Juan Francisco Razo Macías

Expediente 1175/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1175/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Francisco Razo Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia recaída en este juicio en la que se negó el amparo, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado.Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe oficio de cuenta, remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado al que también se adhiere el Actuario adscrito a dicha Junta Especial y, visto su contenido, se ordena agregar únicamente para efectos de control, virtud que en diecisiete de noviembre del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se negó la protección de la justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; Y, RESULTANDOPor lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 1) Juan Francisco Razo Macías, por los motivos expuestos en el considerando sexto. SEGUNDO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, quien manifiesta que el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del citado Instituto, tuvo a bien diligenciar el oficio xxxxxxxxxxxx, por el cual refiere se da respuesta congruente, fundada y motivada a la parte quejosa respecto a su petición en cuanto a esa autoridad corresponde, informando "Que a la fecha ha sido debidamente integrado su solicitud con los requisitos señalados por el Juez de Distrito v la misma fue turnado a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de ISSSTECALI para la consecución del procedimiento pensionario. Haciendo de su conocimiento que con dicho acto culmino la intervención de este Departamento en relación a su solicitud, toda vez queno existen más acciones que realizarpor parte de la suscribiente ya que en estafase del procedimiento culminan sus facultades."; asimismo, remite copia del oficio de mérito con firma de recibido en original. Lo que se tiene por manifestado para los efectos legales correspondientes, en el entendido de que únicamente se le tiene informando las gestiones que ha realizado, no así dando cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, por lo que no es dable para tales efectos tomar en consideración el oficio que remite, mismo que está dirigido a la quejosa, ya que éste no contiene la respuesta a que se refieren los lineamientos del fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector, mismos que son los siguientes: ""SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a (I) xxxxxxxxxxxxx, para los siguientes efectos: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1. Deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa xxxxxxxxxxxx; 2. Deberán dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio presentada por la promovente del amparo el quince de marzo de dos mil diecinueve, la cual deberá ser emitida por escrito; 3. Deberá ser en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto; 4. Deberá ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa; 5. Deberán notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la parte inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. A mayor abundamiento, conforme al punto cuatro, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. (.) En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." [.]" Último requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. En consecuencia, dado que el cumplimiento al fallo protector es una cuestión de orden público y, por ende, debe acatarse en todos sus términos por las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, procede requerir nuevamente y por última vez el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Apercibimiento. Apercibidas para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les hará efectiva una multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2021) equivale a $89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa es equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); misma que podrá duplicarse en caso de incumplimientos reiterados por parte de la autoridad requerida. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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