Juan Gabriel Dominguez Fernandez

Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
431/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Dominguez Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Juan Gabriel Domínguez Fernández, por su propio derecho, promovió amparo directo, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Circuito Único del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Juez Único en Materia Penal tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos con residencia en Atlacholoaya y Director del Centro de Reinserción Social "Jonacatepec". Acto reclamado: ".reclamo la emisión de la resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, dentro del toca penal número 03/2020-12, formado con motivo del recurso de apelación que fuera interpuesto por el defensor particular del suscrito, en el expediente penal número 276/2019-2, antes 29/2017-2, antes 34/2011, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve.". De las ejecutaras todos los actos tendentes a la ejecución y cumplimiento de la resolución." SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veintiuno, por buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El doce de abril de dos mil veintiuno, en el amparo directo 49/2021, la superioridad, declaró su incompetencia para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, oficio 1881/2021, que recibió el catorce de abril siguiente, a través del buzón judicial. CUARTO. El dieciséis de abril del año en curso, esta autoridad recibió el oficio de la superioridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 430/2021, sin necesidad de requerir a las responsables su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en los autos del Toca Penal 03/2020-12, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 276/2019-2, antes 29/2017-2, antes 34/2011. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, Juez Único Penal Tradicional de Primera Instancia en el Estado, _adhiere-, y Subdirectora del Centro Penitenciario de Jonacatepec, (denominación correcta), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Lo que se corrobora con las constancias deducidas del toca penal 03/2020-12 y del proceso penal causa penal 276/2019-2, antes 29/2017-2, antes 34/2011, del índice de las referidas autoridades responsables, por su orden, remitidas como apoyo a su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en la página ciento cincuenta y tres, primera parte, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; además, deben ser estudiadas de oficio por el juzgador, sean o no alegadas por las partes. Por lo que al no advertir la actualización de alguna divertida de oficio o a petición de parte, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. No se trascribe el contenido de los motivos de inconformidad, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso, refieren que la Segunda Sala responsable, violenta sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y certeza jurídica, previstos en el artículo 14 Constitucional, que lo deja en estado de indefensión en razón a que la orden de reponer el procedimiento para los efectos precisados que si bien alegó tortura existen circunstancias de fondo que debió analizar, aplicando el principio de mayor beneficio en su favor y resolver en definitiva, Dichos motivos de inconformidad, se estiman infundados, por las razones que a continuación se exponen: En la resolución reclamada, la sala responsable, estimó procedente revocar la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el proceso penal 276/2019-2, antes 29/2017-2, antes 34/2011, del índice del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, ordenando reponer el procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción de once de julio de dos mil diecinueve, con la finalidad de realizar la investigación de los actos de tortura referido por el sentenciado y su ejecución, en los siguientes términos: ". 31) VII Efectos de la presente resolución. De manera que, ante las irregularidades señaladas, lo procedente en el caso a estudio es ordenar la reposición del procedimiento por cuanto al sentenciado Juan Gabriel Domínguez Fernández,., utilizando para ello los medios legales establecidos para los efectos siguientes: Ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada, a fin de que tenga efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico en la eficacia de la declaración del propio justiciable si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que aquél dijo haber sufrido, pues la respuesta a ello dependería el resultado de su valoración, estableciendo si esa declaración guarda o no relación directa con el acto de tortura denunciado; y, En su momento continúe con la secuela procesal respectiva, haciendo de su conocimiento que en caso de dictar sentencia condenatoria, no se podrá agravar la situación jurídica de Juan Gabriel Domínguez Fernández, con apego al principio "non reformatio in peius", además de dar vista al Fiscal para la investigación de los actos de tortura como delito, debiendo realizar una investigación de manera diligente a imparcial." En relación al tema que se estudia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios que respaldan lo resuelto por la responsable, en el sentido de que la omisión de cualquier autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro de un proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XI, de la Ley de Amparo, 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El desacato a lo anterior, trae como consecuencia obligatoria la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias 10/2016 y 11/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dicen: ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN. La violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de actos de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, da lugar a que la vía de reparación óptima sea ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de realizar la investigación respectiva. Lo anterior, porque sólo será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se acredite, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Así, la reposición del procedimiento tiene como justificación que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su existencia, y no por la actualización de alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del imputado; por tanto, no existe razón para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la existencia de actos de tortura no se constate con la investigación, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que en su caso será objeto de exclusión al dictar la sentencia; de ahí que la reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema penal tradicional. ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. En esos términos, es infundado lo alegado por el quejoso, puesto que lo reclamado tiene una base jurisprudencial, sumado a que no tiene los alcances que refiere, ni el perjuicio que aduce, ya que la finalidad de la revocación de la sentencia de primera instancia, es investigar la tortura que refiere en su perjuicio, lo que lejos de irrogar un agravio le podría beneficiar, pues de llegarse a demostrar la existencia de esos hechos, se excluyen las pruebas obtenidas a partir de esa tortura, por resultar ilícitas, con las consecuencias jurídicas que ello genera sobre la carga probatoria que recae en el ministerio público; y de no ser así, si la sentencia que se dicte es condenatoria por el ilícito de secuestro, robo calificado, asociación delictuosa, ninguna forma empeora la situación en la que se encontraba. Sin que lo resuelto por la sala empeore la situación jurídica del quejoso, pues, la responsable fue categórica en referir que la reposición se retrotrae a la última actuación previa al cierre de la instrucción, sin invalidar las actuaciones anteriores a ello; salvo el caso de que derivado de la investigación de tortura se invaliden pruebas; lo cual, se insiste, sería en su beneficio. De ahí que, el único efecto que conlleva es de naturaleza procesal, sin afectar de manera directa y material un derecho sustantivo. Máxime que el tiempo que duren en prisión, en caso de no obtener resolución favorable, se considerará a cuenta de la condena que en su caso de dicte, así como de considerar que le causa perjuicio el tiempo que lleva recluido bajo prisión preventiva de creer que ha rebasado el tiempo legal para ello, puede hacer valer los medios legales que la ley de la materia pone a su alcance. Sin que sea materia de estudio, lo atinente a sus manifestaciones en el sentido de la valoración de las pruebas que realizó el juez del proceso en la sentencia, puesto que ello no fue materia de estudio por la sala responsable, dado que al advertir la denuncia de tortura y reponer el procedimiento ante la falta de investigación de la misma, le impidió emprender el estudio del fallo condenatorio; de ahí que al resultar cuestiones ajenas a la Litis constitucional, no es posible hacer un pronunciamiento al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.C. J/1 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del cuarto circuito, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." En razón de lo cual, ante lo infundado de los conceptos de violación y no advirtiendo queja deficiente que suplir en términos del numeral 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita el quejoso, contra la resolución de la Segunda Sala responsable de veintidós de octubre de dos mil veinte. Negativa que se hace extensiva en relación con los actos de ejecución reclamados al Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y Subdirectora del Centro Penitenciario de Jonacatepec, por no reclamarse por vicios propios, puesto que su constitucionalidad, se hizo depender de la resolución que ordena reponer el procedimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/338 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en la página sesenta y nueve, tomo ochenta y tres, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, atinente a noviembre de mil novecientos noventa y cuatro de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Gabriel Domínguez Fernández, respecto a las autoridades, actos y por los motivos expuestos en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos las constancias de emplazamiento a los terceros interesados M.E.E.V. y Juan Carlos Rodríguez Flores, por conducto de su asesora jurídica adscrita al Juzgado responsable de nombre Margarita Álvarez Gómez. Por otra parte, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio asentado en las constancias de notificación de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de junio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Juez Único en materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de mayo del año en curso, proporciona el nombre de la asesora jurídica de las víctimas identificada con las iniciales M.E.E.V. y Juan Carlos Rodríguez Flores, en la causa penal 276/2019-2, y domicilios de éstos; agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda y téngase por cumplido el requerimiento de mérito. En virtud de lo anterior, para no dejar en estado de indefensión a los terceros interesados mencionados, por conducto del actuario adscrito a este Juzgado Federal, emplácese a M.E.E.V. y Juan Carlos Rodríguez Flores, por conducto de su asesora jurídica adscrita al Juzgado responsable de nombre Margarita Álvarez Gómez, quien tiene su domicilio en las oficinas que se encuentran a un costado del juzgado responsable, para lo cual, se ordena correr traslado con copia del escrito inicial de demanda, auto de diecisiete de mayo próximo pasado y con el presente auto, conforme al plazo y procedimiento establecido en los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de Amparo, de igual forma, se requiere al citado tercero interesado, para que al momento de la diligencia, o en el plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; plazo que se fija conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, conforme al numeral 2. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados por conducto de su asesora jurídica Margarita Álvarez Gómez. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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