Juan Gabriel Carrillo Gracieux

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Carrillo Gracieux

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 116 a 132), en la cual se determinó, conceder el amparo impetrado por el quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, para los siguientes efectos: "[.] 1. No apliquen al quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia. 2. Le sea devuelta al quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos de Municipio de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, y en su caso, los diversos pagos que hubiese efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma." Sentencia de amparo, que causó ejecutoria en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho; por lo cual, se les requirió al Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Ensenada y Tesorera Municipal de Ensenada, Baja California, el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, el delegado de las autoridades municipales, mediante oficio agregado por este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del oficio SSB-DA-08A-266-2018, que giró el Encargado de la Superintendencia Comercial Zona Ensenada, mediante el cual hizo de su conocimiento que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en el que se contempla el cobro del derecho de alumbrado público, por haber sido declarado inconstitucional, con el fin de que no realice el cobro correspondiente a la parte quejosa, que cuenta con el número de servicio 010160412530. De igual forma, remitió copia certificada del cheque número 0005341, valioso por la cantidad de $7,798.54 (siete mil seiscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos) a nombre del quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux; de la constancia de entrega al quejoso de dicho título de crédito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho; y del desglose respecto del cual derivó la aludida cantidad devuelta por concepto de alumbrado público y sus actualizaciones. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades, con lo cual estimó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En las relatadas condiciones, el Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Ensenada y la Tesorera Municipal de Ensenada, Baja California, han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que con las constancias que se exhibieron en autos, demostraron haber devuelto al quejoso las cantidades que amparan el cobro por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, y su actualización; asimismo, realizaron las gestiones correspondientes para que la Comisión Federal de Electricidad no aplique al quejoso dicho numeral en cuanto al cobro de alumbrado público. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 116 a 132), en la cual se determinó, conceder el amparo impetrado por el quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, para los siguientes efectos: "[.] 1. No apliquen al quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia. 2. Le sea devuelta al quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux, la cantidad que ampara el aviso-recibo que exhibió con la demanda de amparo, en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos de Municipio de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2018, y en su caso, los diversos pagos que hubiese efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma." Sentencia de amparo, que causó ejecutoria en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho; por lo cual, se les requirió al Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Ensenada y Tesorera Municipal de Ensenada, Baja California, el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, el delegado de las autoridades municipales, mediante oficio agregado por este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del oficio SSB-DA-08A-266-2018, que giró el Encargado de la Superintendencia Comercial Zona Ensenada, mediante el cual hizo de su conocimiento que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en el que se contempla el cobro del derecho de alumbrado público, por haber sido declarado inconstitucional, con el fin de que no realice el cobro correspondiente a la parte quejosa, que cuenta con el número de servicio 010160412530. De igual forma, remitió copia certificada del cheque número 0005341, valioso por la cantidad de $7,798.54 (siete mil seiscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos) a nombre del quejoso Juan Gabriel Carrillo Gracieux; de la constancia de entrega al quejoso de dicho título de crédito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho; y del desglose respecto del cual derivó la aludida cantidad devuelta por concepto de alumbrado público y sus actualizaciones. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades, con lo cual estimó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En las relatadas condiciones, el Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Ensenada y la Tesorera Municipal de Ensenada, Baja California, han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que con las constancias que se exhibieron en autos, demostraron haber devuelto al quejoso las cantidades que amparan el cobro por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, y su actualización; asimismo, realizaron las gestiones correspondientes para que la Comisión Federal de Electricidad no aplique al quejoso dicho numeral en cuanto al cobro de alumbrado público. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO .Ensenada, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto; agréguense a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en su carácter de delegado del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; así mismo, se acompaña copia certificada de la constancia de entrega y recepción del cheque emitido a favor del aquí quejoso el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, tabla de monto a pagar actualizado y oficio número SSB-DA-08A-266-2018 de veintiuno de agosto del año en curso, enviado al Encargado de la Superintendencia Comercial zona Ensenada, a fin de acreditar el fallo protector; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el catorce de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la notificación a las partes en el presente juicio de derechos fundamentales, a efecto de comunicarles que mediante oficio SEADS/698/2018, remitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con sede en la Ciudad de México, se designó al que suscribe, como juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciocho; sin que a la fecha obren en autos la totalidad de las constancias de notificación relativas a dicho proveído. Por tanto, en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, y en virtud de lo acordado en párrafos precedentes, se difiere y se fija como fecha para su celebración las once horas con seis minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho.

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