Juan Francisco Rosales Esqueda

Expediente 324/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
324/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Francisco Rosales Esqueda

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 22174 de dieciocho de junio pasado, por el que le fueron remitidos los autos originales del presente asunto, el original y una copia del escrito de agravios; de igual forma, hace del conocimiento que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de veinticuatro de mayo pasado, medio de impugnación que quedó registrado bajo el número de recurso de revisión R.P. 166/2018.

  2. Principal

    MESA IV. Agréguese el escrito signado por Juan Francisco Rosales Esqueda, quejoso en el presente juicio, mediante el cual formula alegatos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza, las cuales se tomarán en cuenta al momento de resolver el presente asunto. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita y tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en la Penitenciaria de esta ciudad, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en las instalaciones del centro penitenciario de referencia, le notifique el presente proveído y le haga entrega de copia autorizada de todo lo actuado en el presente juicio, previa razón de recibo que se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1ª./J. 27/2014 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347, Tomo I, Junio de 2014, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2006793, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido."

  3. Principal

    MESA IV Agréguese el oficio signado por la Juez Décimo Noveno Penal de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo del año en curso (fojas 70 y 71), en virtud de que remite las constancias solicitadas; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrar la audiencia constitucional.

  4. Principal

    MESA IV Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado que se provee, se aprecia que la autoridad oficiante no remitió la totalidad de las constancias que justifican el acto reclamado. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la sentencia de primera y segunda instancia, en relación a la causa penal 39/2000. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 17/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, impresa en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Con el apercibimiento que de incumplir con lo señalado en el párrafo que antecede, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, y 260, fracción II de la ley de la materia, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivo y subjetivo que para tal fin deban cubrirse.

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