Juan Gabriel Loya Torres
Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2017
Partes del expediente
- Juan Gabriel Loya Torres
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio número 299/2017-III, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, Baja California, al cual anexa testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el veintiséis de junio del presente año, en el recurso de queja laboral 81/2017, de la que se advierte que el Tribunal mencionado resolvió en lo conducente lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. El presente asunto no tiene relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último punto considerativo de esta ejecutoria." Acúsese recibo utilizando los medios electrónicos. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno; glósese el cuaderno de antecedentes, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese.
- Principal
A sus autos el oficio 816-I, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California; atento a su contenido, queda enterado este Juzgado que el uno de junio de dos mil diecisiete, ese Tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Gabriel Loya Torres, en contra del auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad, que desechó de plano la demanda de amparo interpuesta, quedando registrado en el recurso de queja laboral 81/2017-I. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Gabriel Loya Torres; en atención al mismo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. En consecuencia, de inmediato envíese al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, para efecto de su substanciación, el escrito original de agravios y copia del mismo; igualmente, ríndase el informe respectivo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA... Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por Juan Gabriel Loya Torres, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, con el número 251/2017. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa precisa como acto de reclamo el proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, que dictó la autoridad responsable en el expediente laboral 1/2017, de su índice, en el cual en lo medular se le negó la sustitución de testigo que peticionó en la audiencia testimonial que ofreció la parte quejosa. Controversial en cuestión, en el cual según los antecedentes de la demanda constitucional que esgrimió el impetrante, figura como parte demanda, que en el expediente laboral ya contestó la aludida demanda, y que en el mismo ofreció diversos medios probatorios, de entre los cuales destacó la prueba testimonial respecto de la cual solicitó la sustitución de testigo por el diverso Ángel de Jesús Rivero Aguilar, al momento de verificarse la audiencia respectiva. Precisadas las actuaciones que se le reprochan a la autoridad responsable, contextualizadas a la luz de los antecedentes del acto de reclamo que hace valer en esta instancia constitucional la parte quejosa, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario apuntar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es deber de este resolutor verificar la procedencia de la demanda en cuestión, precisando si se actualiza o no una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. En esas directrices, se estima que en el presente asunto se patentiza de forma notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del contenido de los preceptos transcritos, se pone de relieve que para la procedencia del juicio de amparo debe estarse en presencia de actos de imposible reparación, entendidos como tales aquellos que afecten de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la libertad fundamental de que se trate. Si no se está en la hipótesis reproducida, entonces, se está en presencia de actos que constituyen derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y que, al presentarse, se colocan en una posibilidad latente y constante de desaparecer, o bien, resultan jurídicamente intranscendentes en cuanto al fondo. De forma tal que la conculcación al derecho fundamental que reclamó la parte quejosa, únicamente podrá actualizarse al dictarse la sentencia definitiva en el juicio respectivo, si ésta resulta desfavorable al que se afectó, debiendo ser reclamado como violación en el juicio de amparo directo respectivo. Ahora, al presente juicio constitucional comparece la parte quejosa a reclamar el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente 1/2017, del conocimiento de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, emitido en la audiencia testimonial de dicha data; en la aludida determinación la mencionada autoridad no acordó favorable la sustitución de un diverso testigo que peticionó el aquí impetrante. De lo que se obtiene que dicha actuación no le irroga a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, dado que no trastoca algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte, pues en todo caso, sólo constituye una violación procesal, en tanto que, el acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete, se traduce en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas de la parte quejosa, contempladas concretamente en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone lo que a continuación se transcribe: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". Violación de procedimiento la anterior, propia por tanto de impugnarse en amparo directo al promoverse la demanda contra el laudo que llegara a poner fin al juicio laboral respectivo, para el caso de que tal determinación le resultara adversa, según lo dispuesto por el artículo 170, en concordancia con el numeral 171, de la propia Ley Reglamentaria del juicio constitucional. Al respecto, sirve de orientación a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 7/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ILEGAL DESAHOGO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SIN QUE LA FALTA DE COMPARECENCIA DEL OFERENTE PARA REALIZAR OBJECIONES IMPLIQUE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE ESA TRANSGRESIÓN.". A mayor abundamiento, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo indirecto "Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: .Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.", hipótesis en la cual no se está en la especie, en cuanto a que debe entenderse que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio, sólo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución, no así en aquellos casos en que tales actos afecten derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, en que por lo consiguiente, no se está ante un acto que sea de imposible reparación. En efecto, el proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, base de lo que reclama la parte quejosa, puede transcender al resultado del fallo, pero solo hasta ese momento produciría la lesión a sus derechos humanos, además que, como se dijo, solo produce afectaciones carácter formal o intraprocesal y sus consecuencias se extinguirán con el dictado de la sentencia respectiva, sin que ello implique una violación inmediata y directa a sus derechos fundamentales de seguridad jurídica. Además que, si la sentencia definitiva, es favorable a sus pretensiones en juicio no deja una huella indeleble en el patrimonio jurídico de la parte impetrante, para el caso contrario, podrá reclamarlo a través del juicio de amparo directo; luego, la actuación reprochada no dejaría al impetrante en un estado de indefensión y cuya análisis pueda ser abordado en esta instancia. Derivado de lo anterior, se desprende que en la especie se reclama un acto que no trastoca directa e inmediatamente los derechos fundamentales de los impetrantes, como pudiese ser una determinación que afecte la vida, la libertad, posesiones o propiedades, garantía constitucional de audiencia, entre otras, pues los efectos jurídicos que produce tal determinación, son meramente intraprocesales, siendo su estudio procedente en amparo directo, ya que la materia de este juicio comprende aquellas violaciones cometidas dentro del procedimiento judicial que afectan las defensas de los quejosos, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se insiste, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, claramente define lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 37/2014, en que ha establecido que con el actual contenido del citado precepto, se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Lo cual se sostuvo en el siguiente criterio jurisprudencial: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De lo que se concluye que el acto reclamado es de los catalogados como dentro del juicio, pues aún no se dicta la sentencia definitiva que culmine la primera instancia y determine la firmeza del fallo de fondo, el cual podría ser favorable a sus intereses, dejándose así incólume el derecho humano que la parte quejosa estima infringido. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/231, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis, que se anota: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en los arábigos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo previsto en el diverso 113 de la propia Ley, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso radicar y tramitar el presente sumario de derechos fundamentales. Cabe precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda planteada a nada jurídicamente práctico llevaría; razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, que haga esperar a la parte impetrante hasta el dictado del fallo en el que se reiteren -sustancialmente- los argumentos contenidos en el presente acuerdo, obligándola a tolerar los actos que estima lesivos de sus libertades constitucionales durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, sin que exista solución para ello en la presente vía. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, quien esto provee autoriza la expedición a costa del promovente y de las partes que se lleguen a reconocer, de las copias simples de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. En esa misma tesitura, se considera que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el sumario en que se actúa, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígaseles que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. De igual manera, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en boulevard Zertuche y Lago Tuz, 932, fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad; y, por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Salvador Lomelí Morales, Inocencio García Montes, Enrique Arellano Ortiz, José Julián Villegas Morales, David Ríos Ortiz y Gabriel Eduardo Palacios Pimentel, ello en virtud que la parte quejosa fue omisa en señalar en qué términos del artículo 12 de la ley de la materia autorizó a los citados profesionistas, a saber, amplios o restringidos, por lo que se insiste, queda facultado exclusivamente para los efectos anotados, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral invocado. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que los sujetos obligados, entre otros el Poder Judicial, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor del artículo 68 de esta última legislación; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Además, que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de los artículos 97 a 109 de la mencionada ley. Finalmente, que el derecho a oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, específicamente en las listas de notificación por estrados y/o medios electrónicos, será procedente hasta el momento en que el juicio se encuentre concluido; pues mientras esté en trámite el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas, tiene como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, por lo que su difusión no requiere el consentimiento expreso del titular a quien pertenece. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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