Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle
Expediente 1082/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós e interlocutoria de cuatro de octubre siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad responsable el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúe en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, no ha lugar a lo solicitado por el asesor jurídico de la tercera interesada, debido a que -previo a la recepción de su ocurso- se dictó el fallo correspondiente en este asunto. Sin que dicha determinación le causa agravio a su representada debido a que se negó el amparo y protección de la justicia federal al impetrante de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, con quien actúa y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1082/2022, promovido por Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle, en contra de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 7/2022 por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. I. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se advierte que en la causa penal 138/2014 en sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, condenó al aquí quejoso y otros, por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Yahaira Guadalupe López Bahena. Inconformes con dicha resolución el agente del ministerio público y los sentenciados por conducto de sus defensores interpusieron recurso de apelación. Dicho medio de impugnación correspondió conocer a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotec, quien lo radicó bajo el toca penal 7/2022. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la sala de segunda instancia resolvió el medio de impugnación interpuesto y al advertir violaciones en la tramitación de la causa penal de origen ordenó reponer el procedimiento desde los autos que declaran cerrado el periodo de instrucción. (Determinación que constituye el acto reclamado) II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle, promovió juicio de amparo indirecto, el cual por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal quien lo registró bajo el consecutivo 1082/2022. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se otorgó la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 8, 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes acto reclamado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: De la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotec. La determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 7/2022, en la cual al resolver el medio de impugnación interpuesto, advirtió violaciones en la tramitación de la causa penal 138/2014 del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por ende, ordenó dejar insubsistente la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno y reponer el procedimiento desde los autos que declaran cerrado el periodo de instrucción. V. EXISTENCIA DEL ACTO COMBATIDO Es cierto el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyote, porque así lo reconoció el magistrado presidente al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que le fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza del acto impugnado se patentiza con las constancias del toca penal 7/2022 y procedimiento de origen 138/2014, que la sala responsable remitió con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. LEGITIMACIÓN Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle, se encuentra legitimado para promover por su propio derecho este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que en la causa penal de origen tiene la calidad de inculpado y con la resolución que somete a estudio Constitucional, impacta en su esfera normativa en tanto que incide de manera indirecta en su libertad ambulatoria, por lo que esas situaciones lo legitiman para ejercer por sí la acción de amparo. VII. OPORTUNIDAD El solicitante del amparo fue notificado de manera personal del acto reclamado por conducto de su defensor de oficio el veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Esa notificación surtió efectos en la fecha en la que se practicó porque el ordinal 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca no señala expresamente el momento en el que las notificaciones surtirán sus efectos; por tanto, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que esa situación acontece en el instante en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de que se hayan realizado, como lo establece el primer párrafo del citado precepto legal. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." También cobra vigencia la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.) sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal Constitucional del País, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para la inconforme del veintinueve de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, descontándose de ese lapso el tres, cuatro, diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del normativo 19 de la ley de la materia y circular del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, si la demanda se presentó el seis de septiembre de dos mil veintidós, es factible concluir que se interpuso en tiempo. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ELEMENTOS DE ESTUDIO El acto reclamado que controvierte el quejoso consiste en la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 7/2022 por la sala responsable, en la cual al resolver el medio de impugnación interpuesto, advirtió violaciones en la tramitación de la causa penal 138/2014 del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; por ende, ordenó dejar insubsistente la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno y reponer el procedimiento desde los autos que declaran cerrado el periodo de instrucción. Dicha determinación emitida por la sala responsable se estima ajustada a derecho y los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son jurídicamente ineficaz, sin que se advierte queja que suplir en términos del numeral 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Se explica. Los numerales 518 a 521, 541 a 543, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca aplicable, establecen lo siguiente: "CAPITULO III DE LA APELACION. Art. 518. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento. Art. 519. La Segunda Instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante que cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El Tribunal de apelación deberá suplir la deficiencia del agravio cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hace valer debidamente. Cuando se trate de sentencia que imponga la pena de treinta años o más siempre se tendrá por interpuesta contra ella, el recurso de apelación. El Tribunal que conozca de la alzada, cuando el reo o su defensor no alegare agravios, los suplirá de oficio, si procediere. Art. 520. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla. Art. 521. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción. Art. 541. La reposición del procedimiento, se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición, no se podrán alegar aquellos con que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, ni los que causó alguna resolución contra la que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede, o cuando no hay recurso, si no se protestó contra dichas violaciones, al tenerse conocimiento de ellas en la instancia en que se causaron. Art. 542. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el Tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, que se violó en su perjuicio una garantía individual y que solo por torpeza o negligencia de su defensor no fué impugnado debidamente, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. Art. 543. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: I.- Por no haberse hecho saber al procesado durante la instrucción, ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento, o el nombre de las personas que le imputen la comisión del delito; II.- Por no habérsele admitido nombrar defensor o no nombrársele de oficio en los términos que señala la ley; por habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, o por habérsele impedido comunicarse con él o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso; II bis.- Por haberse omitido la designación del interprete traductor al inculpado que no hable o entienda suficiente el idioma castellano, en los términos que señale la Ley; III.- Por no habérsele manifestado los datos que necesitara para su defensa y que constaren en el proceso; IV.- Por no habérsele careado con algún testigo si hubiere depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el mismo lugar en que se sigue el proceso, estando allí también el procesado; V.- Por no habérsele citado a las diligencias que tuviere derecho a presenciar; VI.- Por no habérsele recibido injustificadamente las pruebas que hubiere ofrecido con arreglo a la ley; VII.- Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que debe fallar, de su Secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público; VII bis.- Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso; b) No haber asistido a las diligencias que se practicaron con intervención del inculpado durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculpado; VIII.- Por habérsele condenado por delito distinto del señalado en las conclusiones del Ministerio Público; IX.- Por haberse negado al inculpado los recursos procedentes; X.- Por haberse tenido en cuenta en la sentencia una diligencia que la ley declare expresamente que es nula." Énfasis propio. De los referidos preceptos, se puede deducir lo siguiente: El recurso de apelación en materia penal tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley; si se vulneraron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla; Tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios; La reposición del procedimiento se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoya la petición; y, Como excepción establece, si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento a partir del auto en que se hubiere cometido la violación. En el caso concreto los magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyote, al realizar el estudio de la sentencia de origen en apelación, advirtieron que la declaración ministerial de Encarnación Martínez Colorado alias "El Lagarto" (coprocesado) de veinte de julio de dos mil doce, recibida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, encuadra en los supuestos de una prueba ilícita. Ello, al no nombrarle un defensor que lo asistiera y no explicarle los alcances que tenía su declaración, ya que con su narrativa se estaba incriminando y realizaba un señalamiento directo en la participación de los hechos delictivos en contra del aquí quejoso Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle. Dicha declaración en lo que aquí interesa refiere lo siguiente: [.] yo si pertenecí a la organización delictiva llamada Los Zetas, desde hace cuatro años que yo era el encargado del Estado de Oaxaca [.] [.] el día trece de abril de dos mil once, el año pasado, que habrán sido como las seis y media o siete de la noche, nos juntamos José Juan Mendoza Casarrubias que le apodábamos "El Pájaro o Pajarito", "el zomby" Oscar Montejo Sánchez, este chavo, junto con el Policía del estuche, Jesús de la Rosa Ambrosio, el sapo, y Juan Francisco Villanueva Valle alias "El Jony" fuimos al fraccionamiento de Ciudad Yagul, que está en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que fuimos a su casa que nos la puso el Comandante Lara, y que la sacamos de su casa [.] [.] le dije yo Policía Judicial tiene una orden de aprehensión y la sacamos [.] [.] y nos fuimos, la llevamos a la casa de seguridad. [.] pero yo no la maté de verdad, es entonces que el lunes del mismo mes de abril del dos mil once, no recuerdo bien la fecha, que fue a los seis días de que la levantamos, cuando nos fuimos en dos camionetas, que en una iba el zomby, el jony y el pájaro junto con esta chava Yahaira, que yo iba en otra con el sapo que era hermano de Tachirito, que sólo se apellida Garay Dector, pero llegamos a un pueblo llamado Etla, en Oaxaca, y pasamos a un balneario que lo pasamos y como a los siete minutos llegamos a un barranco, que allí fue donde el zomby se detiene y todos nosotros también, que en eso, el zomby la baja de la camioneta, que le dice al Sapo, soldado nuevo, pues le dice que la mate, estando viva le corta la cabeza, para demostrar que tiene valor, que zomby y jony son quienes la agarran y el zomby le ordena al sapo que le cortara la cabeza con un cuchillo grande, que en eso los otros soldados que solo se su apodo, un tal ratoso, que no se su nombre y el vampiro que se llama Ángel Ávila Sánchez, hacen el hoyo [.] [.] yo quise salvarla a esta chava pero zomby no me lo permitió [.] Énfasis propio. Dicha inconsistencia se apoyó en lo expuesto por el propio procesado el quince de mayo de dos mil trece, en vía de declaración preparatoria asistido de un defensor federal, argumentos del tenor siguiente: [.] que no estoy de acuerdo con mi declaración ministerial, porque el veinte de julio de dos mil doce, yo estaba detenido en Villa Aldama, yo ingresé a ese lugar el dieciocho de agosto de dos mil once, y el veinte de julio de dos mil doce, llegan unas personas de la CIEDO que se identificaron como Ministerios Públicos Federales pero no me mostraron identificación, y había un licenciado de Derechos Humanos y me tomaron mis generales, y me enseñan fotos de la persona y les digo que no la conozco, y empiezan a preguntarme por gentes que están detenidas y a enseñarme más fotos y de ahí me tomaron mis generales, y yo le pregunté al licenciado de derechos humanos que si había problemas en decir mis generales y él me respondió que no había problemas que las dijera, y me dijo que firmara unos papeles, y un poquito antes me dijo el agente del ministerio público, que si yo sabía que colaborara con información y la ministerio público me dijo que ya sabía que yo era el "lagarto" y yo le dije que no tenía apodo, y que me comprobaran si en realidad me apodaban "el lagarto", y me insistió la ministerio público diciéndome que no fuera tonto y que mi pareja Angélica Priego Arias, quien estaba detenida en Mexicali le iban a dar beneficios si yo daba información de la muchacha por la que me están acusando, yo le dije que no sabía nada en relación a ella, después me retiraron, y a los diez minutos e vuelven a regresar ahí con la mismo ministerio público para que firmara yo las hojas de los datos generales que había dado, pero le pregunto al licenciado de Derechos Humanos que si no había problema con firmar las hojas, y me dijo que no había problema y yo le dije que no iba a firmar, me insistió para que la firmara porque había mirado que tenía dos procesos y que con eso me iba a ayudar para que llegara el licenciado y me dieran asesoría jurídica, y no es cierto que yo haya dicho lo que aparece en esa declaración; siendo todo lo que tengo que manifestar. [.] Situación que se robustece con el careo constitucional verificado entre el procesado Ángel Ávila Sánchez alias "El Vampiro" y Encarnación Martínez Colorado alias "El Lagarto" el cual tuvo verificativo el veintidós de septiembre de dos mil catorce, y es reiterativo en negar que la declaración ministerial de veinte de julio de dos mil doce no la rindió en esos términos, que le hicieron firmar personas de derechos humanos donde le hicieron promesas que le ayudarían con su proceso y por esa razón accedió a firmar. La sala responsable precisa que se transgredió el derecho al debido proceso en perjuicio del diverso procesado Encarnación Martínez Colorado alias "El Lagarto", ya que si bien es cierto se trata de diverso procesado al que atañe la apelación de origen; cierto es también, que la referida declaración se establece señalamiento en contra del directo apelante y aquí quejoso Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle, la cual se obtuvo en contravención a derechos fundamentales. Este juzgador comparte lo resuelto por la sala responsable. Ciertamente, el derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 20, así como en tratados internacionales; el cual debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional; es parte del debido proceso y requisito esencial de validez del mismo. Este derecho a su vez, está conformado por diversas prerrogativas, como son: declarar, rendir pruebas, participar en el procedimiento y contar con un abogado defensor que le proporcione asistencia técnica necesaria. Por otra parte, el derecho a no autoincriminarse ha nacido esencialmente como garantía del imputado en un proceso penal; ha estado vinculado con la posición de quien dentro de una causa penal, formalmente, tiene tal condición; así lo establecen los artículos 20 de la Constitución; 8.2, g) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho fundamental de no autoincriminación constituye un límite a la actividad probatoria desplegada por el Estado en la persecución del delito, no obstante si el imputado, luego de haber sido informado de los derechos que le asisten, decide declarar algo que sirva para acreditar su responsabilidad penal, ese derecho fundamental no será vulnerado. Es así que el Estado no puede obligar al imputado a declarar, ni obligar a alguna persona a declarar contra sí misma, pues así lo prevé la legislación procesal penal. Sobre el tópico de no autoincriminación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 29/2004, afirmó que es un derecho específico de la garantía genérica de defensa que supone la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral se infiera su culpabilidad, de tal manera que el derecho de no autoincriminación debe ser entendido como el que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón por la que cualquier confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio. En este sentido, el Alto Tribunal en el amparo directo en revisión 3457/2013, sostuvo que el derecho a la no autoincriminación no sólo comporta el diverso de guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener a través de coacción o engaño evidencia autoincriminatoria producida por el propio imputado, por lo que las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se encuentra en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan informar al detenido sobre los derechos que tienen los acusados a guardar silencio y a contar con un abogado defensor. En esta línea, la superioridad expuso que es evidente que las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido; en consecuencia, afirmó que cualquier declaración del imputado obtenida en contravención al artículo 20 constitucional tiene que declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación, por lo que, debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso. Por tanto, el Alto Tribunal concluyó que la confesión del imputado rendida ante un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración autoincriminatoria, no puede tener ni siquiera un valor indiciario porque tiene como objeto una declaración autoinculpatoria obtenida con vulneración de los derechos fundamentales. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 1a. CCXXIII/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, pág. 579, registro 2009457 de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. El derecho a la no autoincriminación, entendido como una especificación de la garantía de defensa del inculpado, está previsto en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional y en el artículo 8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho no sólo comporta el derecho a guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño. Ahora bien, para garantizar que este derecho no sea violado, las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se encuentra en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan informar al detenido sobre los derechos que tienen los acusados a guardar silencio y a contar con un abogado defensor. En esta línea, las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido. En consecuencia, cualquier declaración del imputado que se obtenga en esas circunstancias tiene que declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación. En esos casos, la declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso, ya sea propiamente mediante una confesión del inculpado rendida ante el Ministerio Público o un testimonio de referencia de un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración autoincriminatoria llevada a cabo por el inculpado." Bajo esas premisas, acertadamente la sala responsable estimó que la declaración ministerial de Encarnación Martínez Colorado alias "El Lagarto" (coprocesado) de veinte de julio de dos mil doce, recibida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, encuadra en los supuestos de una prueba ilícita y no debía tomarse en cuenta para efectos de la valoración al dictar sentencia definitiva en contra del aquí quejoso Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle. Decisión que encuadra bajo los lineamientos ya citados en la Jurisprudencia de la Primera Sala del más alto tribunal de este país. Por ende, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 543 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca aplicable, correctamente ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez penal de origen efectué el juicio de exclusión de ese medio probatorio y con plenitud de jurisdicción, dentro del término de ley, dicte la sentencia que en derecho corresponda. Apoya lo expuesto, la tesis de Jurisprudencia del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1380, registro 2016702, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA ILÍCITA EN EL SISTEMA PENAL FEDERAL TRADICIONAL. EL JUICIO DE EXCLUSIÓN CUANDO AQUÉLLA CONSISTA EN LA FALTA DE DESIGNACIÓN DE DEFENSOR DESDE QUE EL INCULPADO FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, CORRESPONDE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. De la interpretación sistemática, funcional y pragmática de los artículos 1o., fracciones III y IV, 86, 90, 94, 150, 363, 387, 388, fracción XV y 389 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, en armonía con los modelos constitucional y penal actuales, entre cuyos principios y derechos se encuentran los relativos a que las personas tienen derechos de audiencia, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa adecuada, entre otros, en términos de los artículos 14, 16 y 20, apartados A, fracciones V, IX, y B, fracciones I y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la metodología que debe seguirse en el juicio de exclusión de pruebas por ilicitud en el sistema penal federal tradicional, supone la participación directa del Juez de primera instancia, sin que ello impida que el tribunal de apelación pueda analizar este tópico; sin embargo, acorde con la lógica normativa de cada instancia judicial, las facultades del tribunal revisor se acotan en el análisis de la legalidad sustantiva e instrumental y, por ende, su participación se limita a detectar si el desahogo de alguna prueba nula amerita la reposición del proceso. Así, cuando esto sea detectado por el tribunal de alzada, debe ordenar la reposición para que el Juez de la causa efectúe el juicio de exclusión probatoria bajo los principios de inmediación, equidad procesal y contradicción, pues ese proceder garantiza que las partes, en términos de igualdad, controviertan directamente frente al Juez aquellos puntos atinentes a la ilicitud de la prueba consistente en la falta de designación de defensor desde el momento en que el inculpado fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, en el entendido de que en el análisis, no sólo se tomarán en cuenta los argumentos de las partes en aras de dilucidar los efectos de la ilicitud probatoria, sino también el parámetro establecido en la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar, de manera enunciativa, si se presenta algún límite para la exclusión, como puede ser, de manera enunciativa que se actualice: a) la atenuación en la contaminación de la prueba; b) la obtención por fuente independiente; o, c) el descubrimiento inevitable; para tras ello concluir qué material probatorio amerita su repulsión para sustraerlo del conocimiento del Juez en la eventual valoración de las pruebas, en tanto que esa forma de proceder beneficia en mayor medida tanto los intereses del inculpado, como los del ofendido, al brindarles la oportunidad de defenderse adecuadamente, aunque ello implique alguna inversión adicional de tiempo dentro del proceso penal." Finalmente, como bien se indicó en párrafos precedentes, son jurídicamente ineficaces la totalidad de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, toda vez que van encaminados a demostrar la inocencia del quejoso. No así a desvirtuar las consideraciones de la sala responsable para reponer el procedimiento penal de origen al advertir una violación al procedimiento. Máxime que dicha resolución puede ser benéfica para el aquí quejoso, al ordenar que se excluya del caudal probatorio la declaración del imputado Encarnación Martínez Colorado alias "El Lagarto" (coprocesado) de veinte de julio de dos mil doce, recibida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la cual hace un señalamiento directo en su intervención de los hechos delictivos. X. DECISIÓN En ese orden de ideas, ante lo jurídicamente ineficaces de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y no existir materia para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege Juan Francisco Villanueva Valle o Francisco Villanueva Valle, contra el acto que reclamó de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, por las consideraciones expuesta en el considerando IX de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, ante el secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, quien autoriza y da fe.
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