Juan Francisco Martínez Magallanes
Expediente 106/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Francisco Martínez Magallanes
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 60527, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por medio del cual acusa de recibo del original del juicio de amparo 106/2017-III, de la estadística de este órgano jurisdiccional, e informa que el juzgado de Distrito de su adscripción se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo, el cual se registró en su estadística con el número 85/2017. En consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese al presente juicio de amparo el escrito firmado por el quejoso Juan Francisco Martínez Magallanes, con el cual cumple con la prevención de tres de febrero de dos mil diecisiete, manifestando que es su deseo señalar como autoridades responsables al: 1. Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. 2. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, con asiento en Monterrey. 3. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, con domicilio en Monterrey; y 4. Detective de la Unidad de Despliegue Estratégico de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, con residencia en Monterrey. En razón a lo anterior, es necesario mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la orden de aprehensión girada en su contra, manifestando bajo protesta de decir verdad que se encuentra internado en el "Hospital San José Tec de Monterrey", ubicado en Monterrey, Nuevo León, lugar en donde es custodiado por órdenes del Procurador y del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa entidad, quienes a su vez actúan en colaboración ejecutando una orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, Tamaulipas, derivado de la causa penal 16/2016, por el delito de robo domiciliario. Además, el inconforme refirió que interpuso una diversa demanda contra la privación ilegal de su libertad el dos de febrero de dos mil diecisiete, la cual se turno al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Por lo anterior, a quien corresponde conocer del presente juicio constitucional es en donde se ejecutó la orden de aprehensión reclamada, por ser la circunscripción territorial en la cual se ejecuta el mandamiento de captura que aquí se reclama, es al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y no a este órgano jurisdiccional, pues la actuación tildada de inconstitucional, se ejecutó en una localidad ajena a los que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, esto es, Monterrey, Nuevo León; por tanto, recaerá en el Juez de la jurisdicción en donde deba llevarse a cabo la ejecución de la orden que se reclama; lo anterior, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación la tesis 1a./J. 52/2013 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo I, Agosto de 2013, página 383, número de registro 2004166, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Sin que en el caso, por el hecho de que la parte quejosa señale domicilio convencional en esta ciudad, proceda fincar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, pues de hacerlo equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Cobra sustento la tesis 1a./J. 12/95, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 97, número de registro 200455, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Habida cuenta que el quejoso refiere que la orden de aprehensión ya se ejecutó y que ello aconteció en el Estado de Nuevo León, al margen de que no se ha completado que se le ponga a disposición del Juez responsable con motivo que está hospitalizado.
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