Juan Francisco Roblero Moreno
Expediente 473/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2022
Partes del expediente
- Juan Francisco Roblero Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista, La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista la razón signada por el actuario judicial de esta adscripción, en la que hace constar que no pudo llevar a cabo la notificación del proveído de doce de abril del año en curso, a ********************, toda vez que al constituirse al domicilio que tiene señalado para oír y recibir notificaciones, le manifestaron que no que no conocían al aquí quejoso y tampoco a sus autorizados, que anteriormente era un despacho de abogados pero que en la actualidad se trata de un domicilio particular. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, en salvaguarda de las garantías de seguridad jurídica que deber prevalecer en todo procedimiento, para no dejarlo en estado de indefensión, con base en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, instrúyase al Actuario Judicial que dicho auto se le notifique mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. NOTIFÍQUESE POR LISTA. auto de doce de abril del año en curso: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto del Director de la Clínica de Medicina Familiar "B" del Hospital Doctor Belisario Domínguez Palencia y del Encargado de la Coordinación de Enseñanza e Investigación de la clínica mencionada, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 473/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Partiendo de esta premisa, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El oficio 07.0214.0200-0430-2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se le comunica la cancelación de su residencia médica en la Unidad Médica Familiar "B" del Hospital Doctor Belisario Domínguez Palencia, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Cabe mencionar que en su escrito de demanda el quejoso manifiestó que en el mes de marzo de dos mil veintiuno fue aceptado como médico residente de la clínica de Medicina Familiar "B" del Hospital Doctor Belisario Domínguez Palencia, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajadores del Estado, en esta ciudad; sin embargo que el cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante oficio 07.0214.0200-0430-2022, suscrito por el Doctor Eric Olaf Esquinca López, Director de la Clínica de Medicina Familiar de dicho instituto, y por Miguel Ángel Alejandro López Pérez, Encargado de la Coordinación de Enseñanza e Investigación de la clínica mencionada, se le informó la cancelación de su residencia médica, debido a diversas inasistencias a sus labores como médico residente. En esa tesitura, este juzgador, oficiosamente estima que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Expuesto lo anterior, se estima que el acto reclamado - oficio 07.0214.0200-0430-2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se le comunica la cancelación de su residencia médica en la Unidad Médica Familiar "B" del Hospital Doctor. Belisario Domínguez Palencia, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad- no se considera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues el acto reclamado, que se traduce en la "baja de la residencia médica", tiene una naturaleza eminentemente laboral, que se genera precisamente por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador y patrón, en este caso entre el quejoso con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que el oficio emitido por dicho organismo, queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones, el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, siendo en el caso concreto las previstas en el capítulo XVI de la Ley Federal del Trabajo, intitulado: "Trabajos de Médicos Residentes en Período de Adiestramiento en una Especialidad" del Título Sexto denominado: "Trabajos Especiales", congruentemente con la doble personalidad del Estado, en el particular un organismo público autónomo; por ende, el acto de que se duele el quejoso no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la 2a./J. 2/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del referido artículo 12, párrafo segundo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de abril de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por el apoderado Legal de la Secretaría e Instituto de Salud, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se dé trámite al incidente innominado de imposibilidad jurídica y material de cumplimiento a la ejecutoria Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio para que obre como corresponda. Ahora bien, visto lo manifestado por las autoridades responsables, en donde adujó la imposibilidad jurídica y material que tiene para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, por las razones que informa y atendiendo a que el derecho de la autoridad responsable de demostrar la imposibilidad conforme a la tesis aislada P. XCIV/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." Ahora, conforme lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito que haya conocido del juicio de amparo, pronunciarse en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, de que existe imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración, máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias. Es aplicable la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En esa virtud, con fundamento en el artículo 66, de la invocada ley de la materia, dígasele a la autoridad oficiante que no ha lugar a tener por admitido el incidente innominado de imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que los lineamientos para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se encuentran claramente establecidos en la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la cual se concedió para efecto que la autoridad responsable dentro del término de diez días hábiles, ante el Juez Segundo Especializado en Juicio Oral Mercantil, sito en esta ciudad, haga el pago de las cantidades de, $584,640.00 (quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y de $186,493.86 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 86/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, a los que fue condenada en sentencia definitiva e interlocutorias citadas, dentro del juicio oral mercantil 326/2018. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ULTIMA OCASIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan todas y cada una de las constancias con las que acrediten las gestiones administrativas que se encuentren realizando ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, a efectos de que esta adecúe o libere el recurso pertinente para realizar el pago respectivo, y con ello lograr el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, ya que manifestó que por oficio CJG/SJC/058/2022, de veinte de enero del año en curso, la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso, Dirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Consejería Jurídica del Gobernador, emitió el dictamen donde declaro la PROCEDENCIA de pago para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiocho de julio del dos mil veintiuno, haciéndoles de su conocimiento que subsisten los apercibimientos con que se les conminó en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, esto es, SE LE IMPONDRÁ MULTA A SU TITULAR Y SE DARÁ INICIO AL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Juan Francisco de la Cruz José738/2016
- Juan Francisco de la Cruz José553/2019
- Juan Francisco de la Cruz José1744/2023
- Juan Francisco Felipe423/2020
- Juan Francisco Herrera Nañez1484/2019
- Juan Francisco Herrera Nañez1361/2019
- Juan Gabriel Mendez López1363/2017
- Juan Gabriel Pérez González78/2019
- Juan Gabriel Sánchez Ordoñez458/2016
- Juan Gabriel Sánchez Ordoñez836/2016
- Juan Gabriel Solis López743/2016
- Juan Gabriel Toledo Ibarra1109/2019