Juan Gabriel Domínguez López

Expediente 1127/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1127/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2015

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Domínguez López

Actuaciones

  1. Principal

    ... se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2° de esa propia Ley, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente junto con el original del incidente, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido; y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión, así como la resolución interlocutoria correspondiente, para lo cual, como se indicó deberá mantenerse por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de febrero de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede, hecha por el Secretario de este juzgado, se estima necesario precisar: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad el veinticinco de agosto de dos mil catorce y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, Juan Gabriel Domínguez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En tal demanda el acto reclamado se hizo consistir en: "Orden de aprehensión que se giró en mi contra derivada de la causa penal 04/2014-J". 2. Mediante proveído de veintisiete de agosto del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo origen del presente asunto, se señaló fecha para audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Amalia Quintero Molina. 3. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil catorce, se advirtió la imposibilidad que existía para emplazar a juicio a la citada tercera interesada; en consecuencia, este órgano ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, girando para ello oficio a diversas autoridades oficiales, para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio de la parte tercero interesada. 4. Finalmente, por diverso acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, toda vez que no había sido posible el emplazamiento de la tercera interesada de referencia, se ordenó su emplazamiento por edictos, requiriendo a la parte quejosa para que se presentara a recogerlos y acreditara la publicación de los mismos, apercibido que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, notificándole personalmente dicho proveído. Precisado lo anterior, dado que el impetrante del amparo no acudió a este Juzgado a recoger los edictos ordenados por este Juzgado en auto de diecinueve de diciembre pasado, pese a haber sido requerido en ese mismo acuerdo, así como en los diversos proveídos de treinta de diciembre de dos mil catorce, ocho y quince de enero del año en curso (fojas 115, 116, 117, 118, 120 y 121), se le hace efectivo el apercibimiento contenido en citado auto y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente asunto. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los preceptos invocados de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: "Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. II.- Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; De lo anteriormente transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, y en segundo lugar, realice el pago de los mismos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no haber acudido a este Órgano a recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada Amalia Quintero Molina, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Así pues, se advierte que la parte quejosa al no haber recogido los edictos ordenados en autos, como se le ordenó en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, siendo su obligación para efectuar su publicación, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, es dable sobreseer en el presente juicio, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. Congruente con lo expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, 5o, fracción III, inciso c), 61, fracción XXIII y 63, fracción II, de la Nueva Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. No pasa inadvertido para quien provee, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien el operador judicial debe ponderar una vez haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, de la citada ley, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos, empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que Juan Gabriel Domínguez López haya manifestado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, ni acreditó en autos tal situación, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar en forma oficiosa la ponderación a que refiere la Jurisprudencia transcrita, toda vez que carecía de los elementos para ello. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J.84/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 266, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, 5o, fracción III, inciso c) y 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías número 1127/2014 fuera de audiencia. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con diez minutos de este día; lo cual hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa....

  3. Principal

    .... el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que transcurrió el término para que Juan Gabriel Domínguez López, parte quejosa en el presente asunto, diera cumplimiento con lo ordenado en proveído de ocho de enero del año en curso, donde se hizo de su conocimiento que debía comparecer a fin de recoger los edictos ordenados en estos autos para emplazar a juicio a la tercera perjudicada Amalia Quintero Molina y acreditar la publicación de los mismos; sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir de que se le notifique este proveído, se presente a recoger los edictos, para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, apercibido que en caso de no comparecer a recogerlos, o bien, si habiéndolos recogido, no exhibe su publicación antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, de ser el caso, se decretará el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción ll y 64 de la Nueva Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que impide al juzgador de amparo pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada, ya que con la no publicación de los edictos queda paralizado el presente juicio al arbitrio de la parte quejosa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que se entorpece la impartición de la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público. En mérito de lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere, y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del trece de febrero de dos mil quince, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  4. Principal

    .... el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que transcurrió el término para que Juan Gabriel Domínguez López, parte quejosa en el presente asunto, diera cumplimiento con lo ordenado en proveído de treinta de diciembre de dos mil catorce, donde se hizo de su conocimiento que debía comparecer a fin de recoger los edictos ordenados en estos autos para emplazar a juicio a la tercera perjudicada Amalia Quintero Molina y acreditar la publicación de los mismos; sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir de que se le notifique este proveído, se presente a recoger los edictos, para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, apercibido que en caso de no comparecer a recogerlos, o bien, si habiéndolos recogido, no exhibe su publicación antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, de ser el caso, se decretará el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción ll y 64 de la Nueva Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que impide al juzgador de amparo pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada, ya que con la no publicación de los edictos queda paralizado el presente juicio al arbitrio de la parte quejosa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que se entorpece la impartición de la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

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