Juan Francisco Cornejo Herrera

Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
363/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Francisco Cornejo Herrera
  • Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo de la Secretaría de Bienestar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    (3) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil veintitrés (fojas 153 a 156), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción I, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. En otro contexto, toda vez que en el presente expediente obra glosado un documento original que exhibió la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificado a recibirlo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente juicio.

  2. Incidental

    (3) Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es conservable al haberse concedido la medida cautelar, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Luego, en observancia el artículo 19, fracción II, inciso a), del instrumento normativo en referencia, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción dentro de los treinta días siguientes a que haya transcurrido los seis meses siguientes a la emisión de este auto.

  3. Principal

    (3) ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo***

  4. Principal

    (3) I. Ampliación de demanda. Agréguese a los autos la promoción de cuenta y, visto su contenido, téngase a la parte quejosa formulando ampliación de demanda respecto de los actos señalados en el ocurso de cuenta, a las autoridades responsables que señala como 1] Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo; y, 2] Coordinación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente adscrita a la Delegación Hidalgo, de la Secretaría del Bienestar, a quien les atribuye los actos reclamados consistentes en: A] El acta de verificación de once de abril de dos mil veintitrés, emitida por *****, personal adscrito al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, en el que refiere que fue excluido del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2023. B] El oficio ******, signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo, en el que refiere que fue excluido para ser incorporado al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2023. C] La negativa de iniciar el trámite y registro de solicitud de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que ordena el artículo 4 de la Constitución Federal. D] La omisión de hacer efectivos los ajustes razonables que requiere el quejoso como persona con discapacidad intelectual permanente por encontrarse en una categoría sospechosa al ser una persona en estado de vulnerabilidad. E] La condición impuesta al quejoso para ser incorporado al programa social en favor de las personas con discapacidad, consistente en que el Gobierno del Estado de Hidalgo, firme convenio para la universalización de la pensión para personas con discapacidad permanente. F] La violación de su derecho humano de acceso al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que ordena el artículo 4 de la Constitución Federal. Asimismo, amplía sus conceptos de violación en relación con los actos antes precisados. Del análisis toral de los actos que reclama, todos ellos se hacen derivar del acta de verificación de once de abril de dos mil veintitrés, emitida por *******, personal adscrito al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, quien acudió al domicilio del aquí quejoso a realizar la citada diligencia domiciliaria de verificación de la documentación prevista en los numerales 3.2 Población Objetivo y 3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso, de *******, así como el cumplimiento a dichas reglas. De la citada acta, se advierte que ******, presentó la documentación ahí descrita, así como proporcionó la información personal que le fue solicitada, en atención a ello, el verificador resolvió lo siguiente: "A LO ANTERIOR, ES MENESTER HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL COMPARECIENTE, ES OMISIO EN CUMPLIR CON TODOS LOS NUMERALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DADO QUE, CUENTA CON ********, POR HABER NACIDO EL DÍA ******, MISMO QUE RADICA EN PACHUCA DE SOTO, TAL Y COMO SE OBSERVA CON COMPROBANTE DE DOMICILIO EXPEDIDO POR *****, POR LO QUE ES DE ACLARARSE QUE LA LOCALIDAD Y/O EL MUNICIPIO NO SON CONSIDERANDOS UNA LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO INDÍGENA, O DE ALTO O MUY ALGO GRADO DE MARGINACIÓN, ASÍ COMO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA NO HA FIRMADO ALGÚN CONVENIO PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA PENSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 3.2 POBLACIÓN OBJETIVO Y 3.3 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ACCESO, DE LAS MULTICITADAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE, DERIVADO DE ELLO ESTA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO ADMINISTRATIVAMENTE Y OPERATIVAMENTE, REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA MULTICITADO, ASÍ COMO NOS ENCONTRAMOS SUPEDITADOS A QUE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CELEBRE UN CONVENIO PARA LA UNIVERSALIZACIÓN Y EL PROGRAMA EN CITA SEA UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 4. OPERACIÓN, 4.1 PROCESO, INCISO B), DE LAS SUPRA MENCIONADAS REGLAS DE OPERACIÓN. (Transcribe texto). HACIENDO DE CONOCIMIENTO EN ESTE ACTO AL C. ******, QUE DICHA VERIFICACIÓN, TIENE LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DECRETADA DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN CITA Y EN ESTE MISMO ACTO EL C. *****, MANIFESTA LO SIGUIENTE: (transcribe manifestación)." IV. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la ampliación de demanda, esta juzgadora advierte motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, como se evidenció la parte quejosa hace consistir los actos reclamados de su ampliación de demanda en el acta de verificación de once de abril de dos mil veintitrés, emitida por ******, personal adscrito al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, en la que se advierte que éste al acudir al domicilio del aquí quejoso y realizar la diligencia domiciliaria de verificación de la documentación prevista en los numerales 3.2 Población Objetivo y 3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso, de ******* así como el cumplimiento a dichas reglas, determinó que el citado quejoso fue omiso en cumplir con todos los numerales de las reglas de operación, explicándole las razones pertinentes; en ese sentido, fue que la citada coordinación del programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, determinó que encontrarse imposibilitada administrativamente y operativamente, para realizar el registro estatal de la solicitud de incorporación al programa multicitado. En ese sentido, resulta patente determinar que el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita; preceptos legales que establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De la transcripción que antecede se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Luego entonces, el acto reclamado de donde derivan los diversos hechos valer por la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda, resulta ser el acta de verificación, en donde se le hace del conocimiento al quejoso que la Coordinación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se encuentra imposibilitado administrativamente y operativamente para realizar el registro estatal de la solicitud de incorporación al programa multicitado, por no reunir los puntos 3.2 Población Objetivo y 3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso, previstas en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el Ejercicio Fiscal 2023, circunstancia que pone fin a la instancia del procedimiento administrativo referido, ya que, para que se continúe con el mismo, la parte quejosa debe de cumplir con los requisitos ahí precisados, lo cual, no realizó. En ese tenor, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que el acto que se reclama debe ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2008807 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 19/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783 Tipo: Jurisprudencia RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." "Registro digital: 2004553 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 130/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Consecuentemente, habiéndose actualizado la causa de improcedencia anteriormente invocada, de manera manifiesta e indudable, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente ampliación de demanda constitucional. No pasa inadvertido que el quejoso manifiesta ser una persona con discapacidad permanente y que solicite ajustes razonables, toda vez que dicha circunstancia no justifica que se dejen de observar los principios constituciones y legales para el acceso a la justicia. Resultan aplicables a lo anterior por analogía los precedentes siguientes: "Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." "Registro digital: 2024122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: XXIV.1o.3 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2434 Tipo: Aislada ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que, si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos, porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad (ante quien se insta la acción). Justificación: Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos, que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente; es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, sobre todo, porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas."

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