Juan Francisco Hernández Bañuelos
Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Francisco Hernández Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión definitiva. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al cuaderno incidental. Finalmente, respecto al duplicado del incidente. Con la finalidad de armonizar el trabajo de conformidad a lo establecido en el DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO y los artículos 264 y 265 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; a partir del presente acuerdo, resulta innecesario el uso del duplicado, toda vez que el mismo fue sustituido por su versión electrónica. Por lo tanto, queda exceptuado el uso del duplicado formado en el incidente en que se actúa. Notifíquese....
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO, LA DETERMINACIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho, contra los actos y autoridad, que fueron precisados en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos en el último considerando. Notifíquese; personalmente....
- Principal
treinta de marzo de dos mil veintiuno V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1118/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 1118/2022; por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan los actos que se reclaman en la instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en ******************** premisas, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que ********************reclama lo siguiente: De la licenciada ******************** ********************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada en Derecho Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degrantes, con residencia en esta ciudad: Las medidas de protección ********************022, emitidas el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro de las diligencias que integran el acta circunstanciada de hechos ********************, con el objeto de resguardar la seguridad de la víctima ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada en Derecho Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degrantes, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se acredita además con las copias certificadas de las documentales, entre las que se encuentra, las medidas de protección reclamadas y que remitió la responsable en apoyo del informe justificado, mismas que cuenta con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, a juicio de quien aquí resuelve, se estima que sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; ." En relación con la porción normativa reproducida, debe decirse que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza y efectos en: a). Actos consumados de modo reparable; y b). Actos consumados de modo irreparable. Los primeros, son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí que sí proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo intentado en su contra. Es decir, que los actos consumados son aquéllos que han producido en forma total todos sus efectos o cuya finalidad perseguida se ha obtenido con todas sus consecuencias jurídicas. En esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de estos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido. Atento a lo anterior, se puede concluir que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." Ahora, en el caso concreto, de las documentales que la representación social responsable, remitió en copia certificada, se aprecia que mediante determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, autorizó unas medidas de protección número ********************022 a favor de ********************, de acuerdo a lo previsto por las fracciones V y VIII, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: "V.- La prohibición de realizar conductos de intimidación a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos; y, VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo". (fojas 36 y 37). Medidas de protección que de acuerdo con el invocado artículo 137, se imponen cuando se estima que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, la cual de conformidad con el diverso 139 del mismo Código, tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Ahora, como se advierte del contenido de la resolución impugnada, las medidas de protección decretadas por la representación social, a favor de la víctima ********************, fueron establecidas con una duración de sesenta días; mismas que fueron notificadas al aquí quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Sin que, por otra parte, se advierta que dichas medidas de protección hayan sido prorrogadas; y aún para el caso de que hubieran sido prorrogadas, los noventa días también ya habrían transcurrido, tomando como referencia la fecha en que se dicta esta sentencia. Así entonces, es de afirmarse que en el caso, ha sido consumado de manera irreparable el acto reclamado; lo anterior es así, ya que la medida de protección decretada objeto de análisis en el presente juicio fue otorgada por una temporalidad de sesenta días, sin que se tenga conocimiento de que haya sido ampliada. Por lo que, al haberse consumado la violación reclamada, ya que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó vulnerado, como establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al ser física y materialmente imposible reintegrarle, en el plazo aludido; es que se hace improcedente el juicio de amparo, toda vez que la sentencia respectiva carece de efectos prácticos. Sirve apoyo por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; dicha causa se actualiza cuando los actos reclamados han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, lo que torna improcedente el amparo dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trata. Ahora bien, cuando en la audiencia inicial del sistema penal acusatorio y oral, el Juez de control imponga por un tiempo determinado la medida cautelar consistente en la prisión preventiva y el imputado la reclame en un juicio constitucional, ésta debe entenderse consumada de modo irreparable en el momento en que su vigencia se agote por el solo transcurso del tiempo. Esto es así, ya que, aun cuando se considerara inconstitucional la privación de la libertad de la que fue objeto el quejoso, no podría restituírsele en el goce de ese derecho por el periodo del que fue privado de él, al ser material y jurídicamente imposible retrotraer el tiempo." En ese orden, se concluye que el acto en cita, se ha consumado de manera irreparable, por lo que aun cuando se declarara la ilegalidad de éste, la protección constitucional no podría materializarse conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, ya que ningún elemento podría desvirtuar su configuración, pues el mero transcurso del tiempo es el que consumó de modo irreparable el acto reclamado; de ahí que resulte materialmente imposible retrotraer en el tiempo cualquier efecto restitutorio que pudiera darse a la ejecutoria de amparo, pues como se ve, la afectación derivada de las medidas de protección decretadas por la representación social, a favor de la ofendida, no podría repararse, aun cuando se otorgue la protección constitucional, considerando para ello que no se pueden restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que se estudia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. Dado el sentido del presente fallo, este órgano de tutela constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para abordar el estudio de los conceptos de violación y, por ende, el estudio de fondo del asunto sometido a esta potestad. Por otro lado, cabe abundar que la causa de improcedencia por la que se sobresee el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho, contra los actos y autoridad, que fueron precisados en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos en el último considerando. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria con quien actúa y da fe, hasta hoy veintiuno de diciembre dos mil veintidós, que lo permitieron las labores del juzgado. L'rimb
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la misma fecha, se da cuenta con la comparecencia que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia de emplazamiento de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, realizada a tercero interesada a Heidi Edith Hernández Perez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por emplazada al presente juicio de amparo y se ordena darle la intervención que le corresponde. Asimismo, como lo solicitó la citada tercera interesada, téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Coto 3, Circuito 1, número trece-A (13-A), fraccionamiento Paseos San Agustín, en Guadalupe, Zacatecas. Del mismo modo, se le tiene por señalado como número telefónico a efecto de entablar comunicaciones no procesales, el indicado como 492 204 8770. Finalmente, dese vista a la antes nombrada con los informes justificados que obran en autos por el término de ocho días para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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