Juan Gabriel Lopez Sanchez

Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
948/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Lopez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se tiene a la autoridad responsable, acusando recibo de los documentos descritos en su oficio. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la primer certificación de cuenta y, como de la misma se advierte, que ya transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 97 del mismo cuerpo de leyes, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra d tal como se advierte de la cuenta secretarial; en consecuencia, SE DECLARA FIRME el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Ahora bien, se tiene a la vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico. Devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los documentos que remitió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, esto en virtud de que las mencionadas constancias ya no son necesarias en el presente asunto solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone; en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a la promovente, el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso. se notifica por medio de lista al quejoso, proveído de seis de diciembre de dos ml veintiuno, que dice: "CIUDAD DE MÉXICO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por la Superioridad, al que adjunta los documentos referidos en la cuenta secretarial, acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmese que con fundamento en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, en esta fecha este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda remitida; asimismo se procede a proveer respecto a la demanda de garantías presentada ante este órgano federal, en los siguientes términos: Se tiene a la vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la SEGUNDA SALA CIVIL Y JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL, AMBOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en la resolución dictada el once de agosto de dos mil veintiuno por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca 669/2018/4, a través de la cual confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en donde el Juez señalado como responsable no se pronunció sobre la prueba testimonial en el Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cabe destacar, que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca 669/2018/4, confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en donde el Juez señalado como responsable no se pronunció sobre la prueba testimonial en el Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios. Ahora, de lo expuesto en la demanda, bajo protesta de decir verdad, se deduce, que el promovente es parte formal y material en el procedimiento de origen, tan es así que tiene el carácter de demandado, asimismo por otro lado, se advierte que no existe incertidumbre en cuanto a que el acto reclamado se emitió durante el trámite del Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios de origen. De lo anteriormente precisado, este juzgado considera, que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracción XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:- - - XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Ello porque, el artículo 172 de la legislación en comento dispone los casos en los que se considerarán violadas las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Y, es que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sentado lo precedente, como ya se estableció, la resolución que ahora se reclama, fue dictada dentro del Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios, deducido del expediente 367/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por Teodoro Pedraza Uribe, en contra de Juan Gabriel López Sánchez. Al respecto, es cierto que la legislación de la materia, no establece expresamente que respecto de actos dentro del juicio, cuando alguno emane de un procedimiento incidental, el amparo indirecto sólo se promoverá en contra de la resolución que lo decida y que puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento; sin embargo, desde el punto de vista procesal el juicio y el incidente coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión el primero de fondo y el segundo accesoria, pero además ambos inician con un escrito de demanda o demanda incidental, los rige el principio de contradicción conforme al cual el demandado tiene derecho de formular su contestación, se rinden pruebas por los contendientes, quienes además pueden alegar en favor de sus intereses y culminan con una resolución ya sea definitiva o interlocutoria. En mérito de lo anterior, si como se vio el procedimiento de un juicio en lo principal, como en el de un incidente, en su generalidad son similares, entonces, si para el primero a guisa de ejemplo se considera violación procesal la admisión a trámite del juicio, igual razón rige para similar acontecimiento procedimental acaecido en la substanciación de un incidente, ello porque dichas violaciones sólo afectan derechos adjetivos o procesales en atención a que en uno y en otro caso de igual forma existe la legal posibilidad de subsanar tales violaciones si la resolución que ponga punto final en forma definitiva a uno u otro procedimiento resulta favorable a los intereses del afectado. En ese orden de ideas, cuando se trata de una violación procesal en el juicio principal, ésta deberá invocarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, por así establecerlo expresamente la Ley de Amparo en sus artículos 171, 172 y 174 y si se trata de una resolución que decide un incidente susceptible de combatirse mediante la instancia constitucional biinstancial, la violación procesal deberá invocarse en la demanda que se interponga en contra de la referida determinación, una vez agotado en su contra el medio ordinario de defensa que en su caso corresponda. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos después de concluido el juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumario, el juicio constitucional sólo es admisible en contra de la resolución que le pone fin, por lo que cabe concluir que en el presente asunto la procedencia del amparo únicamente operará en contra de la resolución que resuelva el Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios, derivado del expediente 367/2018, del índice del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos del artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, en la cual podrán impugnarse tanto las violaciones procedimentales cometidas en la propia resolución, como aquellas producidas en el trámite respectivo. Luego, en el caso, la determinación que hoy constituye el acto reclamado en el presente asunto, se subsume en la aludida hipótesis, pues en este, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Toca 669/2018/4, confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en donde el Juez señalado como responsable no se pronunció sobre la prueba testimonial en el Incidente de Liquidación de Rentas y Accesorios, por lo que tal acto no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales. En tales circunstancias, al pretender reclamar esa resolución de forma autónoma, la demanda de amparo resulta improcedente, ya que por sí misma, la irregularidad que impugna no le genera una afectación a un derecho sustantivo, misma que inclusive puede reclamarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la interlocutoria que dirima la incidencia de origen, previo cumplimiento al principio de definitividad, si la eventual afectación adjetiva hubiere trascendido al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/302, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De igual forma, robustece lo anterior por las razones que informa, la diversa jurisprudencia cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Por lo considerado en líneas que anteceden, se estima que es procedente desechar la presente demanda de garantías, presentada ante este órgano jurisdiccional; determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada implicara una afectación material a sus derechos sustantivos, lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios tanto para las partes como para el propio Estado. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 172, fracción XII y el artículo 113, todos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su escrito de demanda, en el entendido que al momento de que promuevan deberán contar con sus cédulas profesionales debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Para un mejor manejo del expediente se ordena formar un legajo por separado respecto de las constancias remitidas por la autoridad oficiante. Tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a la promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación ordenada en el presente proveído. Notifíquese y personalmente al promovente."

  4. Principal

    Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 172, fracción XII y el artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al promovente.

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