Juan Gabriel Rojo Cruz

Expediente 1115/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1115/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Rojo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el punto 7.5.2 del Manual para Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente, es destruible...M-VIII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de agosto de dos mil veintidós. REMITE CONSTANCIA. Téngase al Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dando cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de julio de este año, por lo que remite la constancia de notificación del auto de catorce de julio de este año, dictado en el juicio laboral 305/2020. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, y de la documental remitida por las autoridades responsables, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que Juan Gabriel Rojo Cruz, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y actuario de su adscripción, a quien atribuyó:  La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio laboral 305/2020, y su notificación. Luego, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, se evidencia la certeza de la omisión que se le atribuía. En dicho informe, indicó que el catorce de julio de este año, emitió un acuerdo a través del cual proveyó acerca de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 305/2020, acuerdo que fue notificado a la parte quejosa el dos de agosto de este año, constancias que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo antes reseñado se advierte que Juan Gabriel Rojo Cruz, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión atribuida a la responsable era violatoria de derechos en su agravio; sin embargo, la abstención reclamada dejó de existir, toda vez que al emitirse el acuerdo y notificarse el mismo, se subsanaron las omisiones reclamadas. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002- PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Juan Gabriel Rojo Cruz. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de agosto de dos mil veintidós señaladas para la celebración de la audiencia constitucional...M-VIII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de julio de dos mil veintidós. INFORMES JUSTIFICADOS. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; en atención a su contenido, ténganse por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y actuario de su actuario de su adscripción. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecido el medio de prueba que exhibieron las citadas autoridades responsables, consistente en copias certificadas del auto de catorce de julio del año en curso, emitido en el expediente laboral 305/2020, de su índice; probanzas que se admiten y se tiene por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. SE REQUIEREN CONSTANCIAS. Toda vez que la autoridad en cita no adjuntó en apoyo a su informe, copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa respecto del auto de catorce de julio del año en curso, emitido en el expediente laboral 305/2020, y la suscrita estima necesario tenerlas a la vista para resolver el presente juicio de amparo; en ese tenor, con fundamento en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a fin de que, en el término de tres días, remita copia certificada de la constancia antes descrita. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 260 de la Ley de Amparo....M VIII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de junio de dos mil veintidós. REEXPEDIR OFICIOS. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la data no se cuenta con la pieza postal acuse de recibo que ampare la entrega de los oficios 2815-2, 2815-3, 2815-6, 2815-11, 2815-12, 2815-13 y 2815-14 dirigidos al Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Titular Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; Secretaría del Bienestar a través de los Centros Integradores del Bienestar y los Servidores de la Nación; Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud; y al Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, por medio del cual se les notifica el auto de treinta de junio del año en curso, en el que se reexpidieron los oficios en los que se les solicitaba su informe previo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR CONDUCTO DE SU CORREO OFICIAL. En consecuencia, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales en el presente asunto, se ordena al área de actuaría de este juzgado, notifique los oficios 2815-2, 2815-3, 2815-11, 2815-12, 2815-13 y 2815-14, dirigidos a las autoridades precisadas con antelación, por medio del correo electrónico oficial jorge.alcocer@salud.gob.mx Lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 23 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual dispone: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: (.) III. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. (.)." Ahora, respecto al diverso oficio 2815-6 dirigido a la Secretaría del Bienestar a través de los Centros Integradores del Bienestar y los Servidores de la Nación, reexpídase vía ESTAFETA..M-IV

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