Juan Francisco III Illades Saucedo
Expediente 1248/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Francisco III Illades Saucedo
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ***************************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad responsable Ejecutora Juez Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Ordenadora Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México Acto reclamado Resolución mediante la cual se ordena el remate del bien inmueble, así como el apercibimiento de entrega de dicho bien, con la consecuencia de que si no lo realiza, se ordenará su lanzamiento forzoso, dentro del Juicio Especial Hipotecario expediente 357/2020, de la autoridad ordenadora. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, de la interpretación armónica de la demanda, así como del propio dicho del quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que su reclamo lo hace consistir en la resolución mediante la cual se ordena el remate del bien inmueble que defiende, así como el apercibimiento de entrega de dicho bien, con la consecuencia de que si no, se ordenará su lanzamiento forzoso, dentro del Juicio Especial Hipotecario expediente 357/2020, de la autoridad ordenadora. Sin embargo, resulta evidente que esos actos no constituyen la última resolución dictada en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, los actos que reclama el quejoso se llevan a cabo en la etapa de ejecución de sentencia en la que fue parte demandada en un juicio especial hipotecario, el cual el peticionario del amparo precisó en los antecedentes de su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, únicamente se le ha requerido la entrega de la posesión del inmueble. Lo anterior, derivado de que señala que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se presentó en su domicilio el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a notificarle que se aprobó el remate del bien inmueble embargado dentro del juicio especial hipotecario 357/2020, por lo que éste regresaría en cinco días para requerirle la entrega de la posesión del inmueble, sin dejarle documento alguno. De ahí que tales actos forman parte del sistema establecido para que la parte demandada cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas en sentencia y, por ende, deben considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio. Por lo que sólo podrán ser impugnados hasta que se controvierta la última resolución que se dicte en el juicio de origen o procedimiento de remate, momento en el cual el quejoso podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase procesal, que la hubiesen dejado sin defensa. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notificación personal No obstante que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal las listas que se publican en los estrados de este juzgado, pero considerando que proporcionó domicilio ubicado dentro de la residencia de este juzgado de distrito, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en circuito pensadores, número 100, colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y le haga del conocimiento el presente auto. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Consulta de expediente electrónico Se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario "vmsalazar" que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Medios de contacto Asimismo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el AVISO y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ***************************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad responsable Ejecutora Juez Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Ordenadora Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México Acto reclamado Resolución mediante la cual se ordena el remate del bien inmueble, así como el apercibimiento de entrega de dicho bien, con la consecuencia de que si no lo realiza, se ordenará su lanzamiento forzoso, dentro del Juicio Especial Hipotecario expediente 357/2020, de la autoridad ordenadora. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, de la interpretación armónica de la demanda, así como del propio dicho del quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que su reclamo lo hace consistir en la resolución mediante la cual se ordena el remate del bien inmueble que defiende, así como el apercibimiento de entrega de dicho bien, con la consecuencia de que si no, se ordenará su lanzamiento forzoso, dentro del Juicio Especial Hipotecario expediente 357/2020, de la autoridad ordenadora. Sin embargo, resulta evidente que esos actos no constituyen la última resolución dictada en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, los actos que reclama el quejoso se llevan a cabo en la etapa de ejecución de sentencia en la que fue parte demandada en un juicio especial hipotecario, el cual el peticionario del amparo precisó en los antecedentes de su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, únicamente se le ha requerido la entrega de la posesión del inmueble. Lo anterior, derivado de que señala que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se presentó en su domicilio el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a notificarle que se aprobó el remate del bien inmueble embargado dentro del juicio especial hipotecario 357/2020, por lo que éste regresaría en cinco días para requerirle la entrega de la posesión del inmueble, sin dejarle documento alguno. De ahí que tales actos forman parte del sistema establecido para que la parte demandada cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas en sentencia y, por ende, deben considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio. Por lo que sólo podrán ser impugnados hasta que se controvierta la última resolución que se dicte en el juicio de origen o procedimiento de remate, momento en el cual el quejoso podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase procesal, que la hubiesen dejado sin defensa. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notificación personal No obstante que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal las listas que se publican en los estrados de este juzgado, pero considerando que proporcionó domicilio ubicado dentro de la residencia de este juzgado de distrito, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en circuito pensadores, número 100, colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y le haga del conocimiento el presente auto. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Consulta de expediente electrónico Se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario "vmsalazar" que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Medios de contacto Asimismo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso. .. " Lo anterior para los efectos conducentes.
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