Juan Francisco Pozos González

Expediente 1826/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1826/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Francisco Pozos González

Actuaciones

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Trámite incidente. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 138, 140 y 147, de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1826/2023, promovido por la parte quejosa Juan Francisco Pozos González y/o Ramiro Pozos González contra el acto reclamado a las siguientes autoridades: Juez Noveno de lo Penal, con residencia en Puente Grande, Jalisco; y Fiscal General del Estado de Jalisco. Director de Cumplimientos de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Encargado de Grupo de la Policía Investigadora, adscrito al Área de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 2. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con cuarenta minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. 3. Informes previos. Pídase informes previos a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Además, deberán proporcionar en su caso los datos necesarios, tales como la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; los datos personales de éste, a fin de determinar su situación económica; y, la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, para estar en posibilidad de acordar en su momento lo procedente, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo. Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 142 y 260, fracción I, de la Ley de la materia, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. 4. Suspensión provisional. En principio se destaca que el quejoso reclama: "La omisión por parte del juez Noveno de lo Penal de ordenar dar cumplimiento a la orden de aprehensión por reclusión, en contra de Juan Francisco Pozos González, en el CEFERESO Once CPS Sonora, en Hermosillo, y la negativa de ejecutarla por las autoridades señaladas en los incisos b), c) y d)." Efectos. Asimismo, la parte quejosa solicita la suspensión del acto controvertido para el efecto siguiente: "Solicito me conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con suspensión del acto reclamado a efecto de que se le requiera al Juez Noveno Penal de que Ordene para que den cumplimiento a la orden de aprehensión por reclusión contra Juan Francisco Pozos González y el Juez le requiera al Fiscal General y Director de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales, ambos del Estado de Jalisco para que acorde con las formalidades procesales que requiere el caso de manera inmediata, cumplimenten la orden de aprehensión por reclusión del quejoso quien se encuentra recluido en el CEFERESO Once CPS-Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, y la ponga a disposición para los efectos que hace referencia el artículo 19 constitucional y en tanto que las aludidas autoridades ejecutorales deberán actuar de manera inmediata y eficaz contra la orden que emita el juez responsable "leal proceso." Ahora, a fin de resolver sobre la suspensión provisional, el juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." 5. Negativa de la medida cautelar. Respecto a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional y en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por el impetrantes de amparo dado que el acto reclamado tiene naturaleza omisiva. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Al respecto, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo, omisivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera; por lo que, si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como lo es, que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. En esa virtud, de considerar procedente conceder la suspensión provisional implicaría dar efectos restitutorios a dicha suspensión, lo cual es propio de la sentencia de amparo en caso de que fuere oportuno conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." En consecuencia, procede negar la suspensión provisional respecto al acto reclamado señalado. Notifíquese; y personalmente al impetrante de amparo en su lugar de reclusión, así como por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, enviado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicio Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual informa que el veintiuno de noviembre del año en curso, determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 1808/2023 de su índice. Asimismo, refiere que la competencia corresponde a un Juzgado de Distrito con residencia en Hermosillo, Sonora. 2. Se acepta competencia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. Acúsese recibo de los autos del expediente de que se trata al homólogo federal, y requiérase el escrito original de la demanda de amparo. 3. Se admite demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ******************** y/o Ramiro Pozos González contra el acto reclamado al ********************y otras autoridades. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con seis minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 5. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional ******************** a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de incumplir con lo anterior en el lapso fijado, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto que se les reclama. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida y actualización. 7. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. 8. Prevención a las autoridades. En caso de que se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se les notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10a.), de título: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete. 11. Parte tercera interesada. Una vez que la responsable rinda su informe justificado, en su caso, se proveerá respecto de la existencia de parte tercera interesada. 12. Incidente de suspensión. Por otra parte, se debe precisar que, la parte quejosa en el apartado que denominó "SUSPENSIÓN" solicita la suspensión del acto reclamado con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, del estudio integral de demanda, no se advierten actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los previstos por el arábigo 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, tramítese por separado el incidente de suspensión, toda vez que fue solicitado por la parte quejosa. 13. Pruebas. Del escrito que se atiende, se advierte que la parte quejosa no ofreció medios de convicción. 14. Domicilio. Asimismo, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", toda vez que se encuentra privado de su libertad. 15. Autorizados. Ahora bien, no se advierte que la parte quejosa cuente con algún defensor o autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, en el escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa designó como defensa al que se encontrare adscrito a este juzgado. En esa tesitura, a fin de que el aquí quejoso no quede en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ordena enviar oficio con copia de la demanda y del presente acuerdo de prevención al delegado de la Defensoría Pública Federal en esta ciudad, para que a la brevedad posible designe defensor para que represente a ******************** en el presente juicio. 16. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 17. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 23. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese; mediante oficio al homólogo federal, así como a las autoridades responsables y al delegado de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, personalmente a la representación social de la adscripción, así como a la parte quejosa en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano