Juan Francisco Moreno Chávez
Expediente 431/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Francisco Moreno Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 88 a 91), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal, a recoger las documentales exhibidas en el presente sumario constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado las mismas serían destruidas con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado en el proveído de referencia, sin que la indicada parte procesal acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos que se acompañaron al sumario en que se actúa serán destruidos con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable y a la tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Del mismo modo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diez de febrero de dos mil diecisiete, Decima Época, con número de registro 2013630, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, toda vez que existe un anexo presentado por el quejoso en su escrito de demanda, se ordena notificar personalmente a dicha parte, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento original que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo número 431/2018-III, promovido por Juan Francisco Moreno Chávez por conducto de su apoderado legal Maximiano Castillo Balleza, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Con fundamento en el numeral 119, primer párrafo, de la referida legislación, se tiene como prueba de la citada autoridad la documental que acompaña, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso (foja 32), se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente cuaderno principal; no obstante, toda vez que mediante el presente proveído se proveyó lo conducente en párrafos que anteceden respecto del informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí; de ahí que resulte inconcuso que entre la notificación del presente auto y la fecha en mención no trascurrirán los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de dicho informe, así como de sus anexos, a efecto de que estén en aptitud de manifestar lo que a sus intereses convengan. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia Constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.1 K (10a.) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1322 del Libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002712, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese.
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