Juan Francisco Villa González

Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
785/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Francisco Villa González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que por acuerdo dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidas las constancias e informe justificado referente a la ampliación de demanda rendido por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tecuala, Nayarit (foja 295); luego, de las actuaciones que integran el legajo certificado correspondiente al sumario natural 736/2016, se advierte que finalizan con la actuación realizada el nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 59 a 62, legajo por separado), respecto del desahogo de las pruebas confesional y testimonial, sin que al día de hoy se haya recepcionado actuaciones posteriores a esa fecha; ello, pues desde la fecha de presentación del informe en comento al día de hoy han transcurrido más de cinco meses, tiempo en el cual pudiera haberse efectuado dentro del sumario natural alguna actuación de la que se advierta alguna causal de improcedencia. Además, de que en el informe aludido la autoridad en cita manifestó que en dicho juzgado existe otro expediente registrado bajo el número 304/2017, en el cual Jesús Coronado Sánchez demandó a Jesús Antonio Martínez Herrera y Cristina Peraza Orozco, por el reconocimiento de la menor con iniciales "N. C. M. P.", estos últimos, en su calidad de partes tercera interesada y quejosa, respectivamente, en este juicio; por ende, resulta necesario recabar las documentales relativas al expediente en mención a fin de obtener mayores elementos que permitan resolver el presente juicio de amparo. En ese tenor, de conformidad con lo previsto por el ordinal 75 de la Ley de la materia, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tecuala, Nayarit, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el presente oficio, informe si dentro del expediente 736/2016, de su índice, se han realizado actuaciones posteriores a la diligencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete, y en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de dichas constancias; asimismo, deberá enviar en los términos indicados con antelación, la totalidad de las documentales referentes al diverso sumario 304/2017. Apercibido que en caso de ser omiso, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con cinco minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1850/2017 promovido por María Olga Velázquez Peña; la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del secretario Octavio Parra García que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el precepto 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario da lectura a la demanda de amparo y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito inicial de demanda, en el cual se ofrecen pruebas documentales; b) Informe con justificación rendido por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos; Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Nayarit; Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Titular de dicha Secretaría y de sus Unidades Administrativas; Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; y pruebas documentales; y, c) Oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió la ejecutoria pronunciada el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 355/2017, de la que se aprecia que se declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, contra el auto en el que se admitió la demanda. Además, el secretario certifica: que la parte quejosa en su escrito de demanda ofreció pruebas documentales y solicitó se requiriera al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que informara la cantidad descontada a la solicitante del amparo en los años dos mil tres a dos mil diecisiete por concepto 53. En atención a lo indicado con anticipación, la juez acuerda: En términos del precepto 117 de la ley de la materia, se tienen por relacionadas las constancias de autos y por hecha la certificación que antecede. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, no ha lugar a requerir al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que informe la cantidad descontada a la quejosa en los años dos mil tres a dos mil diecisiete por concepto 53. Ello, porque la Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación de la oferente, ya que a la juzgadora no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa la juzgadora de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del precepto 121 de ley de la materia. Máxime, que al rendir el informe con justificación la responsable expresó: "informo a su Señoría bajo protesta de decir verdad que los talones de cheque se encuentran en poder de la parte quejosa, debido a que ésta viene cada quincena a recoger su talón en esta Dirección General del Fondo de Pensiones, por lo que no se tienen constancias para anexar al presente informe justificado;" en tanto que la solicitante del amparo no efectuó manifestaciones, a pesar de que fue notificada de dicho informe. Es aplicable, por analogía, la tesis IV.1o.C.33 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página dos mil seiscientos ochenta y tres, tomo XXVI, julio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 171951, cuyo contenido versa: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." Sin más documentales que deban relacionarse, en este acto se da comienzo con el período probatorio; así, conforme lo previsto en los arábigos 119 y 123 de la ley en cita, se admiten las pruebas descritas, las cuales se desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, mismas que en su oportunidad se tomarán en consideración. Seguidamente, sin haber pruebas pendientes de proveer, se cierra la etapa correspondiente y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los formulara. Se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia y se procede a dictar la siguiente resolución:

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención a solicitado por oficio 15043/2018-IX, de diecisiete de abril del año en curso (foja 249), informa que se autorizó el pago del dictamen que en su momento rinda el perito oficial ********************, por la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), misma que incluye IVA y a la que deberán efectuárseles las retenciones de Ley; indicando que una vez que sea rendido y ratificado, la solicitud para cubrir el monto autorizado deberá remitirse a la Administración Regional de esta ciudad, con los documentos que precisa. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción I y 148, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado perito para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita el dictamen correspondiente, tomando en consideración lo señalado por este Juzgado. Hecho lo anterior, deberá presentarlo ante este Órgano Jurisdiccional.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el auto de dieciséis de abril del año en curso, en el cual el Presidente de ese Tribunal, admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria de doce de marzo del año actual, dictada en el Incidente de suspensión relativo al juicio de garantías *; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes.

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