Juan Francisco Muñoz Arriaga

Expediente 1702/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1702/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Francisco Muñoz Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el dos de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es a quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita; y, 2. Devolver a la quejosa la cantidad de la manera siguiente: Recibo oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver A 54844175 10105 $5,543.00 $499.00 $5,044.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dichas fracciones e incisos, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En el entendido que la cantidad devuelta deberá ser debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido, a través de cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco." Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en los recibos oficiales de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda.." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado PFE-DCHE-JA-23372, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número Cincuenta, con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-23371, de cuatro de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Directora de Servicios al Contribuyente, por el cual le solicitó el cálculo de actualizaciones, de la cantidad consignada por el recibo de pago A54844175. La autoridad administrativa de referencia, por medio del oficio PFE-DCHE-JA-24299, allegó copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-24297-22, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido al Director de Gastos de Operación y de Obra, a quien le solicitó la expedición del contra recibo a favor del impetrante, valioso por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional). El Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y Comercio con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, mediante el comunicado 711/2022, señaló las razones por la cuales consideraba que la devolución ordenada era competencia de diversa autoridad administrativa. La Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del oficio PFE-DCHE-JA-25228, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-25227-22, de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dirigido al Director de Gastos de Operación y Obra, a quien le solicitó la expedición del contra recibo a favor del incoante, también del comunicado PFE-DCHE-JA-24296, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Subsecretaría de Ingresos, por medio del cual le informó de la concesión del fallo protector. La autoridad administrativa de referencia, mediante los comunicados PFE-DCHE-JA-27236 y PFE-DCHE-JA-28016, allegó copia certificada de la orden de pago 2110241, a favor del quejoso, valioso por la cantidad antes señalada, así como del oficio PFE-DCHE-JA-24298, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido al impetrante, por el cual lo requirió a fin de que acuda a recoger el contra recibo a su favor, así como la notificación correspondiente al incoante llevada a cabo el ocho de agosto de dos mil veintidós, por concepto de la devolución del derecho previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, desincorporándolo de la esfera jurídica de dicho precepto. Con lo cual, en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, se expidió el contra recibo a favor del impetrante, valioso por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del derecho previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, desincorporándolo de la esfera jurídica de dicho precepto. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el dos de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es a quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita; y, 2. Devolver a la quejosa la cantidad de la manera siguiente: Recibo oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver A 54844175 10105 $5,543.00 $499.00 $5,044.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dichas fracciones e incisos, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En el entendido que la cantidad devuelta deberá ser debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido, a través de cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco." Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en los recibos oficiales de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda.." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado PFE-DCHE-JA-23372, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Número Cincuenta, con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-23371, de cuatro de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Directora de Servicios al Contribuyente, por el cual le solicitó el cálculo de actualizaciones, de la cantidad consignada por el recibo de pago A54844175. La autoridad administrativa de referencia, por medio del oficio PFE-DCHE-JA-24299, allegó copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-24297-22, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido al Director de Gastos de Operación y de Obra, a quien le solicitó la expedición del contra recibo a favor del impetrante, valioso por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional). El Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y Comercio con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, mediante el comunicado 711/2022, señaló las razones por la cuales consideraba que la devolución ordenada era competencia de diversa autoridad administrativa. La Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del oficio PFE-DCHE-JA-25228, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-25227-22, de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dirigido al Director de Gastos de Operación y Obra, a quien le solicitó la expedición del contra recibo a favor del incoante, también del comunicado PFE-DCHE-JA-24296, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Subsecretaría de Ingresos, por medio del cual le informó de la concesión del fallo protector. La autoridad administrativa de referencia, mediante los comunicados PFE-DCHE-JA-27236 y PFE-DCHE-JA-28016, allegó copia certificada de la orden de pago 2110241, a favor del quejoso, valioso por la cantidad antes señalada, así como del oficio PFE-DCHE-JA-24298, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido al impetrante, por el cual lo requirió a fin de que acuda a recoger el contra recibo a su favor, así como la notificación correspondiente al incoante llevada a cabo el ocho de agosto de dos mil veintidós, por concepto de la devolución del derecho previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, desincorporándolo de la esfera jurídica de dicho precepto. Con lo cual, en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, se expidió el contra recibo a favor del impetrante, valioso por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del derecho previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, desincorporándolo de la esfera jurídica de dicho precepto. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a diez de agosto de dos mil veintidós. Aclara promoción. Visto el oficio de cuenta, se advierte que se dirige al juicio de amparo 1729/2021, sin embargo, de su contenido y una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano federal, se desprende que el mismo corresponde al presente juicio de amparo 1702/2021. Sirve de sustento la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 181893, Materias(s): Común, Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 264, que dice: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." En razón a lo anterior, se provee a continuación: Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del oficio PF-DC-JA-24298 de once de julio del año en curso en el que informó a la parte quejosa que el Procurador Fiscal del Estado, dictó acuerdo el uno de julio de dos mil veintidós, en el que ordenó la devolución de la cantidad pagada por la parte quejosa y con ello se desincorporó de la esfera jurídica de la parte promovente el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, asimismo, reme copia certificada de la orden de pago 2110241, expedida a favor de Juan Francisco Muñoz Arriaga, por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de la devolución ordenada en el fallo protector, así como de la notificación respectiva a la parte quejosa. Domicilio y correo electrónico. Se toma nota del correo electrónico para comunicaciones no procesales y se le tiene designando como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en el comunicado de cuenta. Lo anterior, se ordena agregar al expediente sin mayor acuerdo sustancial, toda vez que en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós se recibió dicha información y documentales. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias certificadas del contra-recibo 2110241, expedido a nombre del impetrante Juan Francisco Muñoz Arriaga, por la cantidad de $5,369.33 (Cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de la devolución ordenada en el fallo protector y del oficio dirigido al quejoso informando de ello. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correrle traslado con el comunicado y anexos de cuenta; para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

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