Juan Gabriel Funes Piña
Expediente 1149/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Gabriel Funes Piña
Actuaciones
- Principal
Vista, la circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se determinó que durante el periodo comprendido del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Juan Gabriel Funes Piña y Jaqueline Aguirre Hernández, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el precepto legal 214 de la propia ley, archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).?????????? Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por Juan Gabriel Funes Piña y Jaqueline Aguirre Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia en el Distrito de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 1149/2020-IV. Por lo que se provee en los siguientes términos: del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa, en esencia reclama en esta instancia constitucional: «El acuerdo emitido en quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), en el juicio, de las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (perdida de patria potestad), Expediente 923/2020, en especial el número uno del capítulo de MEDIDAS PROVISIONALES.» Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un juicio de controversia familiar el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, este órgano jurisdiccional considera que, en el presente caso, procede un medio de defensa ordinario por el que el acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado, en específico, el previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (revocación), en relación con el diverso 5.74 de la misma legislación, preceptos que establecen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Revocación fuera de audiencia" Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.". De los numerales en cita se advierte que los autos emitidos fuera de audiencia que no fueran apelables serán revocables. En el caso en concreto, el código procesal aplicable, no indica de forma expresa que proceda ese medio de impugnación (apelación), en contra del auto fuera de audiencia de quince de septiembre de esta anualidad, en el que se fijó como medida provisional la guarda y custodia, de los menores de identidad reservada de iniciales R.I.F.A, M.F.A y S.A.F.A., en favor de los abuelos paternos Juan Gabriel Funes Morales y Maria del Rosario Piña Galván, de lo que se concluye que contra el acuerdo reclamado procedía el recurso de revocación, sin que en el caso concreto, los quejosos haya interpuesto dicho recurso. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, con registro 247290, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia(s): Común, página 573, publicada en el Semanario Judicial de la Federación que dispone: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." Ahora bien, del análisis del precepto transcrito, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el auto de quince de septiembre de dos mil veinte, en el que se decretó medida provisional que los menores de identidad reservada de iniciales R.I.F.A, M.F.A y S.A.F.A., en favor de los abuelos paternos Juan Gabriel Funes Morales y Maria del Rosario Piña Galván, la guarda y custodia, la cual se atribuye al Juez Sexto Civil de Primera Instancia en el Distrito de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado en el párrafo anterior, la procedencia del recurso de revocación, para combatir el auto aludido, resulta inconcuso la procedencia de ese medio de defensa. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que el auto por el cual se decretó la medida cautelar reclamada, puede ser revocado o modificado, a través del referido medio de impugnación. Del análisis que antecede, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el auto por el cual el Juez Sexto Civil de Primera Instancia en el Distrito de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, decretó la providencia cautelar reclamada, es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer los demandantes de la tutela constitucional en el procedimiento de origen. Por tanto, toda vez que dicho acto puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en el código mencionado, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Sin que se soslaye, que si bien, el auto que decreta la guarda y custodia provisional, podrían considerarse que afectan derechos sustantivos; sin embargo, ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el referido principio, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2005039, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, página 350, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de epígrafe y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Así, como la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2017117, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página 8, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), con número de registro 2004677, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, en su página 990, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto en el acto o resolución impugnada." En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Por lo que respecta a la dirección electrónica que señala para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizara para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procésales y en el evento de requerir establecer comunicación en los caso en que se estime necesario. Toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, hágase ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, de ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor.
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