Juan Gabriel García

Expediente 1649/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1649/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Gabriel García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el pedimento ministerial recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), enviado por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Adscrito a este Juzgado, lo anterior sin mayor pronunciamiento, ello en atención a que el veintiocho de octubre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1649/2021, promovido por Juan Gabriel García; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de las Oficinas de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, recibido en este juzgado el veintinueve siguiente, compareció Juan Gabriel García, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: Omisión de continuar con el impulso procesal que le corresponde a la Responsable y Ejecutora, en virtud, que, desde el 25 de agosto de 2020, se realizó la devolución del Oficio No. 826 de fecha 24 de febrero del 2020, dirigido a la EJECUTORA, mediante el que, se anexó proveído de fecha 24 de febrero del 2020, en el que, se concedía el término de TRES DÍAS HÁBILES, para cumplir la encomienda decretada, y a la fecha no se me ha notificado actuación alguna. Ya que, desde el 29 de octubre del 2018, se ha solicitado la designación de Perito y la aceptación del cargo, lo que, a la fecha no se ha logrado. Consecuentemente, la Omisión de la Presidencia de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de hacer cumplir íntegramente el laudo FIRME de fecha 25 de junio del 2010, pues la obligación impuesta a esta Autoridad, se agota hasta el cumplimiento TOTAL del laudo, ya que, a la data han transcurrido más de 11 años, sin que se obtenga el cumplimentado del laudo mencionado. Omisión que infringe la garantía del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, consagradas en el artículo 17 constitucional en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre derecho consagrado y protegido por el máximo órgano jurisdiccional." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Gabriel García, y se registró con el número 1649/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 238/E02/2007, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a las autoridades responsables se les reclama: La omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, dentro de los autos del expediente laboral 238/E02/2007. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia la impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Ahora bien, por cuanto hace al Encargado del Despacho de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por el aquí quejoso, refiriendo que ante su potestad no se encontró registro en los archivos de la Dirección de solicitud para designar perito relacionado con el expediente laboral número 238/E02/2007 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por lo que, en atención a lo manifestado por la responsable, y a efecto de no dejar al promovente de amparo en estado de indefensión, mediante auto de once de octubre de dos mil veintiuno se le dio vista a las partes con el contenido del mismo para que manifestaran lo que a su interés conviniera. No obstante lo anterior, la parte quejosa fue omisa en desahogar la vista concedida, y tampoco allegó prueba alguna que desvirtuara la negativa de la autoridad responsable. Por ello, si la autoridad responsable negó categóricamente el acto atribuido, y si la parte quejosa no aportó prueba alguna a fin de desvirtuar tal negativa, en vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, negó el acto que se le atribuye, refiriendo que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno se acordó respecto a lo reclamado en el presente juicio de garantías. Por lo que, a fin de corroborar su dicho, remitió copia certificada de diversas constancias que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, en el presente se reclama la omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, dentro de los autos del expediente laboral 238/E02/2007. Al respecto, debe decirse que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad laboral hizo constar que a esa data, no existía dentro del sumario natural ninguna promoción pendiente de acordar en la cual se hubiere solicitado la ejecución del laudo, a razón de que la parte interesada no ha promovido continuidad de ejecución del mismo. En ese contexto, también se destaca que de las documentales que obran dentro del presente sumario, la parte quejosa omitió anexar documental alguna por la que acredite la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última; sin que a su demanda de amparo, anexara en su caso documental alguna relativa a la solicitud de la ejecución del laudo. Aunado a ello, posterior a lo narrado en los párrafos que anteceden, no se advierte dentro del sumario de origen que la parte actora haya continuado impulsando el procedimiento de ejecución dentro del sumario de origen, o que se hubiere inconformado con lo acordado en el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno. Es decir, posterior a lo narrado en los párrafos que anteceden, dentro del presente sumario no se desprende que el impetrante de amparo haya gestionado lo conducente al respecto ante la autoridad responsable para que ésta estuviera vinculada a actuar en consecuencia. Lo anterior, se corrobora del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el expediente que se analiza, de donde no se advierte que la parte impetrante de amparo demuestre haber elevado petición ante la autoridad laboral para impulsar el procedimiento de ejecución del laudo. Asimismo, de las constancias allegadas al sumario no se advierte promoción alguna pendiente de acordar, por lo que se está ante una omisión genérica de proveer las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; es decir, no es suficiente que la parte quejosa refiera que la responsable no ha dictado las medidas necesarias contempladas en la ley para que se dé cumplimiento al laudo, específicamente el dejar de despachar ejecución del laudo firme que obre en autos, pues tal y como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, el procedimiento de ejecución requiere necesariamente el impulso procesal del promovente ante la autoridad laboral para continuar con el mismo. De ahí la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral. En ese sentido, debe precisarse que para que se actualice una omisión como la que se reclama, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Así lo expuesto, resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que no existe el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En las condiciones relatadas, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de la omisión reclamada a la responsable. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con la constancia que se anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se le tiene informando la imposibilidad para dar contestación y recibir notificaciones vía electrónica, por las razones que expone y, que estará dando cumplimiento a los requerimientos mediante el sistema de comunicación tradicional, de forma física. Notifíquese. Así lo acuerda y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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