Juan Francisco Jasson Mendoza
Expediente 412/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Francisco Jasson Mendoza
Actuaciones
- Principal
VISTO el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo citada, el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho; contra actos de la Junta y Actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de sus derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 412/2017-VI.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Una vez analizada la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa y documentales que a ella se adjuntaron, se acuerda lo siguiente. Del escrito de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el solicitante del amparo señala como autoridades responsables al Presidente (siendo que el auto que reclama fue firmado por el presidente de la misma) y Actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; autoridades a las que reclamó el acto que describe de la forma siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El auto dictado por el Pleno de dicha JUNTA LOCAL DE CONCILICIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. Como Autoridad Responsables en fecha 10 de marzo del 2017, dentro de los autos del juicio Laboral No. 2436/2016/L1/CF/IND, tramitado en dicho Tribunal Laboral" Se precisa que las tesis que se invocarán son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en tanto no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. Los numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada en forma contraria, del cuerpo de leyes invocado, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El solicitante del amparo señala como acto reclamado el acuerdo de diez de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente 2436/2016/L1/CF/IND, relativo al juicio promovido por ***, en contra de ***, proveído en el cual se atendió el escrito presentado por el patrón demandado y aquí quejoso, en el que solicitaba el sobreseimiento del procedimiento laboral en virtud de haber sido ofrecido, aceptado y llevado a cabo la reinstalación del trabajador, así como que el tribunal laboral se pronunciara conforme a derecho respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, petición que fue proveída en el auto referido en sentido negativo, lo que al letra la responsable acordó: "PRIMERO.- El escrito de cuenta se ordena agregar a los autos del expediente a fin de que surta sus efectos legales conducentes. SEGUNDO.- No se accede a lo solicitado por la parte demandada una vez analizados los autos del presente expediente en el mismo se desprende diversas prestaciones reclamadas por la parte actora en contra de la parte demandada, por lo que una vez que se dicte el laudo correspondiente se acordara sobre las mismas, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese a la PARTE DEMANDADA por medio de los ESTRADOS de este H. tribunal." Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, en donde se señala que existen diversas prestaciones reclamadas por la parte actora en contra del demandado, por lo que una vez que se dicte el laudo correspondiente se acordara sobre ellas, no es de aquellos actos que la ley considera como de imposible reparación. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución favorable, o bien, en caso de que no sea así, el quejoso estará en posibilidad de impugnar tal circunstancia, vía amparo directo, que en su contra llegue a promover; por todo lo anterior, se concluye que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Sobre este punto, es de invocarse por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, obtenida de la Contradicción de Tesis 74/2002-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, Materia Común, instancia de la Primera Sala, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, es improcedente porque la resolución reclamada, no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no encontrarse en el supuesto de que pudiera violarse en su contra algún derecho como pudiera ser un derecho personal, real o del estado civil. Así, en la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afectan por sí solos y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo. Es aplicable al caso, por similitud de razón, la Tesis de Jurisprudencia número 3ª./J.43 (número oficial 29/89), localizable en la página 81, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, de contenido literal: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la diversa Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, tesis IV.2° J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION.- Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor literal siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Ahora bien, no se soslaya que la regla analizada tiene una excepción, la cual se actualiza cuando el acto reclamado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior; empero, en el caso se estima que dicha excepción no se actualiza porque no debe perderse de vista que si bien dentro del juicio natural el Presidente de la Junta responsable señala que existen diversas prestaciones reclamadas por la parte actora en contra del demandado, por lo que una vez que se dicte el laudo correspondiente se acordara sobre ellas. Máxime, que existe un escrito de *** (parte trabajadora), en el que manifiesta que posteriormente a ser reinstalado y retirarse el actuario de la Junta responsable, el patrón demandado y aquí quejoso, le indicó "ya vete, y no regreses ya y si me vuelves a demandar te vuelvo a ofrecer reinstalación y así no la llevamos", promoción con la que la Junta le dio vista al demandado por tres días, para que manifestara lo que a sus interés conviniera respecto de lo manifestado por el actor; motivo por el cual, se advierte que aún existen cuestiones pendientes de dilucidar y por ende aún existe litis dentro del procedimiento laboral de origen. Por lo anterior, es que se considera que el acuerdo que ahora reclama el quejoso por sí solo no vulnera ningún derecho fundamental del promovente, púes será hasta el dictado del laudo cuando le pudiera causar algún perjuicio en caso de ser tomado en consideración para el dictado del fallo y que este sea en su contra, de ahí que el auto recurrido no vulnera derechos sustantivos de la parte promovente, y tampoco alcanza un grado predominante o superior sino que sólo se trata de determinaciones que revisten el carácter de intraprocesales y contra los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto por no tratarse de un acto de imposible reparación. Sobre el tema, es de invocarse, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia número XIII. 1o. J/3., localizable en la página 647, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Epoca, Materia Común, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y contenido siguiente: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISION DE. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente." Así como la diversa Tesis número LVIII/2004, visible en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Epoca, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." (El énfasis es de este Juzgado de la Federación). Por lo hasta ahora expuesto, se arriba a la conclusión que el auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, pronunciado en el expediente 2436/2016/L1/CF/IND, no es un acto de imposible reparación. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para el suscrito, que si bien el quejoso también señala como acto reclamado la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes y pendientes por desahogar, lo cierto es que, también existe un acuerdo de veintisiete de marzo posterior, en el cual se certifica que se da por concluido el periodo de alegatos de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se dio vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad con la certificación y en caso de no realizar manifestación alguna y hubieren pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas; por lo que, tampoco resulta procedente el juicio de amparo contra dicha omisión, debido a que tienen expedito su derecho (como ya se vio) para realizar manifestaciones al respecto directamente ante la responsable, por lo que tampoco puede considerarse como un acto de imposible reparación. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte demandada, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 48/2016, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Juan ***. Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones, el ubicado en calle *** ciudad de Celaya, Guanajuato. En otro orden, como lo solicita el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley sobre la Materia, téngase por autorizado en amplios términos a la licenciada ***, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computacional para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los diversos profesionistas ***, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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