Juan Gabriel Pardo Reyes

Expediente 328/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
328/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Pardo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, y toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza. En quince de agosto de dos mil diecinueve, se remitió materialmente el presente expediente al archivo definitivo. LA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE MATEO MENDOZA HGV

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Vista el acta de ratificación de veinticinco de julio del año en curso, de la que se advierte que JUAN GABRIEL PARDO REYES, ratificó el escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el pasado diecinueve de julio del presente año y reconoció como suya la firma que lo calza; en esa virtud, este órgano de control constitucional emite las determinaciones siguientes: 1. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en: a) El auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familia, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio 684/2018, por el cual ordenó el depósito de la cantidad fijada en auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, por el concepto de alimentos provisionales, a la cuenta proporcionada por la parte actora en dicho juicio. En ese tenor, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 del mismo ordenamiento legal. En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo dispone: ".Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna..." Asimismo, tiene aplicación la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte, Enero-Junio de 1988, visible en la página 52, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Así, del análisis de los escritos de demanda y aclaratorios que obran agregados en el sumario, se insta en referir que el juicio de garantías es improcedente si se reclaman actos que son derivados de los que fueron consentidos por el gobernado; siendo preponderante precisar el principio de seguridad jurídica orientado a evitar que los gobernados hagan uso de la vía de amparo para desconocer los efectos de la conducta que hayan exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, o que se deduzca su inactividad procesal. En ese orden de ideas, el consentimiento, para efectos de la improcedencia que nos ocupa, debe entenderse como la manifestación de voluntad del peticionario del amparo (derivada de una actuación u omisión) quien opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues solo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, que con ella, se pretendería sustraerse, pues debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la legislación aplicable o dentro del plazo que la Ley de Amparo establece, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Por lo que, en observancia de la jurisprudencia número II.3º.J/69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 45, Tomo 75, Marzo 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA.- El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Se colige que el juicio de garantías es improcedente si se reclaman actos que son derivados de los que fueron consentidos por el gobernado. Así, en el presente juicio de amparo, el quejoso JUAN GABRIEL PARDO REYES reclama el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que textualmente indica: ".ahora bien con relación a la solicitud de que se gire el oficio que refiere a la fuente laboral de su contraparte, si bien mediante auto de fecha 14 de agosto del año próximo pasado, se ordenó la elaboración del mismo, el cual se encuentra a disposición en la secretaria actuante para su debida diligenciarían atento a lo dispuesto en el artículo 774 del código Familiar del estado con la finalidad de que sea efectivo el pago respectivo, se le tiene a la parte actora proporcionando los datos de una cuenta bancaria, con la finalidad de que sean agregados al oficio antes referido y sean depositadas las sumas correspondientes por concepto de pensión alimenticia provisional; por ello se ordena de nueva cuenta la elaboración de dicha comunicación procesal, a fin de que se incorpore dicho número de cuenta. Del mismo modo tal oficio queda a disposición de la parte actora por termino de 3 días de lo contrario se presentara por conducto de la actuaria de este juzgado.". De lo anterior se advierte que el acto reclamado constituye una consecuencia de lo determinado en auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, por lo tanto, el auto que podría causarle agravio a su esfera jurídica, y el cual debió controvertir oportunamente, es el de catorce de agosto de dos mil dieciocho, cuyo contenido, según la manifestación bajo protesta de decir verdad, es el siguiente: ".De conformidad con el artículo 452, 462, 464 del Código Familiar para el Estado, procede fijar como alimentos en favor de la menor Karen Scarlet, Heidy Adilene, Eduardo David y Kevin Rafael de apellidos Pardo Almazán, ello en forma provisional mientras dura la tramitación del juicio en que se acata y de manera mensual, por tanto, toda vez que la demandante señala que el deudor alimentario Juan Gabriel Pardo Reyes, labora en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Apatzingán, Michoacán, con la finalidad de garantizar de manera efectiva el pago de esos alimentos, puesto que los menores son titulares de recibirlos por ser hijos de los contendientes, contar con la presunción legal de necesitarlos, y si bien, no se tiene certeza de los ingresos económicos de su progenitor, se es tima que para el supuesto de que se encuentre sujeto a una nómina o pensión, podría estimarse descuentos con la finalidad de que los menores reciban el pago de los mismos, por lo que de momento se determina un pensión correspondiente al 40% cuarenta por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene ya sea semanal, quincena o mensual, dependiendo de la modalidad del pago que tenga el deudor alimentista, previas las deducciones de ley, merced a lo anterior, se ordenar girar oficio al departamento de Recursos Humanos de la citada dependencia, para que dentro del término de tres días informe a este juzgado si el deudor alimentista juan Gabriel pardo reyes, labora para dicha institución Centro de Readaptación Social (CERESO) ubicado en la población de Apatzingán, Michoacán, como trabajador, o bien con algún otro puesto, o si se encuentra jubilado; de ser así, informe la situación laboral del demandado, y proceda a retener el porcentaje señalado con antelación al citado Juan Gabriel Pardo Reyes, bajo apercibimiento que de no hacerlo se aplicará en su contra una multa por la cantidad equivalente al valor diario de 25 veinticinco Unidades de Medida y Actualización, así como de responder solidariamente con el obligado de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los acreedores.". Auto que conoció la parte quejosa con data treinta de abril de dos mil diecinueve; sin haberlo impugnado a través de los medios a su alcance. Por lo que su pretensión de nulificar el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, resulta improcedente, al no constituir una determinación que pueda desvincularse del proveído en el que se acordó y fijó la cantidad exacta respecto del pago de la pensión alimenticia provisional en favor de los menores KAREN SCARLET, HEIDY ADILENE, EDUARDO DAVID y KEVIN RAFAEL todos de apellidos PARDO ALMAZÁN, sin que este hubiere sido recurrido en la vía constitucional en el plazo legal establecido. Además, del reclamo controvertido, se advierte que la parte quejosa se duele de un auto que no contiene la esencia de su reclamo, sino que deriva de diversa determinación pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio 684/2018, por tanto, es inconcuso que este es un acto que deriva de otro consentido. En efecto, era el auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, la determinación respecto de la cual debía hacer valer el juicio constitucional, pues el acto que ahora reclama es derivado del que consintió el quejoso al no haberlo impugnado en el plazo que la legislación de la materia señala para tal efecto, motivo por el cual, se reitera la causal de improcedencia en mención. Así, en relación con los requisitos que deben satisfacerse para considerar consentido un acto de autoridad, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trece, Volúmenes 139-144, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, cobra vigencia, la jurisprudencia visible en la página nueve, volumen 217-228, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Además, cabe señalar que para la configuración de la causa de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", publicada bajo el número 70, foja 116, Volumen I, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, es menester que entre el acto reclamado y el anterior que se estime consentido, exista una relación de causa a efecto, es decir, que lo considerado en uno, sea una simple derivación de lo sustentado en el otro, como ocurre en el presente asunto, toda vez que lo que lo que se sostiene en el auto impugnado por la parte quejosa, es solo una consecuencia de lo acordado en el proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, con lo que resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia del juicio de amparo. En tales circunstancias, se DESECHA la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la secretaria Nubia Miranda Ramírez. NMR/Pedro Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Nubia Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.NMR/Pedro

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito signado por el quejoso JUAN GABRIEL PARDO REYES; previo acordar en cuanto a su contenido, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS, legalmente computado, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial fehaciente, a fin de que manifieste sí reconoce como suya la firma estampada en dicho ocurso; apercibido que de no hacerlo dentro del plazo indicado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese personalmente al quejoso JUAN GABRIEL PARDO REYES. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada José Martín Narciso Pérez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R- Uruapan, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito del quejoso Juan Gabriel Pardo Reyes, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada, indica que tuvo conocimiento del proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, luego, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, precisó "...dentro del expediente 684/2018 ante el juez segundo de lo familiar en la ciudad de Uruapan Michoacán, expediente que se encuentra en trámite, demanda que fue admitida en fecha 14 de Agosto del 2018, posteriormente mediante exhorto dirigido a la ciudad de Apatzingán se me emplazó en el mes de mayo del 2019."; por tanto, previo a acordar sobre su demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para cada una de las partes, indique la fecha en que fue emplazado al referido juicio, así como la fecha en que compareció a dar contestación a la demanda entablada en su contra; lo anterior, para estar en condiciones de verificar la data en que quedó notificado realmente del referido auto. No impide a la prevención, la circunstancia de que la parte quejosa ya fue prevenida, pues en el caso se actualiza la excepción a la regla de que la prevención debe realizarse en un solo acuerdo, pues se advierten nuevos datos que dan lugar a prevenir de nueva cuenta a la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número XXVII.3K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1121, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Juan José Bocanegra García.

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