Juan Gabriel Cazares Sotelo y Otros.

Expediente 200/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Cazares Sotelo y Otros.
  • Juan Gabriel Cazares Sotelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Sin que sea obstáculo lo anterior, el hecho de que en auto de veintiuno de abril del año actual se ordenó notificar al quejoso el diverso de veintitrés de febrero pasado donde se desechó la demanda; sin embargo, a esa data no se contaba con la constancia de notificación respectiva...

  3. Principal

    Del estado procesal de autos se desprende que no obra constancia de notificación al defensor público del quejoso respecto del auto de veintitrés de febrero del año actual por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, a fin de garantizar el derecho de los quejosos a una adecuada defensa, túrnense los autos al actuario de la adscripción para que le notifique dicha determinación. "AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ****, en contra de actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", y otra autoridad. Al respecto, se considera que en relación con los actos reclamados, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo... Lo anterior, debido a que los quejosos no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podían revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, antes de acudir al juicio de amparo -Principio de definitividad-... En el caso los quejosos reclaman como actos, entre otros, la tortura física y psicológica, así como el tormento. Sin embargo, de lo narrado en la demanda de amparo por los quejosos, se obtiene que los actos de los que se duelen no constituyen actos de tortura, tormento ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, sino que tales hechos se encuentran relacionados a cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en el que se encuentras recluidos, como lo es, según el encierro permanente en sus celdas por veintitrés horas al día, sin que se les brinde ningún tipo de actividades. Se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, de conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se estima que se está ante un caso de tortura cuando. a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) Infligidas intencionalmente; y c) Con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. La tortura es una práctica prohibida de manera absoluta en nuestro sistema normativo, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Por otra parte, existen ciertas obligaciones que el Estado Mexicano debe respetar para asegurar la protección contra ésta, entre ellas, asegurar que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Así, el derecho humano a no ser objeto de tortura, deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refieren a la obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Ahora, conforme con lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo, fracción III, y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un acto de discriminación es una distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia... Ahora bien, en el apartado de antecedentes de la demanda de amparo, después de destacar como actos reclamados la tortura física y psicológica, los peticionarios señalan lo siguiente... De lo anterior se desprende que lo que en realidad combaten los peticionarios son determinadas condiciones de internamiento de las que son objeto con motivo de su reclusión, pues refieren que se les mantiene encerrados en sus celdas veintitrés horas al día y no se les brinda ningún tipo de actividades fuera de estas. Como puede observarse, los actos reclamados surgieron de las relaciones entre las personas privadas de la libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, de modo que el estado de tortura y el tormento que alegan son calificativas que asignan a las molestias que resienten con motivo de las condiciones internamiento del centro penitenciario en el que se encuentran. En ese sentido, se considera que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de los hechos y conceptos de violación no se advierte que en contra de los peticionarios se estén materializando actos prohibidos de tortura y mucho menos de tormento. Por lo expuesto, se estima que las afectaciones reclamadas por los quejosos, no constituyen tortura física y psicológica, maltrato o tormento o acto alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, sino que, como se dijo, se tratan de calificativas que otorgan a las molestias que resienten con motivo de las condiciones internamiento del centro penitenciario en el que se encuentran... Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad... Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo15, señala que previo a promover el juicio de amparo, el quejoso está obligado a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario... En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente ?según su carácter de no urgente o urgente?. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato... Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Así, al materializarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. No se soslaya que los peticionarios refieran que han reclamado la falta de atención médica mediante diversas peticiones administrativas, pues ello en forma alguna modifica la determinación adoptada... REPRESENTANTE COMÚN. De la demanda se advierte que los quejosos manifestaron su interés en no designar un representante común; por tanto, las notificaciones que se realicen en este sumario deberán realizarse a cada uno de los peticionarios..."

  4. Principal

    Cúmplase.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,874 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano