Juan Francisco Martínez Covarrubias

Expediente 1386/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1386/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Francisco Martínez Covarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ..

  2. Principal

    . Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. . En este orden de ideas, de inicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales consiste en los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- La omisión de hacer efectivo el apercibimiento a las demandadas y condenadas antes citadas a través de su representantes legales, por cuanto hace .a la moral SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACCEL S.A DE C.V., y ALMACENADORA ACCEL S.A., a través de su representan legal JESÚS ÁLVAREZ MORODO y a la moral ALMACENADORA ACCEL S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO a través de su representante legal Manuel Javier Muñoz Martínez consistente en la aplicación de una medida de apremio consistente en 7 días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, misma que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON NUEVE CENTAVOS (Considerando que el salario único para la República Mexicana es de ciento setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos), lo anterior de acuerdo a la facultad prevista por el artículo 731 fracción I de la Ley Federal del Trabajo con vigencia anterior a la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce. b).- La omisión de requerir por segunda ocasión a las demandadas y condenadas a través de sus apoderados legales para que exhiban ante esta autoridad los comprobantes de aportaciones y/o hagan entrega de las constancias relativas a los pagos de cuotas obrero patronal ante el IMSS, INFONAVIT y SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (AFORES) a favor del que suscribe JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ COVARRUBIAS de los periodos comprendidos del 27 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2011, del primero de mayo de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del primero enero de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, del primero de enero de dos mil quince al catorce de junio de dos mil quince, a razón de un salario diario de $1,109.33 (mil ciento nueve pesos con treinta y tres centavos), con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le aplicara una medida de apremio consistente en 50 días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, misma que asciende a la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M.N., (considerando que el salario único para la República Mexicana es de ciento setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos), esto con fundamento en lo previsto por el artículo 731 fracción I de la Ley Federal del Trabajo con vigencia anterior a la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce. Debiendo turnar el expediente al Actuario Adscrito a fin de requerir a estas. De la autoridad señalada como responsable se reclama todos los actos que sean consecuencia lógica natural y legal de los actos específicamente reclamados y que se traducen en una abierta dilación en la ejecución del laudo dictado por la junta responsable con fecha 25 de junio de 2021 dentro del juicio laboral número D-1/366/2012, contraviniendo con ellos lo previsto por los artículos 685, 731, 940, 945 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del trabajo vigente hasta el 30 de noviembre de 2012 que se relacionan con el artículo 17 Constitucional, retardando con ello dicha autoridad su función de administrar justicia atento a que, por el contrario es una de sus obligaciones impartir justicia de forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación laboral, motivo por el cual ante la violación manifiesta a las garantías individuales de seguridad jurídica y debido proceso legal como parte actora en el procedimiento laboral". Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado: La omisión de proveer el cumplimiento del laudo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral D-1/366/2012 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Luego, en el caso, se advierte de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Para sostener lo anterior, en principio es menester traer a colación los numerales 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales señalan: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Asimismo, el ordinal 519, fracción III de la Ley en cita, dispone: "Artículo 519.- Prescriben en dos años: . III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." Del contenido de dichos numerales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, so pena de que su acción se declare prescrita. Sin que en el caso, de las constancias exhibidas por el inconforme, se advierta alguna promoción en la que hayan solicitado la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, el cual tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: ... Esto es así, en virtud de que el artículo 519, fracción III, de la ley laboral establece el término prescriptivo, mismo que debe interpretarse en el sentido de que es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, puesto que, dicha promoción únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con ella la acción para ejecutar el laudo se vuelva imprescriptible, ya que de interpretarse en este mismo sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, dado que si bien es cierto que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por conducto de sus presidentes tienen la obligación de ejecutar los laudos que pronuncien, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercida, lo cual debe hacer dentro del término de dos años tal como lo establece el precepto legal citado, pues de no hacerlo, su falta de interés debe actualizar la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, ello a fin de cuidar que no se cause algún perjuicio social, como lo sería dejar por tiempo indefinido la ejecución, puesto que el principio de certeza jurídica debe prevalecer sobre el interés particular. En ese contexto, si el artículo 17 constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento retardando el trámite y la emisión de la resolución correspondiente. También lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse a la Junta responsable, para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En esas condiciones, es dable concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de proveer el cumplimiento del laudo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral D-1/366/2012, de su índice, promovido por el aquí quejoso, estamos ante la presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la Junta responsable. Lo anterior es así, pues no existe constancia de la que se advierte que la parte actora haya solicitado la ejecución del laudo, por lo que, en la especie no se observa que la parte quejosa hubiese impulsado dicho procedimiento laboral D-1/366/2012, dentro de la etapa de ejecución. ... En esas condiciones el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo en razón de que, como se ha dicho, esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud impulso del ejecutante, pues no se reclama alguna omisión en particular en la fase de ejecución, sino en general las omisiones e inactividad en dicha etapa. Por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Martínez Covarrubias, por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento legal. . Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. ... Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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