Juan Gabriel Perez Castro

Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
419/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Perez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA IV B ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el precepto 356, fracción II, en concordancia con el 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, dado que carece de objeto que permanezcan en este órgano jurisdiccional los anexos que se remitieron como complemento al informe justificado devuélvase a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el cuaderno de copias certificadas del expediente familiar 1826/2018. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo de dicho expediente; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, atento a que en este incidente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de cinco años. En cambio, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 419/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, recibido en esa misma data en este Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 2 a 49), JUAN GABRIEL PEREZ CASTRO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Autoridades responsables, actos reclamados y derechos humanos que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Sexto de lo Familiar en la Ciudad de Oaxaca, de quien reclamó: "De la autoridad señalada como autoridad responsable reclamo el acuerdo de fecha veinticinco de marzo del presente año, emitido en el juicio número 1826/2019, del índice de ese Juzgado Sexto de lo Familiar, del Distrito Judicial del Centro, en esta ciudad de Oaxaca; en el cual se ordena el descuento de pensión alimenticia a mi persona, del 50% sobre el sueldo y demás prestaciones de mi salario." Actos que estimó vulneran sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 50 a 52), este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. En ese auto se ordenó emplazar a la tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio, quien fue llamada a juicio el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 60). Asimismo, previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. Así, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo la parte quejosa reclama, esencialmente, el acuerdo admisorio de la demanda presentada por Alma Alicia Pérez Ascencio de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1826/2019, del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, donde fijó al quejoso la obligación de proporcionar a los menores L. G., M. X. e I. A., todos de apellidos Pérez Castro Pérez pensión alimenticia del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como Gerente de cuentas Clave en Distribuidora de Textiles Avante, Sociedad Anónima de Capital Variable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado (fojas 18 a 20), la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente familiar 1826/2018 (número correcto de expediente precisado por la autoridad responsable), por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias deducidas de su expediente 1826/2018, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Como antecedentes del acto reclamado destacan los siguientes: Previo al cumplimiento de una prevención, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, Alma Alicia Pérez Ascencio, en representación de sus menores hijos L. G., M. X. e I. A., todos de apellidos Pérez Castro Pérez, demandó en la vía de controversias del orden familiar a JUAN GABRIEL PÉREZ CASTRO, a quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional (fojas 18 a 24), demanda que fue admitida por la Juez sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En el auto de referencia, la autoridad señalada como responsable determinó en cuanto a la pensión provisional solicitada lo siguiente: ". En atención a la pensión alimenticia provisional que la actora Alma Alicia Pérez Ascencio, solicita se fije tanto a su favor como de sus hijos L. G., M. X. e I. A., de apellidos Pérez Castro Pérez, se acuerda: en principio debe puntualizar que la pensión alimenticia provisional, es una medida cautelar que tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. Sentado lo anterior cabe ahora señalar que la fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, por tanto, no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelva el juicio. En la especie, la parte actora con las copias certificadas de las actas del estado civil, relativas al matrimonio celebrado entre Juan Gabriel Pérez Castro y Alma Alicia Pérez Ascencio y al nacimiento de los menores L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, justifica el vínculo matrimonial que lo une con el demandado, así como el parentesco con el deudor alimentista, de donde deriva la obligación alimenticia del señor Juan Gabriel Pérez Castro, para con los menores, por ello con fundamento en los artículos 313, 315, 320 y 323 del Código Civil, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles, resulta procedente fijar al demandando Juan Gabriel Pérez Castro, el porcentaje del CINCUENTA POR CIENTO DEL SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, que de forma mensual devengue la obligación alimentista como Gerente de cuentas Clave en Distribuidora de Textiles Avante, S.A. de C.V.; correspondiendo a cada menor el VEINTE por ciento; porcentaje atendiendo que al alto costo que actualmente tienen los satisfactores básicos, resulta apenas suficiente para cubrir los conceptos a que se refiere el artículo 320 del Código Civil vigente en el Estado, además que los alimentos comprenden los rubros de comida, vestido, habitación, educación y atención médica. Para el cumplimiento de ésta determinación, se ordena girar oficio al PROPIETARIO, ENCARGADO, REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE DE CUENTAS CLAVE EN DISTRIBUIDORA DE TEXTILES AVANTE, S.A. DE C.V. con domicilio en Av. Industria Automotriz 128, Parque Industrial el Coecillo, C.P. 50200, Toluca de Lerdo, Estado de México; a efecto de que se ordene a quien corresponda proceda a realizar inmediatamente el descuento decretado a Juan Gabriel Pérez Castro, del total de ingresos que percibe el demandado como contraprestación a su servicios, entendiéndose por ingreso no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, renta, despensa, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás prestaciones o cantidades que perciba el demandado por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como cuotas; y la cantidad resultante la deberá entregar a la actora Alma Alicia Pérez Ascencio, en su calidad de representante legítimo de sus hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, en la época y lugar de pago acostumbrados, previo recibo e identificación que de ello otorgue. Debiendo dentro del plazo de tres días contados a partir de la recepción del oficio en mención informar el cumplimiento que le dé a lo anterior, apercibiéndolo que en caso de no acatar esta determinación, se hará acreedor a una multa equivalente a VEINTE unidades de medida y actualización, en términos del artículo tercero transitorio del decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo valor diario en moneda nacional es de ochenta punto sesenta (80.60), en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, que aparece publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Con la observación que si el trabajador llegare a renunciar deberá de aplicar el descuento ordenado conforme a su liquidación y todas las prestaciones que por tal hecho se deriven. (.) Acuerdo que constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Se precisa que el estudio de los conceptos de violación se abordará de estricto derecho, pues quien promueve el amparo es el demandado en un juicio de alimentos; sin que se actualice alguna de las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja. En sus conceptos de violación, el quejoso alega, en esencia: Que la emisión del acuerdo o la orden de descuento del cincuenta por ciento a su salario y prestaciones de ley, por concepto de alimentos, es arbitrario y carece de razón legal, pues aduce que existe consignación de alimentos por parte del quejoso, desde el año dos mil dieciséis, lo que acredito con los certificados de depósito familiar, así como los recibos de las transferencias realizadas a favor de la tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio (fojas 17 a 47), y que la hoy tercera interesada fue legalmente notificada de los mismos, que los cobró desde el inicio y lo sigue haciendo a la fecha de presentación de la demanda. Que la emisión del acuerdo en que se ordena el descuento de su salario y demás prestaciones que percibe, se realizó sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, argumentando que nunca fue oído, no obstante que contestó la demanda y exhibió las pruebas que consideró pertinentes para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía de legalidad, incumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, violentando lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (basado en la igualdad del cumplimiento de las obligaciones alimenticias), porque esgrime que la obligación alimenticia corre a cargo de ambos progenitores y no sólo a uno de ellos, dejando de lado que la tercera interesada no los otorgue a sus menores hijos. Así, el tema central es el acuerdo que ordena la disminución del cincuenta por ciento de su salario y sus prestaciones de ley, los conceptos de violación expresados en su contra resultan INFUNDADOS, lo anterior, atendiendo a los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Oaxaca, los cuales disponen: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964. No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea". Los puntos a resaltar de los numerales descritos con antelación, consisten en que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público; en cuyo caso el Juez tomará las medidas urgentes y necesarias para garantizar, entre otras cosas, los alimentos; además fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. En primer término, como se viene diciendo los alimentos son de interés general y de orden público, por lo que gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades de los integrantes del grupo familiar que no tienen los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Al haberse reconocido el carácter de interés social y orden público de los alimentos, se ha establecido la necesidad de dictar medidas provisionales para no dejar en estado de necesidad a los acreedores alimentarios mientras se determina la pertinencia de la pensión alimenticia. Atendiendo a que los alimentos son una prioridad de orden público, cuya naturaleza es urgente e inaplazable debe decretarse la pensión alimenticia provisional procurando asegurar la subsistencia de aquellos que los demandan hasta en tanto se resuelva el juicio respectivo. Precisada la importancia de los alimentos, también debe tomarse en cuenta, que debe mediar la petición del acreedor, requisito que fue colmado con de la solicitud formulada por la aquí tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio, dentro de su demanda y de la que correspondió conocer a la Juez de lo Familiar del Distrito judicial del Centro. En particular, de lo descrito en el punto ocho de su demanda, en el capítulo de hechos, donde refiere las necesidades alimentarias de sus menores hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, tales como lo son: la comida, agua, gas, renta de casa, esparcimiento, teléfono, internet, actividades extracurriculares y educación. Sigue, que es precisamente derivado de lo anterior, que en el punto once de la demanda del mismo capítulo de hechos, donde formula la solicitud de aseguramiento de la pensión alimenticia provisional, de la manera que a continuación se transcribe: "ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS. Mi ahora demandado, a pesar que ha dado los alimentos, esto son con condicionantes, algunas veces con malos tratos o insultos, lo que por dignidad no estoy dispuesta a seguir soportando, como tampoco que se ejerza violencia económica en nuestra contra al darnos a cuenta gotas el dinero, a sabiendas que cuenta con los medios económicos suficientes para cubrir sus obligaciones alimentarias. Por lo anterior, solicito a usted el aseguramiento de los alimentos en mi nombre y de mis menores hijos." Adicional a la petición de la actora, aquí tercera interesada, acompañó a su escrito de demanda las pruebas que consideró pertinentes con el fin de influir en el ánimo de la juzgadora para que se decretara la medida de aseguramiento alimenticia al menos de manera provisional, sumario del que la autoridad responsable consideró demostrada la necesidad de alimentos, con base en: Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre Juan Gabriel Pérez Castro y Alma Alicia Pérez Ascencio (foja 32, del cuaderno de constancias); Atestados de las actas de nacimiento de los menores L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, (fojas 33,34 y 35, del cuaderno de constancias). De los citados medios de convicción, la juzgadora advirtió la existencia de un vínculo matrimonial entre Juan Gabriel Pérez Castro y Alma Alicia Pérez Ascencio, así como el parentesco del deudor alimentista y por ende su obligación para con sus menores hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez. Finalmente, el aseguramiento de los alimentos se realizó de manera provisional, atendiendo a la naturaleza de los mismos, además que la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, así lo consideró, pues en el proveído combatido manifestó: "Sentado lo anterior, cabe ahora señalar que la fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, por tanto no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez fijara a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelva el juicio." (foja 20 vuelta del cuaderno de constancias). De esta manera, se estima que es correcto que la responsable, con los indicios aportados por la actora, decretara, sin audiencia del aquí quejoso, el otorgamiento de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor de los menores, ya que para su solicitud no se requieren formalidades especiales y el Juez tenía facultades para incluso, intervenir de oficio y decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, aun sin dar intervención previa al demandado, considerando la atención inaplazable que requieren los alimentos. Es aplicable por las razones que la integran el criterio de nuestro Máximo Tribunal, localizable en la página dieciséis, volumen sesenta y ocho, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233012, que expresa: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." Así las cosas, a nada práctico conduciría conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable expusiera mayores razones para emitir el acto reclamado, pues con ello únicamente se prolongaría el asunto, en detrimento del propio quejoso pues su pretensión principal resulta ser que la pensión alimenticia provisional se fijó sobre el cincuenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe. Ahora, con las documentales anexas a la demanda de amparo, consistentes en los certificados de depósito familiar, así como los recibos de las transferencias realizadas a favor de la tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio, y los pagos generados a través de instituciones bancarias respecto del Movimiento Educativo Valladolid, el quejoso busca acreditar el cumplimiento que ha dado a sus obligaciones alimenticias para con sus menores hijos. Sin embargo, tales erogaciones efectuadas en el pasado, no lo eximen de su deber de proporcionar, a Alma Alicia Pérez Ascencio y a sus menores hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, a partir de la emisión del proveído de veinticinco de marzo de esta anualidad, la cantidad fijada por la responsable a fin de cubrir los alimentos de los acreedores respectivos. Es por ello, que en atención a las manifestaciones que formula, para acreditar que la emisión del acto reclamado lo deja en estado de indefensión, debe decirse que resultan infundados, pues con las mismas no se combate la constitucionalidad del acto reclamado, por el contrario el propio quejoso, demuestra que tiene la obligación de cubrir los alimentos a sus acreedores y que lo viene haciendo de forma progresiva, por lo que las documentales que exhibe únicamente demuestran dicha circunstancia. Además, el acto reclamado es en sí mismo, independiente de los depósitos o pagos que haya realizado, pues con ninguno de los argumentos que relaciona con las probanzas mencionadas con antelación, demuestra que el proveído de veinticinco de marzo del presente año y que constituye el acto reclamado, se haya emitido contraviniendo disposición alguna, pues como ya se dijo la autoridad responsable determinó de forma provisional fijar la pensión alimenticia en atención a la petición formulada por la acreedora alimentaria, para sí como para sus menores hijos. En ese orden, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya invocado como concepto de violación, el ataque a sus derechos humanos, solicitando la aplicación del control de convencionalidad respecto de su petición de amparo a la luz de la protección constitucional para evitar que se cometan violaciones a sus derechos fundamentales. Sin embargo, no cumple con los requisitos que mínimamente debe contener su manifestación para considerar que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales, pues en lo particular no precisa qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, lo cual tampoco se advierte ocurra; situación que imposibilita a esta Juzgadora a realizar el control de convencionalidad solicitado, pues como se viene diciendo no expresa ni siquiera los mencionados requisitos en su segundo concepto de violación para que se lleve a cabo el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro doce, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: ochocientos cincuenta y nueve, con número de registro 2008034, bajo el rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados." SEXTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura de la sentencia en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JUAN GABRIEL PÉREZ CASTRO, contra el acto reclamado de la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, consistente en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1826/2018, en la parte donde se concedió una pensión alimenticia provisional, a favor de la tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio, así como para sus menores hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.Así lo resolvió y firma la licenciada Adriana Alejandra Ramos León, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa ante el (la) licenciado (a) José Alberto Morelos Gómez, Secretario (a) de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA IV B "... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 419/2019; y, (...) R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra el acto reclamado de la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, consistente en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1826/2018, en la parte donde se concedió una pensión alimenticia provisional, a favor de la tercera interesada Alma Alicia Pérez Ascencio, así como para sus menores hijos L. G., M. X. e I. A. de apellidos Pérez Castro Pérez, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano