Juan Francisco Ramírez Barrios
Expediente 648/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Francisco Ramírez Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil, con sede, Morelia, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 20797/2017 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de quince de diciembre pasado y se le envió dos tomos de prueba que contenía copias certificadas del juicio ordinario mercantil 259/2007 de su estadística.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en atención al requerimiento que se formuló en el proveído de ocho de noviembre pasado, remite copias certificadas del juicio ordinario mercantil 259/2007; toda vez que el seis de diciembre pasado, se proveyó al respecto. Por otra parte, visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las autoridades señaladas como responsables foráneas, con los cuales computar el término de diez previsto para interponer recurso de revisión, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la determinación dictada en el presente juicio. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de dos tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio ordinario mercantil 259/2007 que como justificación a su informe anexó el Juez Tercero de Primera Instancia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en atención al requerimiento que se formuló en el proveído de diez de octubre pasado, remite copias certificadas del juicio ordinario mercantil 259/2007; toda vez que el veintiocho de noviembre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE AL QUEJOSO Y LOS TERCEROS INTERESADOS: Visto el estado de autos y las constancias que a su informe justificado adjuntó la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Partido de Morelia, Michoacán, consistentes en copia certificada del juicio ordinario mercantil M-259/2007 de su estadística, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar los antecedentes del acto reclamado que son los siguientes: El licenciado ********** en su carácter de apoderado de la empresa denominada **********, demandó en la vía ordinaria mercantil a ********** y a **********, el pago de pesos y otras prestaciones. La demanda se radicó en auto de veintitrés de marzo de dos mil siete ante el Juzgado Tercero Civil de Partido del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con el número M-259/2007 y se ordenó el emplazamiento de la parte reo. Tramitado el juicio por sus etapas procesales, se dictó sentencia el veintiséis de marzo de dos mil ocho en la que se determinó que resultaron improcedentes las acciones personales o de crédito real hipotecaria que hizo valer la parte actora; en consecuencia, se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y se condenó a la actora al pago de los gastos y costas del juicio. En contra de dicha determinación la parte actora hizo valer recurso de apelación, del que tocó conocer al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien el cuatro de noviembre de dos mil ocho decidió revocar la sentencia impugnada y condenar a la parte reo al pago de las prestaciones reclamadas. En proveído de doce de diciembre de dos mil ocho, a petición de la parte actora se requirió a los demandados el cumplimiento voluntario de la ejecutoria dictada en el procedimiento natural, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Por otra parte de autos se advierte que: En auto de doce de septiembre pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que fue la autoridad que revocó la sentencia de primer grado y condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Al no haber hecho manifestación alguna, se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y como consecuencia, se ordenó continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda. En esa tesitura, como la sentencia de segunda instancia sustituyó a la apelada, entonces la ejecución y el procedimiento de remate del que deriva la afectación de que se duele la parte quejosa, -lo que constituye el acto reclamado-, derivan de la sentencia de segunda instancia, motivo por el cual le resulta el carácter de autoridad responsable al Magistrado antes referido, sin que haya sido señalado con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto al acto que se tacha de inconstitucional; pues ante la omisión del quejoso en señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por ser quien emitió la resolución que revocó la de primera instancia y de donde deriva el procedimiento de remate del que se duele el quejoso, lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional; este juzgado no puede resolver sobre la constitucionalidad o no del mismo. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó, esto es, al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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