Juan Gabriel Ramírez Pérez

Expediente 563/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
563/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Ramírez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio que suscribe el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del diverso 9084/2017, del índice de este Tribunal, por el que se le notificó el auto del dieciséis de junio pasado y se le devolvió dos tomos de pruebas.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso ********************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, al estar ante un asunto totalmente concluido, devuélvase al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el toca 39/2017 y el expediente F271/2016, que adjuntó en dos tomos al rendir su informe de ley, por ser innecesaria su retención.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual adjunta la constancia de notificación practicada el seis de junio pasado, a la parte quejosa ********, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintinueve de mayo del año en curso.

  4. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegido en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, en el Estado de Guanajuato, al que anexó demanda de amparo formulada por *************, informes justificados rendidos por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y el Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Apaseo el Grande, Guanajuato, original del expediente *** y toca ***, en dos tomos, constancia de emplazamiento practicado a ***********, constancia de notificación practicada al quejoso, originales de los escritos singados por la parte actora y demandada, sobre cerrado que contiene documentos descritos en el toca en cita, toda vez que el tribunal de su adscripción se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma. Acúsese recibo de estilo. En cumplimiento de lo determinado por el Órgano Colegido, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de enero del año curso, pronunciada por la Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca ***, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en la que determinó reponer el procedimiento de origen, a fin de dejar sin efectos la sentencia reclamada, no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio de origen. Hechas las precisiones que anteceden, y vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 563/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los antecedentes narrados en la demanda, así como de las constancias del juicio natural, se desprende: 1. **********(actora), en representación de sus menores hijos *********ambas de apellidos **********, demandó a ******************** (quejoso), en vía oral ordinaria, el pago de pensión alimenticias y demás prestaciones; asunto radicado en el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Apaseo el Grande, Guanajuato, con el número de expediente ***2. Seguidas sus etapas procesales, se dictó sentencia el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva en favor de la parte actora por la cantidad equivalente al 50% del total de sus percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba en su fuente laboral y demás prestaciones. 3. Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Magistrado Propietario de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, quien por auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, admitió a trámite el medio de impugnación y lo registro bajo el toca ****, resolviendo el veintitrés del mismo mes y año, en el sentido de ordenar reponer el procedimiento a fin de dejar sin efectos la sentencia reclamada, para el efecto de que señale fecha y hora para escuchar a la menor ******************, dado que en el presente procedimiento se controvierte lo relativo al pago de pensión alimenticia a su favor, por lo que debe tenerse en cuenta la opinión de la adolescente. (determinación que constituye el acto reclamado). En ese sentido, de conformidad con lo reseñado, este juzgador advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que ordenó reponer el procedimiento a fin de dejar sin efectos la sentencia dictada dentro del expediente ***, y se tome en cuenta la opinión de la menor *****************, en el juicio natural, con la finalidad de que se salvaguarde el principio de seguridad jurídica y garantía de audiencia,-determinación que constituye el acto reclamado en el presente amparo-, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos del demandado ahora quejoso. Es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del actor, hoy agraviado, pues se ordenó la reposición del procedimiento para que el Juez responsable, considere las manifestaciones de la menor que en su momento pudiera realizar. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo En mérito de lo que antecede, es concluyente que en el caso se surte la causal de improcedencia establecida el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, y por ello, se impone desechar de plano la demanda de mérito. Sin que pase inadvertido a la anterior determinación, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2ª./J.87/2016 con registro 20012245, localizable en la página mil ciento ochenta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. El citado criterio sustenta que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, -como en el caso- implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa procesal no resulta evidente, clara y fehaciente la causa de improcedencia, pues se requieren de demás constancias para llegar a esa determinación; sin embargo, en el presente asunto, no obstante que se está decretando el desechamiento en el primer auto, al haberse presentado la demanda en vía de amparo directo ya se cuenta con la totalidad de las constancias relativas al auto impugnado, de las que resulta evidente la causal de improcedencia invocada. Se ordena formar dos tomos de pruebas con las constancias que integran el expediente ******************** y el toca ********************y guardar por separado en la secretaría de este juzgado el sobre con documentos que se anexó. Ahora bien, del juicio natural se advierte un domicilio de la parte quejosa en la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato; consecuentemente, a fin de no dejarla en estado de indefensión y por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, se ordena notificar el presente proveído al quejoso, por conducto de la autoridad responsable Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en el domicilio ubicado en calle Venustiano Carranza número 203, altos de dicha localidad, o bien, en el último señalado en el juicio de origen ***, en el entendido de que si señaló los estrados o buzón electrónico, ahí deberá practicarse la encomienda. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdos, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia. Con apego en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilita al actuario judicial a quien se le encomiende la presente diligencia para que de ser necesario la realice en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por no haber proporcionado su números de cédula profesional a efecto de que este juzgado pueda verificar si se encuentran registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita.

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