades cuando la norma general, acto u omisión no afecten su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, toda vez que la autoridad no puede acudir al juicio de amparo, pues éste medio de control, no fue instituido a favor de las autoridades sino de los gobernados; por esta razón, a fin de buscar un equilibrio procesal entre autoridad y gobernado que contienden en los juicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes únicamente cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, situación que en el caso concreto no acontece, en virtud de que la hoy solicitante de amparo acude en su carácter de ente público, solicitando el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte , emitida por la Décima Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resuelve el recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio de nulidad 24669/19-17-11-8-1AC, en la que confirmó los proveídos ahí recurridos, en los que se decidió tener por no presentadas las contestaciones de demanda que se presentaron en ese juicio. En ese sentido, en el caso no se afectan los intereses patrimoniales o el patrimonio del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social, porque el solicitante de amparo acude en su carácter de ente público, solicitando el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de una resolución emitida dentro de un juicio anulatorio en la que eventualmente se le pudieran afectar intereses procesales en su calidad de autoridad demandada en dicho juicio, los que pudiera combatir eventualmente en el recurso de revisión que interponga en contra de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto y considere le afecte, de modo que este juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia perteneciente, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES. El juicio de garantías promovido por las autoridades resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, así como el 1o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio deben ser siempre, como actor, un particular y, como demandado, una autoridad. El demandado en el juicio de amparo tiene que ser siempre una autoridad, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, que son limitaciones al poder del Estado; más aún, debe dejarse establecido que en los casos de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, que se refieren a la protección mediante el amparo, de las respectivas jurisdicciones federal y local, las invasiones a las mismas tienen que reclamarse y pedirse su reparación por el individuo afectado, según lo establece el artículo 107 constitucional." (Registro: 193319, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, Tesis: XV.2o. J/6 Página 715). Además, la tesis X:30.19 K, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO CONSTITUYE EL PROMOVIDO POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRA DECISIONES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Las garantías individuales consagradas en la Constitución son prerrogativas creadas a favor de los gobernados con la finalidad de que esos derechos mínimos sean respetados por el Estado mediante el ejercicio de poder que llevan a cabo las autoridades. El medio de defensa legal para frenar la conducta desbordante de los órganos del Estado frente a los gobernados es el juicio de amparo, cuyo fundamento se encuentra en los numerales 103 y 107 de la Constitución. Debe destacarse que cuando el Estado obra en calidad de patrón o mediante relaciones de igualdad frente a los gobernados, tiene a su disposición el juicio de garantías como medio para defender sus intereses como lo señala el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando sus actos son en ejercicio de poder, o sea, que obra en calidad de autoridad, actuando sin el concurso de la voluntad del gobernado, y tales actos son sometidos al examen de legalidad por parte de autoridades de instancia, en caso de que aquéllos sean declarados ilegales, la autoridad no puede acudir al juicio de garantías, pues ya se dijo que éste no fue instituido a favor de las autoridades sino de los gobernados; por esta razón, a fin de buscar un equilibrio procesal entre autoridad y gobernado que contienden en los juicios comunes, el legislador creó el recurso de revisión a que refiere el numeral 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, como medio para que las autoridades controviertan los fallos adversos, el cual tiene su símil al juicio de garantías, otorgado a favor de los gobernados. Tal es el caso de aquellas resoluciones del tribunal de lo contencioso que anulan las decisiones de los titulares de las entidades públicas, mediante las cuales imponen sanciones a sus inferiores, basados en la facultad otorgada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en cuyo caso únicamente procede el referido recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mas no el juicio de amparo porque éstos no son titulares de las garantías individuales." (Registro: 187326, a la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Abril de 2002, Tesis: X.30.19 K, Página 1210). Así como la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. De lo dispuesto en el título VI "Del juicio contencioso administrativo" del Código Fiscal de la Federación, se desprende que contra los fallos adversos a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, éstas únicamente cuentan con los medios ordinarios de defensa contemplados en dicho cuerpo legal, entre los que se encuentra la reclamación, y extraordinariamente el de revisión fiscal previsto en el artículo 248 de la propia legislación, en el que aquéllas podrán alegar todo tipo de violaciones suscitadas en dicho juicio, sin que exista ninguna otra vía de defensa extraordinaria a favor de tales autoridades. En tal virtud, conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 145 de la Ley de Amparo, en relación con el citado título VI del relativo código tributario, debe desecharse por notoriamente improcedente el amparo indirecto promovido por quien es parte demandada en el juicio de nulidad en contra de una interlocutoria dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a través del recurso de reclamación resolvió tener por no contestada la demanda, pues está visto que bajo ningún concepto aquélla podría intentar la acción constitucional de amparo por no estar en los supuestos de excepción a que alude el artículo 9o. de la Ley de Amparo, al pretender defender únicamente la legalidad de la determinación de un crédito que realizó en contra del contribuyente." (Registro: 177716, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI.3o.A.227 A, Página: 1811.). En consecuencia, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII, y 7, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juan Gabriel Salinas Villagómez, como Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nancy Ivonne Sánchez Sánchez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a María Azucena Sara Aguilar Santamaría, María Anayelly Vega Miranda y Jorge Armando Montoya Crespo, limitación que se establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de inclusión social, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 1480 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA), PISO 13 (TRECE), Colonia Barrio Actipan, código postal cero tres mil trescientos veinte 803320), en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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