Juan Gabriel Alejandre Alvarado
Expediente 964/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Gabriel Alejandre Alvarado
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 964/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9), Juan Gabriel Alejandre Alvarado, a través de su apoderado jurídico Jaime Arroyo Barajas, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previa prevención, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 964/2018 (fojas 11 a 16 y 30 a 33). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Morelia, lugar que se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La sentencia interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de sustitución patronal dentro del juicio laboral 1A-2158/2014, en la que se determinó que es improcedente el incidente promovido por el actor -aquí quejoso- frente a Sandro Ayala Maldonado en su carácter de patrón sustituto de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la junta responsable con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Ausencia de transcripción de conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia 2a. /J. 58/2010 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, visible en la página 830, con el registro 164618, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados, sin que sea necesario suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, en sus conceptos de violación el promovente del amparo señala que la resolución reclamada es ilegal en atención a que la autoridad responsable al determinar improcedente el incidente de sustitución patronal que promovió, fue con motivo de que consideró que Sandro Ayala Maldonado, con anterioridad e incluso durante la tramitación del juicio, tenía una negociación de la que dice ser propietario, operando a la par que la fuente de trabajo demandada, sin que lo haya demostrado. Considera que la junta pasó por alto que si Sandro Ayala Maldonado se dice dueño de la fuente de trabajo establecida en el mismo domicilio de donde se realizó el emplazamiento a juicio y que inclusive tiene la misma o similar actividad económica, es obvio que se convirtió en patrón sustituto en cuanto a la relación laboral con el actor -aquí quejoso-, y en consecuencia queda obligado a la responsabilidad laboral. Además, que la responsable viola en perjuicio del quejoso las disposiciones 16, 41 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que no tomó en cuenta que en el acta levantada por la actuaria en la que pretendió llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago de lo condenado en el laudo o, en su caso, embargo, fue atendido por una persona del sexo masculino quien afirmó que el lugar en que se actuaba sí corresponde a la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada; asimismo, dio fe de que en el lugar existe un anunció en la puerta de entrada, así como una lona y un pizarrón con letras que contienen un logotipo con el nombre de dicha persona moral; con lo que refiere se acredita que en el lugar se realiza la misma actividad económica o giro comercial. Dichos conceptos de violación son infundados, como a continuación se precisa. Para dar sustento a la calificación de esos conceptos de violación es necesario en primer término, señalar que en los autos del juicio de origen 1A-2158/2014, obran las siguientes constancias: 1. Laudo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se condenó al pago de diversas prestaciones a Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada (fojas 171 a 182 del tomo de pruebas). 2. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se despachó ejecución forzosa del laudo, por la cantidad de $119,764.29 (ciento diecinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional) (foja 186 del tomo de pruebas). 3. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, la actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, hizo constar que no le fue posible llevarla a cabo en razón de que Sandro Ayala Maldonado informó que la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cambió de domicilio (fojas 190 y 191 del tomo de pruebas). 4. El siete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo promovido por el actor -ahora quejoso-, el incidente de sustitución patronal entre la demanda en el juicio principal Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a quien le atribuye el carácter de patrón sustituido, y la persona física Sandro Ayala Maldonado, en su carácter de patrón sustituto (foja 195 del tomo de pruebas). 5. El veintinueve junio de dos mil dieciocho (fojas 234 y 235 del tomo de pruebas), se llevó a cabo la audiencia incidental, con comparecencia únicamente de María de Lourdes Espinosa Mosqueda, en cuanto apoderada jurídica de la moral demandada Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y de la persona física Sandro Ayala Maldonado; en la cual, se admitieron y se desahogaron las pruebas presentadas por dicha representante, consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Asimismo, se admitieron y desahogaron la prueba documental pública consistente en todas las constancias que integran el juicio de origen; constancia de situación fiscal a nombre de Sandro Ayala Maldonado y de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada; contratos de arrendamiento celebrados por estos; y, copia de la credencial para votar y recibo de energía eléctrica expedidos a nombre de la persona física. 6. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la junta dictó resolución interlocutoria donde declaró improcedente el incidente de sustitución patronal (fojas 236 a 240 del tomo de pruebas), la cual constituye el acto reclamado. De la resolución impugnada se aprecia que la responsable consideró que con las pruebas ofrecidas por Sandro Ayala Maldonado y la moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, consistentes en: La documental pública consistente en la constancia de situación fiscal del contribuyente Sandro Ayala Maldonado, expedida vía electrónica por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, cuyo documento contiene cadena original y sello digital; con la que tuvo por demostrado que el contribuyente, con fecha diez de marzo de dos mil nueve, inició operaciones; con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve, se realizó el último cambio de estado; que su domicilio fiscal es en calle Escuadrón 201, número 6, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad; que su actividad económica es de servicio de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, con un porcentaje de 80, con fecha de inicio veintiocho de noviembre de dos mil trece, y de servicios de limpieza de inmuebles con porcentajes de 20, con fecha de inicio trece de julio de dos mil diecisiete; ante el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. La copia certificada por Notario Público de cuatro contratos de arrendamiento celebrados entre Sandro Ayala Maldonado y Jaime Quintana García, respecto del bien inmueble ubicado en calle Escuadrón 201, número 6, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, de fechas quince de mayo de dos mil quince, quince de mayo de dos mil dieciséis, quince de mayo de dos mil diecisiete, quince de mayo de dos mil dieciocho; contratos que al no ser objetados les concedió valor. La documental pública consistente en la constancia de situación fiscal del contribuyente Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, expedida vía electrónica por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, cuyo documento contiene cadena original y sello digital; con la que tuvo por demostrado que el contribuyente, con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, inició operaciones; con fecha siete de junio de dos mil once, se realizó el último cambio de estado; que su domicilio fiscal es en Circuito La Nopalera, número 113, en esta ciudad; que su actividad económica es de servicio de investigación y de protección y custodia excepto monitoreo, con fecha de inicio diecisiete de mayo de dos mil once; bajo el régimen general de la Ley de Personas Morales. La copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre Sandro Ayala Maldonado en cuanto representante legal de Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y Efraín Díaz Bautista, con fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el término de cuatro años, el cual comenzó a correr el uno de diciembre de dos mil catorce, con fecha de vencimiento el uno de diciembre de dos mil dieciocho; cuya documental al no encontrarse objetado en cuanto a su autenticidad, le concedió valor probatorio. Probanzas con las que refirió en modo alguno se advierten colmados los elementos requeridos para la sustitución patronal. Pues señaló, que en la fecha en que el actor -aquí quejoso- inició la relación laboral con la empresa -doce de julio de dos mil doce-, Sandro Ayala Maldonado ya tenía su negocio como persona física, en el mismo domicilio donde el actor afirmó prestó sus servicios, es decir, funcionaban en las mismas instalaciones de forma paralela, pues de la constancia de situación fiscal se advierte que éste inició sus operaciones el diez de marzo de dos mil nueve, con actividad económica de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad; lo que evidenciaba que no se trataba de una nueva unidad constituida bajo la misma naturaleza económica jurídica. Además, consideró la responsable que de la constancia fiscal exhibida por la moral y del contrato de arrendamiento celebrado por Sandro Ayala Maldonado, en cuanto representante legal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con Efraín Díaz Bautista, se probó que la empresa cambió su domicilio con fecha uno de diciembre de dos mil catorce, y al encontrarse activo, presume que continúa con la explotación de su actividad. Que no obstante que la actividad económica de ambos sea similar de servicios de protección de custodia, no conlleva determinar que la empresa moral señalada como patrón sustituido y la persona física señalada como patrón sustituto son una misma unidad económica de distribución de servicios. Por otra parte, la responsable consideró que el hecho de que en la diligencia de requerimiento de pago llevada a cabo el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por la actuaria haya sido atentita por Sandro Ayala Maldonado quien acreditó ser el responsable de la fuente de empleo ubicada donde el actor prestó sus servicios -calle Escuadrón 201, número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, de esta ciudad-, ello no conlleva a considerar determinante la configuración de la sustitución patronal, pues solo implica identidad en el domicilio, pero de ninguna forma la transmisión total o parcial de los bienes de la entidad económica de producción a otra, tal y como lo exige la figura. Finalmente, consideró la responsable que la persona moral puede enfrentar las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo, dado que sigue activa, desarrollando su actividad principal como lo probó con la constancia de situación fiscal, en la que aparece como activa en su realización empresarial; de ahí que resultó improcedente la incidencia planteada. Establecido lo expuesto, a juicio de este juzgador, no asiste razón al quejoso al señalar que en la resolución reclamada, la junta responsable inobservó los artículos 16, 41 y 841 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque como se estableció en la resolución reclamada, la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, como patrón sustituido, y la persona física Sandro Ayala Maldonado, como patrón sustituto, sí cumplieron con el principio de distribución probatoria que se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 28/2008, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, visible en la página 261, con registro 170002, que dice: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto." Se hace esa afirmación, ya que al abordar el estudio de la sustitución patronal, la junta responsable señaló como requisitos para la procedencia de la sustitución patronal los siguientes: La transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económica jurídica, la cual implica, la transmisión del patrimonio como unidad o parte del mismo; dicha transmisión puede ser mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente; y, Que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituto. Asimismo, como elementos que ponen de manifiesto la existencia de la sustitución patronal, los siguientes: Que la nueva unidad se constituya bajo la misma naturaleza económica jurídica, es decir, con el mismo giro comercial; en el entendido de que en una relación laboral la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores sea objeto de traslación con motivo de algún acto jurídico o administrativo; es decir, que exista entre la persona moral o física sustituida hacia la sustituta una transmisión total o parcial de la entidad jurídica económica que dio origen a la relación laboral; y, Que exista identidad en el centro de trabajo y que la explotación de éste se realice de manera ininterrumpida, esto es, sin haber existido paralización de las labores. Lo que se estima correcto, en términos de la tesis aislada XV.1o.3 L, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, página 636, con registro 204145, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. La substitución patronal, como fenómeno jurídico, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, opera cuando una persona física o moral adquiere de otra la totalidad o parte de los elementos necesarios para su funcionamiento y continuidad como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por tal motivo, tiene como consecuencia fáctica la citada continuidad ininterrumpida de la actividad laboral de seguir prestando los bienes o servicios de producción." Así, contrario a lo que aduce el impetrante de tutela constitucional, en el caso de estudio, la circunstancia relativa a que la empresa fuente de trabajo sea transmitida, como unidad económica, de una persona a otra, quedó desvirtuada con la prueba documental consistente en las constancias de situación fiscal a nombre de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como de la persona física Sandro Ayala Maldonado, de las cuales se advierte que, como lo refirió la responsable, la persona moral inició sus operaciones el diecisiete de mayo de dos mil once, fecha posterior a la que inició sus operaciones la persona física; de ahí que, no resulta factible considerar que la persona física se haya constituido para sustituir a la persona moral, pues su inicio de operaciones fue anterior. Medio de prueba, que se concatena, como indicó la responsable, con la documental consistente en copia cotejada por la secretaria de acuerdos de la Junta Especial Número Uno, del contrato de arrendamiento que celebró Sandro Ayala Maldonado, en cuanto representan legal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con Efraín Díaz Bautista, en cuanto propietario del bien inmueble ubicado en Segundo Circuito La Nopalera número 113, del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, código postal 58330, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, por un término de cuatro años a partir del primero de diciembre de dos mil catorce al primero de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 206 a 209 del tomo de pruebas). Ello en razón de que, con dicho contrato se corrobora la información que obra asentada en la constancia de situación fiscal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la que se desprende que se encuentra activa en el citado domicilio. Documental que además tiene valor probatorio pleno, porque fue presentado el original ante la autoridad laboral para su cotejo, de ahí que conforme al artículo 795 de la Ley Federal de Trabajo, constituye un documento público que hace prueba plena en el juicio mientras no exista prueba en contrario. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 16/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, visible en la página 477, con número de registro 189990, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes."." Asimismo, con dicha documental se corrobora la manifestación formulada por Sandro Ayala Maldonado, en el sentido de que el cambio de domicilio de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se dio con posterioridad al despido del actor -aquí quejoso-; pues del contrato de arrendamiento se advierte que fue a partir del primero de diciembre de dos mil catorce, fecha en que inició su vigencia, de ahí que es inconcuso que el cambio se dio con posterioridad a la fecha en que Juan Gabriel Alejandre Alvarado presentó su demanda laboral, así como posterior a la fecha en que la persona moral fue emplazada en cuanto demandada diez de septiembre de ese año, e incluso posterior a su contestación, que fue acordada el diez de noviembre siguiente. De ahí que, contrario a lo que señala la parte quejosa, no resulta factible considerar que por el simple hecho de que el administrador único y representante de la persona moral demandada Sandro Ayala Maldonado, no haya informado el cambio de domicilio, debe tenerse por acreditada la sustitución patronal, pues con ello no se acredita la actualización del supuesto que establece el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que haya existido una adquisición por parte de la persona física, total o parcial del patrimonio de la persona moral, y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituto; máxime, como ya se refirió, esta fue con posterioridad a dicho emplazamiento, de ahí que en ese momento se encontraba imposibilitado a informar el cambio de domicilio. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/56, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, Novena Época, visible en la página 703, con número de registro 170896, de rubro y texto siguientes; "SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD DEL DOMICILIO EN QUE FUE EMPLAZADO EL PATRÓN PRIMIGENIO CON EL DEL SUPUESTO SUSTITUTO, NO BASTA PARA QUE OPERE AQUÉLLA. Para que opere la sustitución patronal no basta con que haya identidad en el domicilio en que fue emplazado el patrón primigenio con el del supuesto sustituto, sino que es menester, en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que haya una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, aspectos que deben quedar plenamente demostrados." Por otro lado, de la constancia de situación fiscal exhibida por la persona física Sandro Ayala Maldonado, también se advierte que cuenta con régimen de incorporación fiscal de persona física con actividad empresarial y profesional, con la actividad económica de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, con fecha de inicio del veintiocho de noviembre de dos mil trece (fojas 216 y 216 del tomo de pruebas). Que su actividad laboral la realiza en el domicilio donde anteriormente se encontraba la persona moral, lo anterior además quedó acreditado con las documentales que exhibió, consistentes en cuatro copias cotejada por la secretaria de acuerdos de la Junta Especial Número Uno, de los contratos de arrendamiento que celebró Sandro Ayala Maldonado, como persona física, con Jaime Quintana García, en cuanto representante del bien inmueble ubicado en Escuadrón 201 número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, código postal 58140, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, a partir del dieciséis de mayo de dos mil quince al quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 218 a 231 del tomo de pruebas). Medios de convicción, con lo que se hace patente, como lo sostuvo la responsable, que no existió una sustitución patronal, habida cuenta que no se constituyó una nueva unidad bajo la misma naturaleza económico-jurídica, es decir con el mismo giro comercial, ya que la persona moral tiene como actividad el servicio de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo, de ahí que los giros son distintos. Se cita como criterio orientador la tesis VI.2o.67 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, de la Novena Época, visible en la página 526, con registro 201022, que a la letra dice: "SUSTITUCION PATRONAL, LA UBICACION EN EL MISMO DOMICILIO Y LA IDENTIDAD DEL GIRO COMERCIAL DE UNA EMPRESA, NO ESTABLECEN LA CERTEZA DE LA. La circunstancia de que en el juicio laboral se encuentre acreditado que en el mismo domicilio en que se localizaba la empresa demandada se ubique una diversa empresa y la identidad de la actividad comercial de ambas negociaciones, no establece la certeza de la existencia de la sustitución patronal, pues para que esto suceda es necesario demostrar que el patrón cuya sustitución se atribuye haya adquirido parcial o totalmente el patrimonio de la empresa en que prestó sus servicios el actor." Por tanto, es claro que la persona física Sandro Ayala Maldonado, no adquirió total o parcialmente el patrimonio de Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ni que tal persona física haya seguido desarrollando con motivo de su actividad, el empleo de maquinaria y herramientas, sosteniendo la misma producción, o que existió paralización de labores. En ese tenor, tal y como lo señaló la responsable, no se cumplen con los requisitos para que opere la sustitución patronal, ya que para que exista sustitución de patrón, se insiste, es requisito indispensable que una negociación, considerada como unidad económico-jurídica, se transmita de una persona a otra y que a su vez pase a ser el patrimonio o parte del patrimonio de esa otra persona. Sin que deba considerarse que por haber celebrado el contrato de arrendamiento, la persona física que se estableció en el mismo lugar donde se encontraba la persona moral, los bienes de ésta pasaron como unidad económico jurídica, a formar parte del patrimonio de Sandro Ayala Maldonado, pues incluso el contrato de arrendamiento lo celebró con el representante del inmueble, no así con la persona moral. Más aun, de considerar que el contrato de arrendamiento lo hubiere celebrado con la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de igual manera, no se acredita la transmisión del patrimonio, pues de dicho contrato únicamente se advierte que el arrendatario tendrá el uso del inmueble, más no que con ese arrendamiento se hayan cedido los derechos inherentes a la persona moral, de ahí que no se justifica la transmisión requerida legalmente. Se cita como ilustrativa, la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, Quinta Época, página 573, registro 370236, que dice: "PATRON SUSTITUTO, NO LO HAY POR ARRENDAMIENTO. Para que haya sustitución patronal, es requisito indispensable que la entidad considerada como unidad económica-jurídica, llámese empresa, negociación, taller, comercio, etcétera, se transmita de una persona a otra, esto es, es necesario que esa unidad pase en propiedad a otra persona, pues la sustitución de patrón opera mediante la transmisión de bienes, derechos y obligaciones inherentes, que salen de un patrimonio para entrar a otro; por tanto, no existe tratándose de contratos de arrendamiento de unos molinos de nixtamal, propiedad del quejoso, porque en el arrendamiento, sólo se concede el uso o goce temporal de la cosa arrendada." Así como el criterio de tesis aislado XXI.1o.6 L emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, página 478, registro 202794, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL, ELEMENTOS DE LA. NO SE SURTEN SI LA EMPRESA DEMANDADA ADQUIRIO UN CENTRO DE TRABAJO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. De la interpretación armónica de los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, la figura jurídica de la substitución patronal, surge con los siguientes elementos: a).- Que un centro de trabajo sea transmitido como unidad económica o de uno de sus establecimientos de una persona a otra en propiedad, y b).- Que las actividades sean inherentes al negocio o bien, se desarrollen de manera ininterrumpida; en tal circunstancia, si la empresa demandada adquiere, mediante contrato de arrendamiento, el derecho de uso sobre el centro de trabajo en que laboraba la parte actora, es evidente que no se actualiza la substitución patronal, dado que el adquirente sólo tendrá las obligaciones correlativas propias de aquel derecho, mas no de las derivadas de la unidad económica-jurídica, como los tendría si hubiera adquirido el inmueble en propiedad, porque no se produjo un cambio en el propietario o titular de la fuente de trabajo, de ahí la inexistencia del primer elemento referido." Y la diversa tesis aislada I.4o.A.128 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, página 737, registro 201812, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. SE REQUIERE LA TRANSMISION POR CUALQUIER TITULO DE LOS BIENES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL DE LA EMPRESA, PARA ACREDITAR LA. El artículo 270 de la Ley del Seguro Social, en su parte conducente establece que hay substitución de patrón en el caso de transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectos a la explotación con ánimo de continuarla. Ahora bien, transmitir en su acepción gramatical significa dejar a otro los derechos que se tienen sobre una cosa; por tanto, si el uso de los bienes con los cuales la empresa continúa con la explotación de su actividad, encuentra su origen en un contrato de arrendamiento, es manifiesto que no se cumple con el supuesto legal a que se refiere la Ley del Seguro Social, ya que al usuario de los bienes no le fueron cedidos los derechos inherentes a éstos, pues únicamente se le permite su uso, circunstancia que no justifica la transmisión requerida legalmente; por tanto, no se establece la sustitución patronal." Tampoco se acreditó, como lo señala la responsable, el extremo relativo a que se haya transmitido total o parcialmente los bienes de la entidad económica jurídica con la cual puede seguir desempeñándose parte del trabajo realizado para el patrón original; ello, pues al encontrarse activa la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada -según se desprende de la constancia de situación fiscal-, no es factible considerar que transmitió sus bienes a la persona física, quien al igual que ésta se encuentra activo; aunado a que, en las constancias se situación fiscal no se advierte que haya existido una transmisión de derechos o de bienes entre sí. Bajo las anteriores consideraciones, la resolución en la que la junta responsable determinó improcedente el incidente de sustitución patronal es legal, si por principio no quedó demostrada la transmisión de la fuente trabajo como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad; por ello, se hace innecesario el estudio del segundo elemento consistente en que las actividades sean inherentes al negocio o bien, que se desarrollen de manera ininterrumpida, de conformidad con los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en nada modificaría el sentido de la sentencia combatida, porque no se actualiza el elemento esencial, esto es, la transmisión de la fuente de trabajo como unidad económica. Aunado a que como también lo señaló la junta responsable, en la diligencia de requerimiento de pago llevada a cabo por la actuaria de su adscripción, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, fue atendida por el propio Sandro Ayala Maldonado, quien acreditó ser responsable de la fuente de trabajo ubicada en Escuadrón 201 número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, código postal 58140, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, justificándolo con la constancia de situación fiscal, de la cual no se advierte la existencia de una nueva unidad constituida bajo la misma naturaleza económica-jurídica de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sin que pueda variar dicho sentido el que inicialmente la actuaria fue atendida por una persona del sexo masculino quien le informó que ese era el domicilio de la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que ésta pudo constatar que existe un anunció en la puerta de entrada, así como una lona y un pizarrón con letras que contienen un logotipo con el nombre de dicha persona moral; pues ello, en todo caso, confirma que no se ha dado la sustitución patronal, pues la persona moral sigue vigente y no ha constituido una nueva unidad, de ahí que, como lo indica la responsable, el actor puede reclamar lo condenado en el laudo a dicha persona moral. Bajo ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Juan Gabriel Alejandre Alvarado contra la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, reclamada a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por los motivos indicados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 964/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9), Juan Gabriel Alejandre Alvarado, a través de su apoderado jurídico Jaime Arroyo Barajas, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previa prevención, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 964/2018 (fojas 11 a 16 y 30 a 33). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Morelia, lugar que se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La sentencia interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de sustitución patronal dentro del juicio laboral 1A-2158/2014, en la que se determinó que es improcedente el incidente promovido por el actor -aquí quejoso- frente a Sandro Ayala Maldonado en su carácter de patrón sustituto de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la junta responsable con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Ausencia de transcripción de conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia 2a. /J. 58/2010 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, visible en la página 830, con el registro 164618, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados, sin que sea necesario suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, en sus conceptos de violación el promovente del amparo señala que la resolución reclamada es ilegal en atención a que la autoridad responsable al determinar improcedente el incidente de sustitución patronal que promovió, fue con motivo de que consideró que Sandro Ayala Maldonado, con anterioridad e incluso durante la tramitación del juicio, tenía una negociación de la que dice ser propietario, operando a la par que la fuente de trabajo demandada, sin que lo haya demostrado. Considera que la junta pasó por alto que si Sandro Ayala Maldonado se dice dueño de la fuente de trabajo establecida en el mismo domicilio de donde se realizó el emplazamiento a juicio y que inclusive tiene la misma o similar actividad económica, es obvio que se convirtió en patrón sustituto en cuanto a la relación laboral con el actor -aquí quejoso-, y en consecuencia queda obligado a la responsabilidad laboral. Además, que la responsable viola en perjuicio del quejoso las disposiciones 16, 41 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que no tomó en cuenta que en el acta levantada por la actuaria en la que pretendió llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago de lo condenado en el laudo o, en su caso, embargo, fue atendido por una persona del sexo masculino quien afirmó que el lugar en que se actuaba sí corresponde a la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada; asimismo, dio fe de que en el lugar existe un anunció en la puerta de entrada, así como una lona y un pizarrón con letras que contienen un logotipo con el nombre de dicha persona moral; con lo que refiere se acredita que en el lugar se realiza la misma actividad económica o giro comercial. Dichos conceptos de violación son infundados, como a continuación se precisa. Para dar sustento a la calificación de esos conceptos de violación es necesario en primer término, señalar que en los autos del juicio de origen 1A-2158/2014, obran las siguientes constancias: 1. Laudo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se condenó al pago de diversas prestaciones a Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada (fojas 171 a 182 del tomo de pruebas). 2. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se despachó ejecución forzosa del laudo, por la cantidad de $119,764.29 (ciento diecinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional) (foja 186 del tomo de pruebas). 3. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, la actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, hizo constar que no le fue posible llevarla a cabo en razón de que Sandro Ayala Maldonado informó que la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cambió de domicilio (fojas 190 y 191 del tomo de pruebas). 4. El siete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo promovido por el actor -ahora quejoso-, el incidente de sustitución patronal entre la demanda en el juicio principal Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a quien le atribuye el carácter de patrón sustituido, y la persona física Sandro Ayala Maldonado, en su carácter de patrón sustituto (foja 195 del tomo de pruebas). 5. El veintinueve junio de dos mil dieciocho (fojas 234 y 235 del tomo de pruebas), se llevó a cabo la audiencia incidental, con comparecencia únicamente de María de Lourdes Espinosa Mosqueda, en cuanto apoderada jurídica de la moral demandada Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y de la persona física Sandro Ayala Maldonado; en la cual, se admitieron y se desahogaron las pruebas presentadas por dicha representante, consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Asimismo, se admitieron y desahogaron la prueba documental pública consistente en todas las constancias que integran el juicio de origen; constancia de situación fiscal a nombre de Sandro Ayala Maldonado y de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada; contratos de arrendamiento celebrados por estos; y, copia de la credencial para votar y recibo de energía eléctrica expedidos a nombre de la persona física. 6. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la junta dictó resolución interlocutoria donde declaró improcedente el incidente de sustitución patronal (fojas 236 a 240 del tomo de pruebas), la cual constituye el acto reclamado. De la resolución impugnada se aprecia que la responsable consideró que con las pruebas ofrecidas por Sandro Ayala Maldonado y la moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, consistentes en: La documental pública consistente en la constancia de situación fiscal del contribuyente Sandro Ayala Maldonado, expedida vía electrónica por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, cuyo documento contiene cadena original y sello digital; con la que tuvo por demostrado que el contribuyente, con fecha diez de marzo de dos mil nueve, inició operaciones; con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve, se realizó el último cambio de estado; que su domicilio fiscal es en calle Escuadrón 201, número 6, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad; que su actividad económica es de servicio de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, con un porcentaje de 80, con fecha de inicio veintiocho de noviembre de dos mil trece, y de servicios de limpieza de inmuebles con porcentajes de 20, con fecha de inicio trece de julio de dos mil diecisiete; ante el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. La copia certificada por Notario Público de cuatro contratos de arrendamiento celebrados entre Sandro Ayala Maldonado y Jaime Quintana García, respecto del bien inmueble ubicado en calle Escuadrón 201, número 6, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, de fechas quince de mayo de dos mil quince, quince de mayo de dos mil dieciséis, quince de mayo de dos mil diecisiete, quince de mayo de dos mil dieciocho; contratos que al no ser objetados les concedió valor. La documental pública consistente en la constancia de situación fiscal del contribuyente Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, expedida vía electrónica por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, cuyo documento contiene cadena original y sello digital; con la que tuvo por demostrado que el contribuyente, con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, inició operaciones; con fecha siete de junio de dos mil once, se realizó el último cambio de estado; que su domicilio fiscal es en Circuito La Nopalera, número 113, en esta ciudad; que su actividad económica es de servicio de investigación y de protección y custodia excepto monitoreo, con fecha de inicio diecisiete de mayo de dos mil once; bajo el régimen general de la Ley de Personas Morales. La copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre Sandro Ayala Maldonado en cuanto representante legal de Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y Efraín Díaz Bautista, con fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el término de cuatro años, el cual comenzó a correr el uno de diciembre de dos mil catorce, con fecha de vencimiento el uno de diciembre de dos mil dieciocho; cuya documental al no encontrarse objetado en cuanto a su autenticidad, le concedió valor probatorio. Probanzas con las que refirió en modo alguno se advierten colmados los elementos requeridos para la sustitución patronal. Pues señaló, que en la fecha en que el actor -aquí quejoso- inició la relación laboral con la empresa -doce de julio de dos mil doce-, Sandro Ayala Maldonado ya tenía su negocio como persona física, en el mismo domicilio donde el actor afirmó prestó sus servicios, es decir, funcionaban en las mismas instalaciones de forma paralela, pues de la constancia de situación fiscal se advierte que éste inició sus operaciones el diez de marzo de dos mil nueve, con actividad económica de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad; lo que evidenciaba que no se trataba de una nueva unidad constituida bajo la misma naturaleza económica jurídica. Además, consideró la responsable que de la constancia fiscal exhibida por la moral y del contrato de arrendamiento celebrado por Sandro Ayala Maldonado, en cuanto representante legal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con Efraín Díaz Bautista, se probó que la empresa cambió su domicilio con fecha uno de diciembre de dos mil catorce, y al encontrarse activo, presume que continúa con la explotación de su actividad. Que no obstante que la actividad económica de ambos sea similar de servicios de protección de custodia, no conlleva determinar que la empresa moral señalada como patrón sustituido y la persona física señalada como patrón sustituto son una misma unidad económica de distribución de servicios. Por otra parte, la responsable consideró que el hecho de que en la diligencia de requerimiento de pago llevada a cabo el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por la actuaria haya sido atentita por Sandro Ayala Maldonado quien acreditó ser el responsable de la fuente de empleo ubicada donde el actor prestó sus servicios -calle Escuadrón 201, número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, de esta ciudad-, ello no conlleva a considerar determinante la configuración de la sustitución patronal, pues solo implica identidad en el domicilio, pero de ninguna forma la transmisión total o parcial de los bienes de la entidad económica de producción a otra, tal y como lo exige la figura. Finalmente, consideró la responsable que la persona moral puede enfrentar las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo, dado que sigue activa, desarrollando su actividad principal como lo probó con la constancia de situación fiscal, en la que aparece como activa en su realización empresarial; de ahí que resultó improcedente la incidencia planteada. Establecido lo expuesto, a juicio de este juzgador, no asiste razón al quejoso al señalar que en la resolución reclamada, la junta responsable inobservó los artículos 16, 41 y 841 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque como se estableció en la resolución reclamada, la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, como patrón sustituido, y la persona física Sandro Ayala Maldonado, como patrón sustituto, sí cumplieron con el principio de distribución probatoria que se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 28/2008, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, visible en la página 261, con registro 170002, que dice: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto." Se hace esa afirmación, ya que al abordar el estudio de la sustitución patronal, la junta responsable señaló como requisitos para la procedencia de la sustitución patronal los siguientes: La transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económica jurídica, la cual implica, la transmisión del patrimonio como unidad o parte del mismo; dicha transmisión puede ser mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente; y, Que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituto. Asimismo, como elementos que ponen de manifiesto la existencia de la sustitución patronal, los siguientes: Que la nueva unidad se constituya bajo la misma naturaleza económica jurídica, es decir, con el mismo giro comercial; en el entendido de que en una relación laboral la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores sea objeto de traslación con motivo de algún acto jurídico o administrativo; es decir, que exista entre la persona moral o física sustituida hacia la sustituta una transmisión total o parcial de la entidad jurídica económica que dio origen a la relación laboral; y, Que exista identidad en el centro de trabajo y que la explotación de éste se realice de manera ininterrumpida, esto es, sin haber existido paralización de las labores. Lo que se estima correcto, en términos de la tesis aislada XV.1o.3 L, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, página 636, con registro 204145, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. La substitución patronal, como fenómeno jurídico, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, opera cuando una persona física o moral adquiere de otra la totalidad o parte de los elementos necesarios para su funcionamiento y continuidad como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por tal motivo, tiene como consecuencia fáctica la citada continuidad ininterrumpida de la actividad laboral de seguir prestando los bienes o servicios de producción." Así, contrario a lo que aduce el impetrante de tutela constitucional, en el caso de estudio, la circunstancia relativa a que la empresa fuente de trabajo sea transmitida, como unidad económica, de una persona a otra, quedó desvirtuada con la prueba documental consistente en las constancias de situación fiscal a nombre de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como de la persona física Sandro Ayala Maldonado, de las cuales se advierte que, como lo refirió la responsable, la persona moral inició sus operaciones el diecisiete de mayo de dos mil once, fecha posterior a la que inició sus operaciones la persona física; de ahí que, no resulta factible considerar que la persona física se haya constituido para sustituir a la persona moral, pues su inicio de operaciones fue anterior. Medio de prueba, que se concatena, como indicó la responsable, con la documental consistente en copia cotejada por la secretaria de acuerdos de la Junta Especial Número Uno, del contrato de arrendamiento que celebró Sandro Ayala Maldonado, en cuanto representan legal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con Efraín Díaz Bautista, en cuanto propietario del bien inmueble ubicado en Segundo Circuito La Nopalera número 113, del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, código postal 58330, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, por un término de cuatro años a partir del primero de diciembre de dos mil catorce al primero de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 206 a 209 del tomo de pruebas). Ello en razón de que, con dicho contrato se corrobora la información que obra asentada en la constancia de situación fiscal de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la que se desprende que se encuentra activa en el citado domicilio. Documental que además tiene valor probatorio pleno, porque fue presentado el original ante la autoridad laboral para su cotejo, de ahí que conforme al artículo 795 de la Ley Federal de Trabajo, constituye un documento público que hace prueba plena en el juicio mientras no exista prueba en contrario. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 16/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, visible en la página 477, con número de registro 189990, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes."." Asimismo, con dicha documental se corrobora la manifestación formulada por Sandro Ayala Maldonado, en el sentido de que el cambio de domicilio de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se dio con posterioridad al despido del actor -aquí quejoso-; pues del contrato de arrendamiento se advierte que fue a partir del primero de diciembre de dos mil catorce, fecha en que inició su vigencia, de ahí que es inconcuso que el cambio se dio con posterioridad a la fecha en que Juan Gabriel Alejandre Alvarado presentó su demanda laboral, así como posterior a la fecha en que la persona moral fue emplazada en cuanto demandada diez de septiembre de ese año, e incluso posterior a su contestación, que fue acordada el diez de noviembre siguiente. De ahí que, contrario a lo que señala la parte quejosa, no resulta factible considerar que por el simple hecho de que el administrador único y representante de la persona moral demandada Sandro Ayala Maldonado, no haya informado el cambio de domicilio, debe tenerse por acreditada la sustitución patronal, pues con ello no se acredita la actualización del supuesto que establece el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que haya existido una adquisición por parte de la persona física, total o parcial del patrimonio de la persona moral, y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituto; máxime, como ya se refirió, esta fue con posterioridad a dicho emplazamiento, de ahí que en ese momento se encontraba imposibilitado a informar el cambio de domicilio. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/56, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, Novena Época, visible en la página 703, con número de registro 170896, de rubro y texto siguientes; "SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD DEL DOMICILIO EN QUE FUE EMPLAZADO EL PATRÓN PRIMIGENIO CON EL DEL SUPUESTO SUSTITUTO, NO BASTA PARA QUE OPERE AQUÉLLA. Para que opere la sustitución patronal no basta con que haya identidad en el domicilio en que fue emplazado el patrón primigenio con el del supuesto sustituto, sino que es menester, en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que haya una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, aspectos que deben quedar plenamente demostrados." Por otro lado, de la constancia de situación fiscal exhibida por la persona física Sandro Ayala Maldonado, también se advierte que cuenta con régimen de incorporación fiscal de persona física con actividad empresarial y profesional, con la actividad económica de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, con fecha de inicio del veintiocho de noviembre de dos mil trece (fojas 216 y 216 del tomo de pruebas). Que su actividad laboral la realiza en el domicilio donde anteriormente se encontraba la persona moral, lo anterior además quedó acreditado con las documentales que exhibió, consistentes en cuatro copias cotejada por la secretaria de acuerdos de la Junta Especial Número Uno, de los contratos de arrendamiento que celebró Sandro Ayala Maldonado, como persona física, con Jaime Quintana García, en cuanto representante del bien inmueble ubicado en Escuadrón 201 número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, código postal 58140, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, a partir del dieciséis de mayo de dos mil quince al quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 218 a 231 del tomo de pruebas). Medios de convicción, con lo que se hace patente, como lo sostuvo la responsable, que no existió una sustitución patronal, habida cuenta que no se constituyó una nueva unidad bajo la misma naturaleza económico-jurídica, es decir con el mismo giro comercial, ya que la persona moral tiene como actividad el servicio de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo, de ahí que los giros son distintos. Se cita como criterio orientador la tesis VI.2o.67 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, de la Novena Época, visible en la página 526, con registro 201022, que a la letra dice: "SUSTITUCION PATRONAL, LA UBICACION EN EL MISMO DOMICILIO Y LA IDENTIDAD DEL GIRO COMERCIAL DE UNA EMPRESA, NO ESTABLECEN LA CERTEZA DE LA. La circunstancia de que en el juicio laboral se encuentre acreditado que en el mismo domicilio en que se localizaba la empresa demandada se ubique una diversa empresa y la identidad de la actividad comercial de ambas negociaciones, no establece la certeza de la existencia de la sustitución patronal, pues para que esto suceda es necesario demostrar que el patrón cuya sustitución se atribuye haya adquirido parcial o totalmente el patrimonio de la empresa en que prestó sus servicios el actor." Por tanto, es claro que la persona física Sandro Ayala Maldonado, no adquirió total o parcialmente el patrimonio de Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ni que tal persona física haya seguido desarrollando con motivo de su actividad, el empleo de maquinaria y herramientas, sosteniendo la misma producción, o que existió paralización de labores. En ese tenor, tal y como lo señaló la responsable, no se cumplen con los requisitos para que opere la sustitución patronal, ya que para que exista sustitución de patrón, se insiste, es requisito indispensable que una negociación, considerada como unidad económico-jurídica, se transmita de una persona a otra y que a su vez pase a ser el patrimonio o parte del patrimonio de esa otra persona. Sin que deba considerarse que por haber celebrado el contrato de arrendamiento, la persona física que se estableció en el mismo lugar donde se encontraba la persona moral, los bienes de ésta pasaron como unidad económico jurídica, a formar parte del patrimonio de Sandro Ayala Maldonado, pues incluso el contrato de arrendamiento lo celebró con el representante del inmueble, no así con la persona moral. Más aun, de considerar que el contrato de arrendamiento lo hubiere celebrado con la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de igual manera, no se acredita la transmisión del patrimonio, pues de dicho contrato únicamente se advierte que el arrendatario tendrá el uso del inmueble, más no que con ese arrendamiento se hayan cedido los derechos inherentes a la persona moral, de ahí que no se justifica la transmisión requerida legalmente. Se cita como ilustrativa, la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, Quinta Época, página 573, registro 370236, que dice: "PATRON SUSTITUTO, NO LO HAY POR ARRENDAMIENTO. Para que haya sustitución patronal, es requisito indispensable que la entidad considerada como unidad económica-jurídica, llámese empresa, negociación, taller, comercio, etcétera, se transmita de una persona a otra, esto es, es necesario que esa unidad pase en propiedad a otra persona, pues la sustitución de patrón opera mediante la transmisión de bienes, derechos y obligaciones inherentes, que salen de un patrimonio para entrar a otro; por tanto, no existe tratándose de contratos de arrendamiento de unos molinos de nixtamal, propiedad del quejoso, porque en el arrendamiento, sólo se concede el uso o goce temporal de la cosa arrendada." Así como el criterio de tesis aislado XXI.1o.6 L emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, página 478, registro 202794, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL, ELEMENTOS DE LA. NO SE SURTEN SI LA EMPRESA DEMANDADA ADQUIRIO UN CENTRO DE TRABAJO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. De la interpretación armónica de los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, la figura jurídica de la substitución patronal, surge con los siguientes elementos: a).- Que un centro de trabajo sea transmitido como unidad económica o de uno de sus establecimientos de una persona a otra en propiedad, y b).- Que las actividades sean inherentes al negocio o bien, se desarrollen de manera ininterrumpida; en tal circunstancia, si la empresa demandada adquiere, mediante contrato de arrendamiento, el derecho de uso sobre el centro de trabajo en que laboraba la parte actora, es evidente que no se actualiza la substitución patronal, dado que el adquirente sólo tendrá las obligaciones correlativas propias de aquel derecho, mas no de las derivadas de la unidad económica-jurídica, como los tendría si hubiera adquirido el inmueble en propiedad, porque no se produjo un cambio en el propietario o titular de la fuente de trabajo, de ahí la inexistencia del primer elemento referido." Y la diversa tesis aislada I.4o.A.128 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, página 737, registro 201812, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. SE REQUIERE LA TRANSMISION POR CUALQUIER TITULO DE LOS BIENES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL DE LA EMPRESA, PARA ACREDITAR LA. El artículo 270 de la Ley del Seguro Social, en su parte conducente establece que hay substitución de patrón en el caso de transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectos a la explotación con ánimo de continuarla. Ahora bien, transmitir en su acepción gramatical significa dejar a otro los derechos que se tienen sobre una cosa; por tanto, si el uso de los bienes con los cuales la empresa continúa con la explotación de su actividad, encuentra su origen en un contrato de arrendamiento, es manifiesto que no se cumple con el supuesto legal a que se refiere la Ley del Seguro Social, ya que al usuario de los bienes no le fueron cedidos los derechos inherentes a éstos, pues únicamente se le permite su uso, circunstancia que no justifica la transmisión requerida legalmente; por tanto, no se establece la sustitución patronal." Tampoco se acreditó, como lo señala la responsable, el extremo relativo a que se haya transmitido total o parcialmente los bienes de la entidad económica jurídica con la cual puede seguir desempeñándose parte del trabajo realizado para el patrón original; ello, pues al encontrarse activa la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada -según se desprende de la constancia de situación fiscal-, no es factible considerar que transmitió sus bienes a la persona física, quien al igual que ésta se encuentra activo; aunado a que, en las constancias se situación fiscal no se advierte que haya existido una transmisión de derechos o de bienes entre sí. Bajo las anteriores consideraciones, la resolución en la que la junta responsable determinó improcedente el incidente de sustitución patronal es legal, si por principio no quedó demostrada la transmisión de la fuente trabajo como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad; por ello, se hace innecesario el estudio del segundo elemento consistente en que las actividades sean inherentes al negocio o bien, que se desarrollen de manera ininterrumpida, de conformidad con los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en nada modificaría el sentido de la sentencia combatida, porque no se actualiza el elemento esencial, esto es, la transmisión de la fuente de trabajo como unidad económica. Aunado a que como también lo señaló la junta responsable, en la diligencia de requerimiento de pago llevada a cabo por la actuaria de su adscripción, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, fue atendida por el propio Sandro Ayala Maldonado, quien acreditó ser responsable de la fuente de trabajo ubicada en Escuadrón 201 número 6, de la colonia Jardines de Guadalupe, código postal 58140, perteneciente a la ciudad de Morelia, Michoacán, justificándolo con la constancia de situación fiscal, de la cual no se advierte la existencia de una nueva unidad constituida bajo la misma naturaleza económica-jurídica de la persona moral Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sin que pueda variar dicho sentido el que inicialmente la actuaria fue atendida por una persona del sexo masculino quien le informó que ese era el domicilio de la empresa Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que ésta pudo constatar que existe un anunció en la puerta de entrada, así como una lona y un pizarrón con letras que contienen un logotipo con el nombre de dicha persona moral; pues ello, en todo caso, confirma que no se ha dado la sustitución patronal, pues la persona moral sigue vigente y no ha constituido una nueva unidad, de ahí que, como lo indica la responsable, el actor puede reclamar lo condenado en el laudo a dicha persona moral. Bajo ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Juan Gabriel Alejandre Alvarado contra la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, reclamada a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por los motivos indicados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el apoderado jurídico de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos (fojas 11 a 16) Por tanto, se le tiene acreditando su carácter en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en razón de que acredita tenerlo reconocido ante la autoridad señalada como responsable SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Juan Gabriel Alejandre Alvarado a través de su apoderado jurídico Jaime Arroyo Barajas, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda y cumplimiento de prevención, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b, 108 fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de: Onsegpri, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sandro Ayala Maldonado, ambos con domicilio en Avenida Escuadrón 201, número seis, colonia Jardines de Guadalupe, perteneciente a esta ciudad; o, en el diverso señalado en la calle Corregidora, número 1156, interior 2, en el Centro de esta ciudad. Para lo cual se atiende, en principio, al domicilio que proporciona la parte quejosa, el que podrá variar acorde al señalamiento que debe realizar la autoridad responsable en acatamiento a lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se instruye al actuario de la adscripción para que corra traslado a los terceros interesados con copia de la demanda y los requiera para que al momento de la diligencia o en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, designen domicilio para oír notificaciones en esta ciudad y que, en caso de no hacerlo, sin previo acuerdo, las subsecuentes se les harán por medio de lista que se fije en los estrados, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto se haga esa designación. En el entendido de que no fuera posible el emplazamiento en los domicilios indicados, y al momento de la diligencia le fueren proporcionados diversos domicilios de los referidos terceros interesados y se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. NOTIFÍQUESE; EMPLÁCESE A LOS TERCEROS INTERESADOS. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 964/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por Jaime Arroyo Barajas, quien se ostenta como apoderado jurídico de Juan Gabriel Alejandre Alvarado, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que dichas circunstancias puedan ser subsanadas en tiempo. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I y V, así como el artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Acredite la representación con la que se ostenta, esto es, exhiba el original, copia certificada o cotejada por autoridad en ejercicio de sus funciones, de la actuación en que se otorgó o reconoció dicho carácter. Esto, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el promovente comparece a juico ostentándose apoderado jurídico de Jaime Arroyo Barajas, no obstante omite exhibir documento idóneo para acreditar tal personalidad, pues solamente anexa un escrito presentado ante la responsable donde solicita copia del auto donde se reconoce su carácter de apoderado del quejoso directo, sin embargo, el mismo carece de firma autógrafa. Lo anterior, virtud a que el análisis de la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso que el Juez de Distrito debe analizar al recibir la demanda y, de encontrarse plenamente satisfecho ese requisito, hacerse constar en el acuerdo admisorio; y, en caso contrario, prevenir al promovente, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se determinará lo conducente. Independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece al mandato constitucional contenido en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagran los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, disposición que impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. Al respecto, resulta conveniente traer a colación, la Jurisprudencia P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Manifieste cuándo tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia constitucional, es decir, especifique el día, mes y año en el cual el quejoso directo fue notificado de la resolución interlocutoria de dieciséis de octubre del año en curso, dictada en el Juicio Ordinario Laboral 1A-2158/2014, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Lo anterior, toda vez que acude a la instancia constitucional señalando como acto reclamado la resolución interlocutoria de dieciséis de octubre de la presente anualidad, dictada en el Juicio Ordinario Laboral 1A-2158/2014, pero es omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado. Datos que se consideran necesarios para estar en condición de proveer sobre la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior por analogía cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 161/2013 (10ª.), Número de Registro 2005636, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de Rubro y Texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo solicitado en los incisos a) y b) se tendrá por no presentada la demanda. De igual forma, se le requiere para que adjunte las copias necesarias de su escrito aclaratorio, así como del documento con el que acredite su personalidad para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable, tomando en consideración que es una para cada parte. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurre LA PARTE QUEJOSA cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Verónica Teresa Rodríguez Montiel y Salvador Beltrán Ávila, ya que acreditan tener las facultades para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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