Juan Francisco González Spencer
Expediente 869/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Francisco González Spencer
- Juan Francisco González Spencer y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 869/2016-IV, así como copia certificada de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en el toca de amparo en revisión administrativa 819/2017, del índice de la Alzada local, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento precisado en el considerando cuarto. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia pronunciada el once de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; en el juicio de amparo 869/2016. TERCERO. Se sobresee en el juicio (.). Por tanto, se ordena con transcripción del presente proveído, acusar de recibo a la Superioridad local y hacer las anotaciones relativas en el libro de gobierno y diversos electrónicos, y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda los escritos presentados por la parte quejosa. En cuanto al primer ocurso de cuenta, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida dentro del presente juicio. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 869/2016-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, con copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución del oficio de interposición del medio de impugnación, entre las partes. Finalmente, en cuanto al diverso escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa solicita copia certificada de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad (foja 242), expídansele las mismas, a la persona que autoriza para tal efecto. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXX Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXXXXXXXXX. Doy fe.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio *******, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (foja 2), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitió la demanda promovida por *******, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de *******, en contra de las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- AUTORIDADES ORDENADORAS.- El Congreso del Estado de Chihuahua, con domicilio en su recinto oficial ubicado en el Palacio Legislativo en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua sito en calle Libertad, número 9, Colonia Centro; El C. Gobernador Constitucional del Estado, con domicilio en su recinto oficial ubicado en el Palacio de Gobierno del Estado en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua sito en Avenida Aldama, número 901, Colonia Centro. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle 4ª, 3013 esquina con calle Méndez, colonia Santa Rosa de Esta Ciudad capital. 2.- AUTORIDAD EJECUTORA.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA con domicilio ampliamente conocido en el ubicado en Avenida Constitución Oriente #304, colonia Centro C.P. 31700 de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del H. Congreso del Estado de Chihuahua, en su carácter de ordenadora en los términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la aprobación, así como la promulgación y publicación del DECRETO No. ******* por el que se aprueba y se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas de terreno. Aprobación: 22 de Septiembre de 2016 Votación: Unánime mismas que en lo particular se tachan de inconstitucionales. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su carácter de ordenadora en los términos del artículo 11º, de la Ley de Amparo, la sanción, promulgación y publicación de las normas precitadas en el numeral anterior. 3.- Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, en su carácter de Autoridad Ejecutora en los términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la ejecución del acto reclamado, consistente en la apropiación y ampliación del fundo legal donde se incluye un predio de mi propiedad que enseguida detallo en copia certificada expedida por el C. director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la escritura registrada bajo el número 1 del volumen 118 de la Sección Primera a favor de ******* respecto A UN LOTE DE TERRENO RÚSTICO conocido como ******* debidamente registrada en fecha 7 de Noviembre de 1963. (.) Así mismo reclamo todas y cada una de las consecuencias ejecutivas inherentes al citado Decreto, derivadas de su aplicación por el que se declara Fundo Legal de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua el constituido por una superficie de ******* hectáreas de terreno. (.) 4.- Del C. Director del Periódico Oficial del Estado, reclamo la publicación del decreto acuerdo número ******* por el que se aprueba y se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas de terreno. Lo anterior, pues en auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo *******, de su índice, por las razones ahí expuestas, declinó la competencia legal para conocer de dicha demanda, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que resultó ser el Juzgado Séptimo. SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa estima que con los actos reclamados se vulneran en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Aceptación de la competencia, admisión de la demanda y tramitación del juicio de amparo. En auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (foja 65), se aceptó la competencia para conocer de este asunto, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente *******; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un ordenamiento legal expedido dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de donde se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la expedición, del Decreto número *******, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas, Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la promulgación y publicación, del Decreto mencionado en el inciso que antecede, Del Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la publicación del citado Decreto, y Del Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio, lo que implica la apropiación de un predio de su propiedad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso, Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que, respectivamente se les atribuyen, consistentes en la expedición, promulgación y publicación, del Decreto número *******, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados mencionados. Además, la certeza de los mismos, deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, sino que esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento legal reclamado, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por su parte, el Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe justificado (foja 89), manifestó que: (.) en la Sesión de Cabildo realizada el 21 de septiembre del año 2016 en donde se aprobó solicitar al Gobernador del Estado se proceda a presentar al Congreso del Estado la iniciativa de Ley que constituya el Fundo Legal de Nuevo Casas Grandes, se estableció que los bienes que son de los particulares seguirán siendo de los mismos, por lo que el Ayuntamiento va a regularizar la situación de la tenencia de la tierra en el Fundo Legal ampliado. Respecto del hoy quejoso, se informa que la propiedad respecto del bien inmueble que establece en su demanda no se le verá privada ni limitada, por lo que no tiene perjuicio alguno, ya que se respetarán los derechos de propiedad existentes. (.) De lo que se infiere que niega el acto que se le reclama, consistente en la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio y consecuente apropiación de un predio propiedad de la parte quejosa. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, tomando en cuenta el contenido sustantivo del Decreto reclamado, que es el siguiente: (.) PRIMERO.- Se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas de terreno, que a partir de la publicación de este Decreto, el H. Ayuntamiento es propietario de esa superficie y podrá regularizar en su totalidad conforme a las leyes vigentes. Superficie ubicada geográficamente en el Municipio de Nuevo Casas Grandes: Polígono 1 (uno) con una superficie de ******* hectáreas; Polígono número ******* con una superficie de ******* hectáreas; Polígono ******* con una superficie de ******* hectáreas. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: 1.- Para otorgar derechos de preferencia a las personas que por justo título vengan ocupando algunas porciones de terreno a efecto de la Dotación del Fundo Legal, con la finalidad que tales personas tengan oportunidad de regularizar su situación, adquiriendo y/o regularizando el solar o la superficie que ocupan. 2.- Para que con arreglo a las disposiciones conducentes de las leyes y reglamentos vigentes en el Estado de Chihuahua, proceda al fraccionamiento y lotificación del Fundo Legal que se declara, reservando las áreas necesarias para Escuelas, Parques o Jardines y Servicios Públicos, sin que los lotes o solares puedan exceder de los límites que señalan las leyes vigentes. 3.- Para que pueda vender lotes o solares a particulares con sujeción a los trámites y bajo las condiciones que establecen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado, en la inteligencia de que las ventas serán en base a los precios que se fijen en el presupuesto de ingresos municipal. (.) En su artículo primero, primer párrafo, el Decreto reclamado establece la superficie del Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y determina que, a partir de la publicación del mismo (el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis), el Ayuntamiento es propietario de la superficie relativa, cuya ampliación, materia del Decreto reclamado, es descrita en el segundo párrafo del artículo primero, facultándolo para regularizarla en su totalidad, conforme a las leyes vigentes. Por su parte, el artículo segundo, apartado 1, señala que se faculta al Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para otorgar derechos de preferencia a las personas que por justo título vengan ocupando algunas porciones de terreno comprendidas en el nuevo Fundo Legal determinado, a fin de que tengan la oportunidad de regularizar su situación, adquiriendo y/o regularizando el solar o la superficie que ocupan. Esto es que, en principio, a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis (fecha de publicación del Decreto reclamado), el Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, es propietario de la ampliación del Fundo Legal de dicha localidad y podrá otorgar derechos de preferencia, a quienes por justo título ocupen porciones del mismo, para regularizar su situación. De manera que, no es verdad que con la entrada en vigor del Decreto reclamado, no se afecte el predio que la parte quejosa dice, es de su propiedad originaria y está comprendido en la superficie ampliada del Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (cuestiones de título y ubicación del predio que serán abordadas en el considerando conducente), sino que, dicho Decreto establece claramente que con su entrada en vigor, la superficie ampliada de su Fundo Legal, es propiedad del Ayuntamiento de dicha localidad y que los poseedores de sus porciones, podrán regularizar su situación, lo que implica que tales poseedores, como la parte quejosa dice serlo, tendrán que someterse a dicho trámite de regularización. Por lo tanto, el acto reclamado al Presidente Municipal -y del Ayuntamiento que lo gobierna, conforme al artículo 20 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua- de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, consistente en la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio y consecuente apropiación de un predio propiedad de la parte quejosa, es cierto. Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96 Tercera Parte, página siete, con registro 238215, que establece: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. I. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamados al Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto reclamado. Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclamó el Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas, argumentando que vulnera los garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que, dentro de esa superficie se ubica un predio de su propiedad; sin atribuirle al acto legislativo de publicación, vicios propios. De ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto del Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, de quien se tildó de inconstitucional la publicación de los Decretos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio respecto del Decreto reclamado, por falta de interés jurídico de la parte quejosa. Como se indicó en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó el Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas, argumentando medularmente, que dentro de dicha superficie ampliada, se encuentra ubicado un predio de su propiedad, por lo que, la ampliación del Fundo Legal de la citada localidad, le causa perjuicios en su esfera jurídica. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionada con el numeral 107 de la propia Ley, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) En relación con la primera de las normas citadas, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico; o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real, actual y directa a algún derecho subjetivo del que sea titular (interés jurídico), o bien, dicha afectación ocurra dentro de su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Tomo XXVIII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común y número de registro 170500, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así como la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época y número de registro 2007921, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple probabilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la laboral cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así pues, para demostrar su interés jurídico, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público vulnerado por el acto de autoridad. En relación con lo anterior, conviene indicar que de la interpretación del artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se deduce que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que les ocasionen un perjuicio en su esfera jurídica: a) con motivo de su sola vigencia; o, b) con motivo su primer acto de aplicación. En la primera hipótesis, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obligue a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, de manera que, estará en aptitud de promover la acción constitucional, en un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del ordenamiento legal, esto de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de amparo. Es decir, que un ordenamiento legal es autoaplicativo, cuando lleve en sí mismo un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad (o de un particular en auxilio a la actividad de la autoridad) para que se origine la afectación al gobernado, pues adquiere, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorio, de manera que, los sujetos de dicho ordenamiento, están obligados a hacer o no hacer determinada actividad, desde la entrada en vigor del ordenamiento legal de que se trate. Lo anterior obedece al criterio de distinción basada en el concepto de individualización condicionada, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 55/97, publicada en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional y Común, Novena Época y número de registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Asimismo, al respecto, se cita la tesis 1ª. CCLXXXI/2014 (10ª), publicada en la página 148, del Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época y número de registro 2006963, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. El subrayado es nuestro. Indicado lo anterior, se tiene que en el caso, la parte quejosa reclamó el Decreto señalado, con motivo de su sola entrada en vigor, pues en su demanda de amparo expresó lo siguiente (foja 6): (.) En ese dispositivo constitucional, se establece la procedencia del amparo contra leyes auto aplicativas que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan perjuicios al quejoso apoyado con los artículos 21, 22, fracción I y 23, fracción XII, de la Ley de Amparo. En la especie, es aplicable también el siguiente criterio, por cuanto que el acto reclamado se trata de una disposición de índole autoaplicativa, por cuanto que las obligaciones derivadas de la Ley nacen con ella misma (.). Lo anterior, no obstante que le atribuya al Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ejecución del Decreto reclamado, pues dice que a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio, éste se apropió de un predio de su propiedad, ya que como se explicó en la última parte del considerando segundo, a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis (fecha de publicación del Decreto reclamado), el Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, efectivamente es propietario de la ampliación del Fundo Legal de dicha localidad y podrá otorgar derechos de preferencia, a quienes por justo título ocupen porciones del mismo, para regularizar su situación. Por lo que, se estima que el primer acto de aplicación del Decreto que nos ocupa, lo constituiría aquél que emita una autoridad municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en el sentido de negar a la parte quejosa, la regularización del predio que, con justo título, ocupe y que se encuentre dentro de la superficie que comprende el Fundo Legal ampliado de dicha localidad. En otras palabras, el Decreto reclamado lleva, en sí mismo, un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad (o de un particular en auxilio a la actividad de la autoridad) para que se origine la afectación al gobernado, afectación que en el caso consiste en la apropiación, por parte del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de la superficie que amplía el Fundo Legal que conforma dicha localidad, situación jurídica que adquiere eficacia, desde la sola entrada en vigor del Decreto reclamado, de manera que, los sujetos pasivos de dicho ordenamiento, están obligados a hacer, o no, determinada actividad, desde la entrada en vigor del mismo, esto es, a realizar, o no, el trámite de regularización de la posesión que vengan ejerciendo sobre determinada porción de dicha superficie, desde antes de la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, se cita nuevamente el contenido del artículo primero del Decreto reclamado: PRIMERO.- Se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21, 160-57-87.426 hectáreas de terreno, que a partir de la publicación de este Decreto, el H. Ayuntamiento es propietario de esa superficie y podrá regularizar en su totalidad conforme a las leyes vigentes. Superficie ubicada geográficamente en el Municipio de Nuevo Casas Grandes: Polígono 1 (uno) con una superficie de 19,616-73-01.946 hectáreas; Polígono número 4 (cuatro) con una superficie de 536-09-20.157 hectáreas; Polígono 5 (cinco) con una superficie de 1,007-75-65.326 hectáreas. Pues bien, la superficie del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, geográficamente, conforme al segundo párrafo del citado numeral, se integra con los polígonos ahí descritos. De manera que, para que la quejosa demuestre el interés jurídico que le asiste para reclamar dicho Decreto, debe demostrar fehacientemente que es titular de un derecho subjetivo público vulnerado por el mismo, esto es, que posee o es propietaria de una porción de terreno ubicada dentro de la superficie que, conforme al Decreto reclamado, constituye ahora el Fundo Legal del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ahora bien, en este juicio de amparo, la parte quejosa exhibió los siguientes medios de convicción: Copia certificada de la papeleta de recepción de la demanda de amparo que el representante de la sucesión de bienes de ******************** (aquí promovente), presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la misma ciudad (fojas 13 y 14), Copia certificada de diversas actuaciones del juicio sucesorio intestamentario 169/2014, a bienes de ******************** (fojas 15 a 24), Copia certificada de la escritura pública número mil ochenta y nueve, otorgada por el Juez de Primera Instancia del Distrito Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en funciones de Notario Público por ministerio de Ley, en la que se hizo constar el contrato de compra venta, celebrado entre Consuelo González de Macías, en su carácter de vendedora, y ********************, en su carácter de comprador, respecto del terreno rústico pastal ubicado al sureste de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con superficie de 1,316-77-16.58 mil trescientas dieciséis hectáreas, setenta áreas, dieciséis centiáreas, cincuenta y ocho metros cuadrados, el cual, conforme al plano que se tuvo a la vista, se describe de la siguiente manera: partiendo de la mojonera 0 a la mojonera 1, rumbo (ilegible) 44º 15´ (ilegible), se miden 428.77 cuatrocientos veintiocho metros, setenta y siete centímetros; de la mojonera 1 a la mojonera 2, rumbo S 2º 17´ (ilegible), se miden 4, 236.63 cuatro mil doscientos treinta y seis metros, sesenta y tres centímetros, colindando en estos rumbos con propiedades de la testamentaria de Claudio Rowman; de la mojonera 2 a la mojonera 3, rumbo N 40º 07´W, se miden 2,930.88 dos mil novecientos treinta metros, ochenta y ocho centímetros; de la mojonera 3 a la mojonera 4, rumbo N 45º 20´E, se miden 284.87 doscientos ochenta y cuatro metros, ochenta y siete centímetros; de la mojonera 4 a la mojonera Taylor, rumbo (ilegible) 42º 57´W, se miden 3,496.65 tres mil cuatrocientos noventa y seis metros, setenta y cinco centímetros, colindando en estos tres rumbos con propiedades de Daniel Taylor; de la mojonera Taylor a la mojonera Esq. Norte, rumbo N 44º 55´ (ilegible), se miden 2, 533.84 dos mil quinientos treinta y tres metros, ochenta y cuatro centímetros, colinda con propiedad de Daniel Taylor y de José Luis Arras; de mojonera Esq. Norte a Mojonera 7 rumbo S 42º 23´E, se miden 437.67 cuatrocientos treinta y siete metros, sesenta y siete centímetros; de la mojonera 7 a la mojonera 8, rumbo S 44º 25º (ilegible), se miden 2, 671.60 dos mil seiscientos setenta y un metros, sesenta centímetros; y de la mojonera 8 a la mojonera 0 de partida, para cerrar la figura, rumbo S 73º 14´W, se miden 29.70 veintinueve metros, setenta centímetros, colindando en estos tres últimos rumbos con propiedad de Jhon R. Robinson (fojas 25 y 25 vuelta). Escritura pública que quedó registrada bajo el número 1, a folio 1, del libro 118, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (foja 30). Copia certificada de la inscripción 1, a folio 1, del libro 118, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 31 a 38). Impresión de la edición del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en la cual se publicó el Decreto reclamado (foja 39 a 64). Sin embargo, con dichos medios de convicción, la parte quejosa no demuestra su interés jurídico, pues no se desprende, de ninguno de ellos, ni de los mismos adminiculados entre sí, que el bien inmueble descrito en el inciso c) anterior, esté ubicado dentro de la superficie que ahora conforma la totalidad del fundo legal de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. En efecto, de la copia certificada de la papeleta de recepción de demanda de amparo, descrita en el inciso a), únicamente se desprende que el representante de la sucesión de bienes de ******************** (aquí promovente), presentó una demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la misma ciudad. Ahora bien, con las copias certificadas descritas en el inciso b), se demuestra que dentro del juicio sucesorio testamentario 169/2014, a bienes de ********************, tramitado ante el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se designó al promovente de amparo, como albacea de dicha sucesión, quien además tiene el carácter, entre otras personas, de único y universal heredero. Mientras que, si bien es cierto que con la escritura pública descrita en el inciso c) y la inscripción referida en el inciso d), se demuestra que el bien inmueble descrito fue adquirido en propiedad, por el de cujus ********************, a través del contrato de compra venta que se hizo constar en la escritura pública; de dichas constancias no se desprende, de forma alguna, que el predio de que se trata, se encuentre, precisamente, dentro de la superficie que se tomó para ampliar el fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y quedar determinado ahora conforme al Decreto reclamado, pues ni siquiera de la inscripción registral descrita se advierte anotación marginal en ese sentido. Al respecto es menester indicar, que para que el que suscribe se cerciorara, fehacientemente, de dicho extremo, esto es, de que el predio de que se trata, se encuentra dentro de la superficie que constituyó la ampliación del fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y que entonces, el Decreto reclamado afecta, con su sola entrada en vigor, su esfera jurídica, era necesario que la parte quejosa allegara a este juzgador, una prueba conducente para ello, como una pericial en topografía, a través de la cual, un experto en dicha materia, valiéndose de sus conocimientos técnicos especializados y de los instrumentos necesarios cuyo funcionamiento técnico también le es inherente, realizara las mediciones o trabajos de campo correspondientes, tanto sobre el nuevo fundo legal de la citada localidad, como sobre el predio que la parte quejosa dice, se encuentra ahí inserto, para que así, el que suscribe contara con elementos de prueba aptos para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Por último, resulta evidente que la impresión de la edición del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en la cual se publicó el Decreto reclamado, descrita en el inciso d), no tiene relación con el interés jurídico de la parte quejosa, sino con la existencia del Decreto reclamado. Por lo tanto, al carecer la parte quejosa de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, primer párrafo, de la propia Ley, siendo lo procedente, decretar el sobreseimiento respecto de dichos actos reclamados, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Emiliano López Pedraza, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria Yazmín Meraz Rivera, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. La Secretaria del Juzgado, Yazmín Meraz Rivera, da fe de que las constancias y la presente sentencia coinciden fiel y exactamente con los archivos digitales que se ingresan al expediente electrónico; asimismo, que se giraron los oficios , al tenor de la minuta que se agrega. Doy fe. PEGAR SENTENCIA Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yazmín Meraz Rivera, hasta el día de hoy, once de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 869/2016-IV, promovido por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 17404/2016, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (foja 2), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitió la demanda promovida por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de ********************, en contra de las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- AUTORIDADES ORDENADORAS.- El Congreso del Estado de Chihuahua, con domicilio en su recinto oficial ubicado en el Palacio Legislativo en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua sito en calle Libertad, número 9, Colonia Centro; El C. Gobernador Constitucional del Estado, con domicilio en su recinto oficial ubicado en el Palacio de Gobierno del Estado en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua sito en Avenida Aldama, número 901, Colonia Centro. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle 4ª, 3013 esquina con calle Méndez, colonia Santa Rosa de Esta Ciudad capital. 2.- AUTORIDAD EJECUTORA.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA con domicilio ampliamente conocido en el ubicado en Avenida Constitución Oriente #304, colonia Centro C.P. 31700 de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del H. Congreso del Estado de Chihuahua, en su carácter de ordenadora en los términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la aprobación, así como la promulgación y publicación del DECRETO No. 1559/16 por el que se aprueba y se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas de terreno. Aprobación: 22 de Septiembre de 2016 Votación: Unánime mismas que en lo particular se tachan de inconstitucionales. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su carácter de ordenadora en los términos del artículo 11º, de la Ley de Amparo, la sanción, promulgación y publicación de las normas precitadas en el numeral anterior. 3.- Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, en su carácter de Autoridad Ejecutora en los términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, la ejecución del acto reclamado, consistente en la apropiación y ampliación del fundo legal donde se incluye un predio de mi propiedad que enseguida detallo en copia certificada expedida por el C. director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la escritura registrada bajo el número 1 del volumen 118 de la Sección Primera a favor de JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ respecto A UN LOTE DE TERRENO RÚSTICO conocido como "Nadadores" debidamente registrada en fecha 7 de Noviembre de 1963. (.) Así mismo reclamo todas y cada una de las consecuencias ejecutivas inherentes al citado Decreto, derivadas de su aplicación por el que se declara Fundo Legal de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua el constituido por una superficie de 21, 160-57-87.426 hectáreas de terreno. (.) 4.- Del C. Director del Periódico Oficial del Estado, reclamo la publicación del decreto acuerdo número 1559/16 por el que se aprueba y se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas de terreno. Lo anterior, pues en auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1371/2016-IV, de su índice, por las razones ahí expuestas, declinó la competencia legal para conocer de dicha demanda, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que resultó ser el Juzgado Séptimo. SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa estima que con los actos reclamados se vulneran en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Aceptación de la competencia, admisión de la demanda y tramitación del juicio de amparo. En auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (foja 65), se aceptó la competencia para conocer de este asunto, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 869/2016-IV; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un ordenamiento legal expedido dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de donde se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la expedición, del Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas, Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la promulgación y publicación, del Decreto mencionado en el inciso que antecede, Del Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la publicación del citado Decreto, y Del Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio, lo que implica la apropiación de un predio de su propiedad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso, Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que, respectivamente se les atribuyen, consistentes en la expedición, promulgación y publicación, del Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados mencionados. Además, la certeza de los mismos, deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, sino que esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento legal reclamado, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por su parte, el Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe justificado (foja 89), manifestó que: (.) en la Sesión de Cabildo realizada el 21 de septiembre del año 2016 en donde se aprobó solicitar al Gobernador del Estado se proceda a presentar al Congreso del Estado la iniciativa de Ley que constituya el Fundo Legal de Nuevo Casas Grandes, se estableció que los bienes que son de los particulares seguirán siendo de los mismos, por lo que el Ayuntamiento va a regularizar la situación de la tenencia de la tierra en el Fundo Legal ampliado. Respecto del hoy quejoso, se informa que la propiedad respecto del bien inmueble que establece en su demanda no se le verá privada ni limitada, por lo que no tiene perjuicio alguno, ya que se respetarán los derechos de propiedad existentes. (.) De lo que se infiere que niega el acto que se le reclama, consistente en la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio y consecuente apropiación de un predio propiedad de la parte quejosa. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, tomando en cuenta el contenido sustantivo del Decreto reclamado, que es el siguiente: (.) PRIMERO.- Se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21, 160-57-87.426 hectáreas de terreno, que a partir de la publicación de este Decreto, el H. Ayuntamiento es propietario de esa superficie y podrá regularizar en su totalidad conforme a las leyes vigentes. Superficie ubicada geográficamente en el Municipio de Nuevo Casas Grandes: Polígono 1 (uno) con una superficie de 19,616-73-01.946 hectáreas; Polígono número 4 (cuatro) con una superficie de 536-09-20.157 hectáreas; Polígono 5 (cinco) con una superficie de 1,007-75-65.326 hectáreas. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: 1.- Para otorgar derechos de preferencia a las personas que por justo título vengan ocupando algunas porciones de terreno a efecto de la Dotación del Fundo Legal, con la finalidad que tales personas tengan oportunidad de regularizar su situación, adquiriendo y/o regularizando el solar o la superficie que ocupan. 2.- Para que con arreglo a las disposiciones conducentes de las leyes y reglamentos vigentes en el Estado de Chihuahua, proceda al fraccionamiento y lotificación del Fundo Legal que se declara, reservando las áreas necesarias para Escuelas, Parques o Jardines y Servicios Públicos, sin que los lotes o solares puedan exceder de los límites que señalan las leyes vigentes. 3.- Para que pueda vender lotes o solares a particulares con sujeción a los trámites y bajo las condiciones que establecen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado, en la inteligencia de que las ventas serán en base a los precios que se fijen en el presupuesto de ingresos municipal. (.) En su artículo primero, primer párrafo, el Decreto reclamado establece la superficie del Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y determina que, a partir de la publicación del mismo (el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis), el Ayuntamiento es propietario de la superficie relativa, cuya ampliación, materia del Decreto reclamado, es descrita en el segundo párrafo del artículo primero, facultándolo para regularizarla en su totalidad, conforme a las leyes vigentes. Por su parte, el artículo segundo, apartado 1, señala que se faculta al Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para otorgar derechos de preferencia a las personas que por justo título vengan ocupando algunas porciones de terreno comprendidas en el nuevo Fundo Legal determinado, a fin de que tengan la oportunidad de regularizar su situación, adquiriendo y/o regularizando el solar o la superficie que ocupan. Esto es que, en principio, a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis (fecha de publicación del Decreto reclamado), el Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, es propietario de la ampliación del Fundo Legal de dicha localidad y podrá otorgar derechos de preferencia, a quienes por justo título ocupen porciones del mismo, para regularizar su situación. De manera que, no es verdad que con la entrada en vigor del Decreto reclamado, no se afecte el predio que la parte quejosa dice, es de su propiedad originaria y está comprendido en la superficie ampliada del Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (cuestiones de título y ubicación del predio que serán abordadas en el considerando conducente), sino que, dicho Decreto establece claramente que con su entrada en vigor, la superficie ampliada de su Fundo Legal, es propiedad del Ayuntamiento de dicha localidad y que los poseedores de sus porciones, podrán regularizar su situación, lo que implica que tales poseedores, como la parte quejosa dice serlo, tendrán que someterse a dicho trámite de regularización. Por lo tanto, el acto reclamado al Presidente Municipal -y del Ayuntamiento que lo gobierna, conforme al artículo 20 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua- de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, consistente en la ejecución del Decreto reclamado, a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio y consecuente apropiación de un predio propiedad de la parte quejosa, es cierto. Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96 Tercera Parte, página siete, con registro 238215, que establece: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. I. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamados al Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto reclamado. Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclamó el Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas, argumentando que vulnera los garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que, dentro de esa superficie se ubica un predio de su propiedad; sin atribuirle al acto legislativo de publicación, vicios propios. De ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto del Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, de quien se tildó de inconstitucional la publicación de los Decretos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio respecto del Decreto reclamado, por falta de interés jurídico de la parte quejosa. Como se indicó en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó el Decreto número 1559/16, por el que se aprueba y se declara fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de 21,160-57-87.426 hectáreas, argumentando medularmente, que dentro de dicha superficie ampliada, se encuentra ubicado un predio de su propiedad, por lo que, la ampliación del Fundo Legal de la citada localidad, le causa perjuicios en su esfera jurídica. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionada con el numeral 107 de la propia Ley, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) En relación con la primera de las normas citadas, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico; o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real, actual y directa a algún derecho subjetivo del que sea titular (interés jurídico), o bien, dicha afectación ocurra dentro de su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Tomo XXVIII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común y número de registro 170500, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así como la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época y número de registro 2007921, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple probabilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la laboral cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así pues, para demostrar su interés jurídico, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público vulnerado por el acto de autoridad. En relación con lo anterior, conviene indicar que de la interpretación del artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se deduce que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que les ocasionen un perjuicio en su esfera jurídica: a) con motivo de su sola vigencia; o, b) con motivo su primer acto de aplicación. En la primera hipótesis, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obligue a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, de manera que, estará en aptitud de promover la acción constitucional, en un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del ordenamiento legal, esto de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de amparo. Es decir, que un ordenamiento legal es autoaplicativo, cuando lleve en sí mismo un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad (o de un particular en auxilio a la actividad de la autoridad) para que se origine la afectación al gobernado, pues adquiere, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorio, de manera que, los sujetos de dicho ordenamiento, están obligados a hacer o no hacer determinada actividad, desde la entrada en vigor del ordenamiento legal de que se trate. Lo anterior obedece al criterio de distinción basada en el concepto de individualización condicionada, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 55/97, publicada en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional y Común, Novena Época y número de registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Asimismo, al respecto, se cita la tesis 1ª. CCLXXXI/2014 (10ª), publicada en la página 148, del Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época y número de registro 2006963, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.El subrayado es nuestro. Indicado lo anterior, se tiene que en el caso, la parte quejosa reclamó el Decreto señalado, con motivo de su sola entrada en vigor, pues en su demanda de amparo expresó lo siguiente (foja 6): (.) En ese dispositivo constitucional, se establece la procedencia del amparo contra leyes auto aplicativas que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan perjuicios al quejoso apoyado con los artículos 21, 22, fracción I y 23, fracción XII, de la Ley de Amparo. En la especie, es aplicable también el siguiente criterio, por cuanto que el acto reclamado se trata de una disposición de índole autoaplicativa, por cuanto que las obligaciones derivadas de la Ley nacen con ella misma (.). Lo anterior, no obstante que le atribuya al Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la ejecución del Decreto reclamado, pues dice que a través de la ampliación del fundo legal del citado Municipio, éste se apropió de un predio de su propiedad, ya que como se explicó en la última parte del considerando segundo, a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis (fecha de publicación del Decreto reclamado), el Ayuntamiento de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, efectivamente es propietario de la ampliación del Fundo Legal de dicha localidad y podrá otorgar derechos de preferencia, a quienes por justo título ocupen porciones del mismo, para regularizar su situación. Por lo que, se estima que el primer acto de aplicación del Decreto que nos ocupa, lo constituiría aquél que emita una autoridad municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en el sentido de negar a la parte quejosa, la regularización del predio que, con justo título, ocupe y que se encuentre dentro de la superficie que comprende el Fundo Legal ampliado de dicha localidad. En otras palabras, el Decreto reclamado lleva, en sí mismo, un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad (o de un particular en auxilio a la actividad de la autoridad) para que se origine la afectación al gobernado, afectación que en el caso consiste en la apropiación, por parte del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de la superficie que amplía el Fundo Legal que conforma dicha localidad, situación jurídica que adquiere eficacia, desde la sola entrada en vigor del Decreto reclamado, de manera que, los sujetos pasivos de dicho ordenamiento, están obligados a hacer, o no, determinada actividad, desde la entrada en vigor del mismo, esto es, a realizar, o no, el trámite de regularización de la posesión que vengan ejerciendo sobre determinada porción de dicha superficie, desde antes de la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, se cita nuevamente el contenido del artículo primero del Decreto reclamado: PRIMERO.- Se declara Fundo Legal de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en el Estado de Chihuahua, el constituido por una superficie de ******* hectáreas de terreno, que a partir de la publicación de este Decreto, el H. Ayuntamiento es propietario de esa superficie y podrá regularizar en su totalidad conforme a las leyes vigentes. Superficie ubicada geográficamente en el Municipio de Nuevo Casas Grandes: Polígono 1 (uno) con una superficie de ******* hectáreas; Polígono número ******* con una superficie de ******* hectáreas; Polígono ******* con una superficie de ******* hectáreas. Pues bien, la superficie del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, geográficamente, conforme al segundo párrafo del citado numeral, se integra con los polígonos ahí descritos. De manera que, para que la quejosa demuestre el interés jurídico que le asiste para reclamar dicho Decreto, debe demostrar fehacientemente que es titular de un derecho subjetivo público vulnerado por el mismo, esto es, que posee o es propietaria de una porción de terreno ubicada dentro de la superficie que, conforme al Decreto reclamado, constituye ahora el Fundo Legal del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ahora bien, en este juicio de amparo, la parte quejosa exhibió los siguientes medios de convicción: a) Copia certificada de la papeleta de recepción de la demanda de amparo que el representante de la sucesión de bienes de ******* (aquí promovente), presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la misma ciudad (fojas 13 y 14), b) Copia certificada de diversas actuaciones del juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de ******* (fojas 15 a 24), c) Copia certificada de la escritura pública número *******, otorgada por el Juez de Primera Instancia del Distrito Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en funciones de Notario Público por ministerio de Ley, en la que se hizo constar el contrato de compra venta, celebrado entre *******, en su carácter de vendedora, y *******, en su carácter de comprador, respecto del terreno rústico pastal ubicado al sureste de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con superficie de ******* metros cuadrados, el cual, conforme al plano que se tuvo a la vista, se describe de la siguiente manera: partiendo de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo (ilegible) ******* (ilegible), se miden *******; de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo ******* (ilegible), se miden *******, colindando en estos rumbos con propiedades de la testamentaria de *******; de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo *******, se miden *******; de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo *******, se miden *******; de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo (ilegible) *******, se miden *******, colindando en estos tres rumbos con propiedades de *******; de la mojonera ******* a la mojonera ******* (ilegible), se miden *******, colinda con propiedad de ******* y de *******; de mojonera *******, se miden *******; de la mojonera ******* a la mojonera *******, rumbo ******* (ilegible), se miden *******; y de la mojonera ******* a la mojonera ******* de partida, para cerrar la figura, rumbo *******, se miden *******, colindando en estos tres últimos rumbos con propiedad de ******* (fojas 25 y 25 vuelta). Escritura pública que quedó registrada bajo el número *******, a folio *******, del libro *******, Sección *******, del Registro Público de la Propiedad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (foja 30). d) Copia certificada de la inscripción *******, a folio *******, del libro *******, Sección *******, del Registro Público de la Propiedad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (fojas 31 a 38). e) Impresión de la edición del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en la cual se publicó el Decreto reclamado (foja 39 a 64). Sin embargo, con dichos medios de convicción, la parte quejosa no demuestra su interés jurídico, pues no se desprende, de ninguno de ellos, ni de los mismos adminiculados entre sí, que el bien inmueble descrito en el inciso c) anterior, esté ubicado dentro de la superficie que ahora conforma la totalidad del fundo legal de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. En efecto, de la copia certificada de la papeleta de recepción de demanda de amparo, descrita en el inciso a), únicamente se desprende que el representante de la sucesión de bienes de ******* (aquí promovente), presentó una demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la misma ciudad. Ahora bien, con las copias certificadas descritas en el inciso b), se demuestra que dentro del juicio sucesorio testamentario *******, a bienes de *******, tramitado ante el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se designó al promovente de amparo, como albacea de dicha sucesión, quien además tiene el carácter, entre otras personas, de único y universal heredero. Mientras que, si bien es cierto que con la escritura pública descrita en el inciso c) y la inscripción referida en el inciso d), se demuestra que el bien inmueble descrito fue adquirido en propiedad, por el de cujus *******, a través del contrato de compra venta que se hizo constar en la escritura pública; de dichas constancias no se desprende, de forma alguna, que el predio de que se trata, se encuentre, precisamente, dentro de la superficie que se tomó para ampliar el fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y quedar determinado ahora conforme al Decreto reclamado, pues ni siquiera de la inscripción registral descrita se advierte anotación marginal en ese sentido. Al respecto es menester indicar, que para que el que suscribe se cerciorara, fehacientemente, de dicho extremo, esto es, de que el predio de que se trata, se encuentra dentro de la superficie que constituyó la ampliación del fundo legal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y que entonces, el Decreto reclamado afecta, con su sola entrada en vigor, su esfera jurídica, era necesario que la parte quejosa allegara a este juzgador, una prueba conducente para ello, como una pericial en topografía, a través de la cual, un experto en dicha materia, valiéndose de sus conocimientos técnicos especializados y de los instrumentos necesarios cuyo funcionamiento técnico también le es inherente, realizara las mediciones o trabajos de campo correspondientes, tanto sobre el nuevo fundo legal de la citada localidad, como sobre el predio que la parte quejosa dice, se encuentra ahí inserto, para que así, el que suscribe contara con elementos de prueba aptos para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Por último, resulta evidente que la impresión de la edición del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en la cual se publicó el Decreto reclamado, descrita en el inciso d), no tiene relación con el interés jurídico de la parte quejosa, sino con la existencia del Decreto reclamado. Por lo tanto, al carecer la parte quejosa de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, primer párrafo, de la propia Ley, siendo lo procedente, decretar el sobreseimiento respecto de dichos actos reclamados, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, a través del cual informa que declaró infundado el recurso de queja que interpuso *******, y otros, en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por las razones asentadas. Por ende, una vez que quede firme tal determinación, provéase lo conducente en torno al suspenso decretado en este asunto. Lo previo, acorde a lo dispuesto por el arábigo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
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