Juan Gabriel Flores Martínez
Expediente 917/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Gabriel Flores Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que transcurre el término de ocho días que se concede a las partes, a fin de que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y puedan ofrecer pruebas. En virtud de lo anterior, y atento a la certificación de cuenta, para no dejar a las partes en estado de indefensión, la audiencia constitucional programada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 917/2023-X-5; y, RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el once de octubre de dos mil veintitrés,******************** solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes y de otras autoridades; que hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: 1. La omisión de informar sobre algún proceso penal y/o carpeta de investigación en mi contra. 2. La omisión de dar contestación al escrito presentado de mi parte por medio del cual solicite me informaran a través de mi apoderado legal si existia algún procedimiento penal y/o carpeta de investigación en mi contra en calidad de probable responsable y/o imputado, a efecto de solicitar a las agencias del ministerio público me cite para comparecer a realizar o no mi declaración, y se me permita nombrar abogado de mi parte respetando mi derecho de defensa. 3. La omisión de permitirme conocer de hechos denunciados en mi contra permitiéndome declarar sobre los mismos, nombrar abogado defensor, permitirme ofrecer pruebas, oponerme a los hechos que se me denuncian. 4. La orden de aprehensión, localización y/o presentación; 5. Retención 6. Búsqueda 7. Captura 8. Citación 9. Comparecencia 10. Arresto 11. Cualquier acto que atente en contra de mi libertad personal y/o deambulatoria, sobre todo porque no he cometido delito alguno, aunado a que los referidos actos reclamados, adolecen de las garantías de fundamentación y motivación previstas en nuestra Carta Magna." SEGUNDO.- Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo y en consecuencia de los cuadernos incidentales que derivan de ésta, le correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y por auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, se registró bajo el número 917/2023-X-5; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió sobre la suspensión provisional del acto reclamado y se señaló fecha para resolver lo procedente a la suspensión definitiva, la cual tuvo verificativo con el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO.- No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, salvo la que como excepción se precisará en párrafos ulteriores, pues al rendir sus informes previos así lo manifestaron. En este sentido, como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar la existencia de los actos reclamados y en el sumario tampoco obra medio de convicción sobre el particular, procede negar la suspensión definitiva, por no existir materia sobre qué decretarla, por lo que hace al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. Tiene aplicación a lo antes expuesto la jurisprudencia número 1128, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 777, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, es de invocarse la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 346, del tomo X, Octubre 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." Igualmente, en la especie también es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 356, del tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." SEGUNDO.- Por su parte, el Vice Fiscal de Control Regional, en suplencia del Fiscal General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe previo manifestó que no son ciertos los actos que se le imputan consistentes en la omisión de informar sobre algún proceso penal y/o carpeta de investigación a nombre del quejoso, o bien, dar a conocer los hechos denunciados. Sin embargo, dicha negativa debe tenerse por desvirtuada, en atención a que si bien es cierto que en su informe previo niega la existencia de dichos actos, del original del acuse de recibo correspondiente se corrobora que la parte quejosa elevó la solicitud de información a la autoridad responsable sin que ésta haya acreditado haberle dado respuesta (foja 6 del expediente físico). En efecto, al solicitar la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa está obligada a demostrar aún en forma presuntiva su interés jurídico, aportando las pruebas necesarias para demostrarlo y así dejar satisfechos todos los requisitos que exigen los artículos 128, 129 y 131 de la ley de la materia, circunstancia que acontece en la presente incidencia, toda vez que para tal efecto exhibió diversas documentales, entre las cuales destaca el original del acuse de recibo de un escrito dirigido al Fiscal General del Estado de Aguascalientes (foja 6 del expediente físico). Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. TERCERO.- Es materia de la presente medida cautelar lo siguiente: a) La omisión de informar sobre algún proceso penal y/o carpeta de investigación en su contra y de permitirle conocer de los hechos denunciados en su contra para declarar sobre éstos, nombrar abogado defensor, permitirle ofrecer pruebas y oponerse a los hechos que se le denuncian. b) La omisión de dar contestación a la solicitud por medio de la cual solicitó se le informara a través de su apoderado legal si existía algún procedimiento penal y/o carpeta de investigación en su contra en calidad de probable responsable y/o imputado. CUARTO.- La parte quejosa allegó al sumario las siguientes probanzas: 1.- Original del acuse de recibo de un escrito dirigido al Fiscal General del Estado de Aguascalientes (foja 6 del cuaderno incidental físico). 2.- Copia simple de su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (foja 7 del cuaderno incidental físico). Por lo que respecta a la documental privada original, se le concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por lo que respecta a la diversa documental, no obsta para el suscrito, que dicha constancia sea copia simple, sin embargo, ello es insuficiente para negarle valor probatorio, puesto que aún y cuando se trata de una constancia que no se encuentra certificada, ésta tiene, al prudente arbitrio judicial, valor indiciario de acuerdo al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al apreciarse de su contenido circunstancias y características que corresponden a lo reproducido en ella. Ello es así, pues este Juzgador goza de la más amplia libertad para efectuar el análisis de las pruebas rendidas y determinar el valor de éstas, tal como lo establece el numeral 197 de la codificación citada con antelación. Además, la copia hace fe de la existencia de su original, siempre y cuando no se ponga en duda su exactitud, ello conforme al artículo 207 del multicitado código procedimental. Efectivamente, pues la constancia en copia simple que se exhibe, como se dijo, constituye medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Entonces, no resultaría apegado a derecho negar todo valor probatorio a la prueba de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándola como indicio, debe atenderse a los hechos que con ella se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgársele. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 2ª./J. 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." QUINTO.- Ahora bien, con apoyo en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de informar sobre algún proceso penal y/o carpeta de investigación a nombre del quejoso, o bien, dar a conocer los hechos denunciados, para el único efecto de que el peticionario de amparo tenga acceso a la carpeta, toda vez que al no permitirlo, se estaría vulnerando su derecho fundamental a una defensa adecuada, ya que no contaría con los elementos adecuados para defenderse. Sirve como criterio de orientación la jurisprudencia PC.XXV.J/11 P(10a), con número de registro 2020650, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1535, del Libro 70, septiembre de 2019, Tomo II, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A MOMENTO. Si durante la etapa de investigación el agente del Ministerio Público determina negar el acceso a los indiciados a la carpeta de investigación, debe considerarse un acto de carácter negativo con efectos de momento a momento, respecto del cual es factible conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, para el efecto de permitirles el acceso a dicha carpeta, ello atendiendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que no desnaturalizaría la figura de la suspensión y respetaría el derecho de enterarse de los hechos que les atañen y, en su caso, aportar medios de convicción, lo que se traduce en un efecto restaurativo, provisional y anticipado atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, aunado a que es un beneficio transitorio que tiene vida jurídica, hasta que se dicte la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que en cada caso particular, el juzgador goza de facultades para fijar las modalidades y requisitos que estime pertinentes y así conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, en atención al primer párrafo del citado artículo 147". En el entendido de que la medida cautelar solicitada, surtirá efectos siempre y cuando se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son a saber: 1) Cuando se encuentre detenido; 2) Se pretenda recabar su declaración; 3) Sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) Cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada en su defensa puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Asimismo, la concesión de la medida cautelar solicitada de manera alguna permite obtener copia fotostática certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación, pues ello, sólo procederá si el quejoso se encuentra en los supuestos antes precisados. Con fundamento en lo establecido por el artículo 132 de la Ley de Amparo, considerando que los actos reclamados emanan de una carpeta de investigación, ni siquiera ante la eventualidad de la existencia de parte ofendida que en su caso tuviera el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo, este juzgado federal fijara garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida; únicamente en este aspecto, lo anterior toda vez que con la presente, no se ocasionan daños y perjuicios de ninguna naturaleza. SEXTO.- Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual solicitó le informaran si existía algún procedimiento penal y/o carpeta de investigación en su contra. Cabe señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." De la porción constitucional transcrita se obtiene que para resolver sobre la suspensión solicitada en el juicio de amparo, se debe realizar un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Es menester señalar, que conforme al criterio jurisprudencial que se citará en párrafos posteriores, para la concesión de la medida, en principio, debe de observase el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, satisfechos, ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social. La citada disposición dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)". Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno del Alto Tribunal publicada en la página 16, del Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO". Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, previene lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. (.)." De la porción normativa expuesta, emerge la posibilidad de que la suspensión tenga el efecto de mantener las cosas en el estado que guarden a raíz de la ejecución del acto reclamado e, inclusive, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre que sea jurídica y materialmente posible. En relación al acto aquí reclamado, cabe señalar que el artículo 17 Constitucional, dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." Dicho precepto reconoce el derecho del gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que marque la ley, lo anterior conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 920033, visible a foja 5, del Tomo XIV, septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Del criterio antes reproducido, se colige que el artículo 17 constitucional garantiza a favor del gobernado, lo siguiente: 1) El disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. En otras palabras, el derecho fundamental en estudio se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Así, una vez expuesto lo anterior y en razón de que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, y ponderando la apariencia del buen derecho, por actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 139 y 147, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 128 de la propia ley; además que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público en términos del numeral 129 de la ley en cita, y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se haría materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. En tal virtud, el acto reclamado se encuentra vinculado al derecho fundamental de acceso a la justicia, dentro de los plazos y términos que señalan las leyes, lo que implica, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el poder público tiene prohibido obstaculizar el acceso a los tribunales o retrasar su función de manera que ninguna norma puede prescribir conductas que desatiendan tal prohibición. En esos términos, a la luz del análisis de la apariencia del buen derecho, se estima que de no concederse la suspensión del acto reclamado, se ocasionarían perjuicios a la parte quejosa por el tiempo en que se retardaría la solución de su asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, siempre con irrestricto respeto a la normatividad que de cualquier manera regule la tramitación y resolución del expediente génesis del acto reclamado, así como a los derechos humanos de pleno acceso a la justicia y recurso judicial efectivo, pronuncie la determinación necesaria para subsanar la omisión combatida en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, visible en la página 1919 del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS. El criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipen la decisión final, por ser propios de la sentencia de fondo, debe superarse en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensional del solicitante y materia para la suspensión, para lo que es menester considerar la naturaleza del acto reclamado. Consecuentemente, procede conceder la suspensión a pesar de que pueda adelantar los efectos de la decisión final, pues ello sería en forma provisional, si es necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos; es decir, cuando de no otorgarse, la restitución que, en su caso, se ordene en la resolución definitiva, pueda ser ilusoria." Igualmente se invoca la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materia Común, visible en la página 1595, que textualmente señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Conforme al actual sistema derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, así como con la expedición de la actual Ley de Amparo publicada en el medio de difusión oficial indicado el 2 de abril de 2013, el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, si ello resulta jurídica y materialmente posible, o en caso de la suspensión provisional, en tanto se dicte la resolución que decida lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, no puede afirmarse que en ningún caso procede conceder la suspensión provisional contra medidas cautelares, sobre la base de que ello tendría efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, pues corresponderá al juzgador analizar las particularidades del caso concreto para determinar si ésta procede o no." Asimismo, se cita la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, visible en la página 1623, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan graves pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión contra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces." En este mismo sentido, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época, visible en la página 2391, que textualmente señala: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA ES PROCEDENTE SU CONCESIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. De la interpretación sistemática de los artículos 77, fracción II y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión del acto reclamado, a petición de parte, cuando se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la propia ley, es susceptible de otorgarse, incluso, tratándose de actos negativos, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se pronuncia sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo que es acorde con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. De ahí que el legislador, por medio de la institución de la suspensión buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido; es decir, como medida restitutoria provisional de los derechos afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado." Igualmente, se cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 213, Tomo 3, Décima Época, visible en la página 1911, que textualmente señala: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión." Ilustra lo así resuelto, la tesis XIII.P.A.3 K (10a.), visible con el registro 2016125, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 26 de enero de 2018 10:27 h y pendiente de sistematización, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL. De conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior, siempre que éste la haya solicitado, el juzgador determine que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se pondere la apariencia del buen derecho, así como que no existe constancia de que sea imposible restituir provisionalmente al quejoso en el goce de los derechos que estima violados, por haberse consumado el acto reclamado irreparablemente, pues de cumplirse dichos requisitos, procede concederla con efectos restitutorios." Así como el diverso criterio I.10o.A.32 A (10a.), observable con el registro 2014640, en la página 3022 del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO OTORGADA CON EFECTOS RESTITUTORIOS. ASPECTOS QUE DEBE OBSERVAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA SU CUMPLIMIENTO CUANDO CONSIDERE QUE EL QUEJOSO DEBE SATISFACER DETERMINADOS REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO O ADMINISTRATIVO PARA QUE CONTINÚE EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en el juicio constitucional, cuyo objeto es mantener viva la materia de éste, mediante la paralización temporal de los efectos del acto reclamado y, en algunos casos, atendiendo a la naturaleza del acto, la restitución provisional del quejoso en los derechos afectados mientras se resuelve el juicio en lo principal. Así, cuando en el juicio de amparo se otorga la suspensión provisional o definitiva con efectos restitutorios y la autoridad responsable considera que el promovente debe satisfacer determinados requisitos de orden técnico o administrativo para que continúe en el ejercicio de sus derechos, desde el momento en que sea notificada de la medida cautelar deberá precisar cuáles son esas condicionantes y hacerlo inmediatamente del conocimiento del quejoso y del juzgador, para que sea efectiva la suspensión otorgada, en términos de los artículos 136, 153 y 158 de dicha ley. En caso contrario, si la responsable guarda silencio sobre las referidas condiciones técnicas o administrativas e, incluso, asume una actitud evasiva con el propósito de eludir el cumplimiento de la medida cautelar, incurrirá en la figura que en la doctrina se denomina "omisión antijurídica", que dará lugar a la responsabilidad penal prevista en el artículo 262, fracción III, de la referida ley." Sin que en la especie resulte conducente fijar garantía alguna a la parte quejosa para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar aquí decretada, dado que los términos en que fue otorgada, la responsable está constreñida únicamente a resolver dentro de los plazos legales. No pasa inadvertido para este Juzgador, el contenido del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, el cual fue reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha seis de junio de dos mil once, toda vez que al haberse llevado a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social en el presente caso, se arriba a la conclusión de que éste debe de resolverse en la forma apuntada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 128, 132, 136, 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO.- Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por******************** respecto de los actos, autoridades y por los motivos señalados en el considerando correspondiente de la presente interlocutoria. SEGUNDO.- Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por******************** respecto de los actos, autoridad y por los motivos señalados en los considerandos correspondientes de la presente interlocutoria. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.Así lo resolvió y firma el Licenciado GUILLERMO BALTAZAR Y JIMÉNEZ, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa asistido del Licenciado Alejandro Bernal González, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Se requiere el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. Se requiere Superior jerárquico.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta, el cual contiene en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica (FIREL), procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 388/2023 de su índice, derivado del expediente en que se actúa, enviado con el objeto de notificar a la parte quejosa la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene que la parte quejosa, exhibe el recurso de revisión que interpone contra la resolución dictada en el presente juicio...córrase traslado a las partes; hecho que sea, remítanse a la Superioridad las constancias correspondientes, para la substanciación del referido medio de impugnación.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 8,182 expedientes
- Juan Francisco Nieto Marin103/2022
- Juan Francisco Olivares Nieto397/2022
- Juan Francisco Ovalle Peña1564/2017
- Juan Francisco Rendón Hernández763/2020
- Juan Francisco Vela Hernández9/2017
- Juan Francisco Vela Hernández721/2018
- Juan Gabriel López Sánchez1499/2018
- Juan Galván Endesca734/2021
- Juan García Lara344/2023
- Juan Gerardo Arellano Hernández1402/2017
- Juan Gerardo Ibarra Díaz de León965/2017
- Juan Gerardo Ibarra Díaz de León317/2023