Juan Gabriel Maldonado Martínez
Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Gabriel Maldonado Martínez
Actuaciones
- Principal
Desechamiento por notoria improcedencia. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
AVISO.- Se notifica por lista a la parte promovente en términos de lo siguiente: - DESECHAMIENTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA- El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no se está en el supuesto de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." (...) (.) la litis constitucional planteada en este juicio de amparo versa sobre una determinación en el sentido de que no resulta procedente regularizar el procedimiento relativo al interdicto de recuperación de posesión, para llamar a juicio a . y ordenar su emplazamiento, por estimar que no se demuestra la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario. No obstante, tal determinación se equipara a la negativa a reconocer la actualización de un litisconsorcio pasivo necesario, es decir, quien acude al amparo no es quien encuadraría en dicha figura, porque el Juez Segundo Civil responsable, se negó a reconocerle el carácter de demandado en virtud de que el ahora tercero interesado celebró contrato de arrendamiento del inmueble materia de la litis con el ahora quejoso y no así con la persona física a la que pretende que se le emplace a juicio. Empero, con dicha determinación al aquí quejoso, no resiente una afectación en un derecho sustantivo. Esto, pues los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, pues con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En consecuencia, la negativa de estimar actualizado el litisconsorcio pasivo necesario, dada la naturaleza de la controversia que se ventila y el carácter del pretendido litisconsorte [propietario] no es un acto de naturaleza irreparable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues carece de la "afectación material" en virtud de que solamente tiene consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda más allá de lo meramente procedimental. De tal manera que la parte demandada quedaría satisfecha en sus pretensiones en caso de obtener sentencia favorable en la que se no se le condene y, en caso contrario, se patentizaría la trascendencia de la violación procesal. Por lo que lo reclamado sólo implica una afectación a los derechos adjetivos porque únicamente tiene efectos dentro de procedimiento, los que podrían repararse como consecuencia del cumplimiento que en su oportunidad pudiera ordenarse en una sentencia de amparo directo, toda vez que podría otorgarse la protección constitucional para que se deje insubsistente la sentencia reclamada y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas que se considere necesario. Sin que sea obstáculo a lo así considerado, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca el derecho subjetivo público a que se administre al gobernado justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y establece la prohibición de hacer justicia por mano propia mano. Ello, en la medida que el amparo que se promueve contra la determinación que se niega a regularizar el procedmiento estimando procedente la excepción de existencia de litisconsorcio pasivo necesario, para tener como parte demandada a. y, por ende, ordenar su emplazamiento, no es susceptible de afectar de manera inmediata un derecho sustantivo del aquí quejoso, al entrañar en todo caso, una cuestión de legitimación pasiva no reconocida de la citada persona física, con el carácter de demandado por parte del Juzgado responsable, lo que en todo caso sólo produce efectos intraprocesales, pero no afectación inmediata a derechos sustantivos. Ello en la medida que -como quedo patente en la jurisprudencia 37/2014 transcrita en supra líneas-, esa concepción resulta hoy incompatible con el nuevo texto legal de la Ley de Amparo, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, que el propio promovente reconoce se presenta, en el acto combatido. En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, -este último interpretado contrario sensu-, ambos, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la codificación en consulta procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.
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