Juan Francisco Sillas Rocha

Expediente 1119/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1119/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Francisco Sillas Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda de amparo respecto de todos los actos reclamados y en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. Predio Rústico denominado "Huerto Santa Isabel", Carretera Cantón Murillo Km 0+450, de esta ciudad. NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO: JUAN FRANCISCO SILLAS ROCHA. JUICIO DE AMPARO 1119/2022, MESA II-A. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que siendo las nueve horas del veintitrés de septiembre del año en curso, se notifica al quejoso Juan Francisco Sillas Rocha, por medio de lista el contenido del proveído dictado en este expediente el nueve de septiembre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo número 1119/2022, del índice de este juzgado, cuya síntesis dice: . ". Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Visto el oficio suscrito por el Secretario de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en el acuerdo de dos de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 46/2022-I-A, en el que ordenó remitir el escrito original de ampliación de demanda presentado por los quejosos Vicente Alberto Rosas Cano y Juan Francisco Sillas Rocha, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que se le dé trámite de demanda independiente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgado que conozca del juicio examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita. Por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por resultar notoriamente improcedente..", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), j), k), 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón asentada por la Actuaria adscrita a este juzgado de veintiuno de septiembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al promovente de amparo Juan Francisco Sillas Rocha, el contenido del proveído de nueve de septiembre del año en curso, en virtud que egresó de su centro de reclusión por traslado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle al citado promovente de amparo, el contenido del referido proveído, esta y las subsecuentes resoluciones así como las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este Juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Secretario de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en el acuerdo de dos de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 46/2022-I-A, en el que ordenó remitir el escrito original de ampliación de demanda presentado por los quejosos Vicente Alberto Rosas Cano y Juan Francisco Sillas Rocha, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que se le dé trámite de demanda independiente. Ahora bien, del acuerdo y escrito de mérito se advierte que la acción constitucional se escindió respecto de los siguientes actos: 1.- Del Titular y/o Encargado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de quien reclama no supervisar el actuar de los médicos penitenciarios del Centro Federal donde se encuentran privados de su libertad. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 2.- Del Secretario de Educación Pública, de quien reclama expedir cedulas profesionales a médicos que no ejercen su profesión correctamente. 3.- Del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, por permitir los abusos por parte de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio y en función de Jueces de Ejecución, así como del Administrador de Justicia del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad al ser parciales y favorecer a las autoridades penitenciarias, otorgando prorrogas para presentar sus informes de manera tardía, y permitir se alarguen los juicios médicos hasta un año. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese la demanda de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1119/2022-II-A; que le corresponde. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgado que conozca del juicio examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, mientras que lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Pues bien, respecto de los actos reclamados numerados con 1 y 2 del apartado que precede, este órgano de control constitucional considera que se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción del juicio de amparo, los actos reclamados debieron combatirse a través de la "controversia judicial" prevista en los artículos 114 y 117, fracción II, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, a fin de acreditar dicho aserto es pertinente señalar que el primero de los citados artículos establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También, no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse los actos reclamados de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que las actuaciones reclamadas se clasifican dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. Ahora bien, a continuación resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos, y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 7 Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, peticiones o quejas por escrito, integridad moral, física, sexual y psicológica, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 8 penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, los internos también tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal, cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física o psicológica del interno, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama diversas condiciones José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 9 de internamiento en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso que respecto a dichos actos existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, máxime que, como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 10 Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna, o de dar cumplimiento a lo que ya se haya decidido sobre el particular. Tanto más que el propio quejoso menciona que dicha omisión deriva de una controversia planteada en ese sentido, por lo que tiene expedito su derecho de gestionar lo conducente ante el juez de control o bien, instar nuevamente la petición de atención médica conforme al mecanismo legal precisado. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia PC.III.P.J/18(10ª), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2018, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado del en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que su rubro dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE CUMPLIRSE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMEN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA. Así como lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 11 diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, donde se analizaron las peticiones por casos urgentes relacionadas con las condiciones de internamiento, con relación a lo cual se estableció que el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos. Para mayor reforzamiento se cita la jurisprudencia que derivó de la citada contradicción de tesis, Registro digital: 2018548, 1a./J. 79/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, que dice: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 12 amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita. Por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por resultar notoriamente improcedente. Por otro lado, atinente al acto numerado con 3, relacionado con la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación al 100 párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los actos y determinaciones del propio consejo son inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;. Artículo 100. . .Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 13 En efecto, los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y décimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente. Cobra aplicación la jurisprudencia 25/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 181762, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 5, que dice: José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 14 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente. Luego, si el acto reclamado por el quejoso deriva directamente de las atribuciones, actos y determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal; entonces, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en relación al 100 párrafo décimo de la Ley Máxima de la Nación, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 15 vez que los quejosos Vicente Alberto Rosas Cano y Juan Francisco Sillas Rocha, se encuentran privados de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 16 cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 17 Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.

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