Juan Francisco Carrizales Lara
Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Francisco Carrizales Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, debido a lo acordado en líneas precedentes, carece de objeto que continúe bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente SIPE 127/2020-VII del índice del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, por lo que se ordena devolver a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 475/2021, promovido por ***************, contra el acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridad responsable al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, a quien reclama el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente SIPE 127/2020-VII, del índice de la aludida autoridad, por el que desechó el recurso que interpuso contra el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual se determinó que la pena de prisión que le fue impuesta la terminaría de cumplir el treinta de mayo de dos mil veintisiete. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *******************a, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y turnado el veintiuno siguiente al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsable al citado juez federal especializado. El quejoso denunció la violación de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones internacionales. La demanda fue enviada por incompetencia a este órgano jurisdiccional, por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por razón de territorio, razón por la cual, en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, donde se admitió la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************, donde quedó registrada con el número 475/2021. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se impugna un acto que propiamente no conlleva una ejecución, aunado a que el quejoso se encuentra interno en un centro federal de readaptación social donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, lo siguiente: La determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente SIPE 127/2020-VII, por el que desechó el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, se aprecia su existencia de las constancias que envió en copia certificada, relativas al expediente SIPE 127/2020-VII, probanza que adquiere valor probatorio pleno, por ser un documento público, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de este último ordenamiento. Resulta aplicable, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena. Tal certeza se corrobora con las copias simples que exhibió la parte quejosa con su escrito de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dado que se aprecia la existencia de la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente SIPE 127/2020-VII, por la cual se desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por *******************, contra el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, misma que le fue notificada a través del exhorto 314/2021-IV del registro del citado órgano especializado en ejecución. En ese tenor, la negativa de la autoridad responsable se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; Este órgano jurisdiccional considera que la anterior hipótesis normativa se encuentra más pormenorizadamente descrita por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 3044/98, 901/2000, 197/2001, 210/2002 y 737/2002, que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En esos asuntos, la Segunda Sala explicó que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, acotó la Segunda Sala, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas y, por tanto, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, al actualizarse alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, si se concluye que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En el caso concreto, el objeto o materia del acto cuya constitucionalidad se cuestiona consiste en el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, emitido en el mismo asunto donde se indicó que la pena de prisión que le fue impuesta se terminaría de cumplir el treinta de mayo de dos mil veintisiete. Sin embargo, de la lectura de la constancias certificadas enviadas por la autoridad responsable, se observa que por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal 26/2021 (18/2021 SPA) (10/2021 LNEP), por el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra la determinación de tres de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente SIPE 127/2020-VII. Para mayor comprensión, sirva de ejemplo la situación que ocurre cuando un menor de edad promueve un amparo para defender un derecho relacionado con su minoría de edad y durante el juicio deja de tener ese carácter. En ese supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se actualiza la causa de improcedencia relativa que antes estaba prevista en la fracción XVII de la Ley de Amparo abrogada. La misma lógica aplica para este asunto, donde el quejoso controvirtió un proveído en el que se desechó su recurso de apelación y, posteriormente, después de que el órgano jurisdiccional responsable saneara ciertas circunstancias ajenas al peticionario de amparo -como lo fue la coexistencia de un diverso acuerdo de la propia fecha, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual tuvo por interpuesto el recurso de apelación multicitado-, el Tribunal de Alzada, admitió a trámite el medio de impugnación que interpuesto. Bajo ese panorama, a ningún fin práctico conduciría entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que, la decisión tomada en el acuerdo impugnado, a pesar de no existir declaración formal de invalidez o inexistencia, fue superada al darse trámite al recurso de que se trata y remitirse a la Superioridad, quien lo admitió a trámite. DECISIÓN Ante las circunstancias descritas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********************a, contra el acto reclamado al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, por los motivos y fundamentos expresados en este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos escritos de **, autorizado del quejoso ** y, atento su contenido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, dígasele que no ha lugar a hacer el requerimiento a la autoridad que solicita, debido a que a ningún fin práctico conduciría, toda vez que, en términos del artículo 75 de la materia, este órgano jurisdiccional en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la copia certificada del SIPE 127/2020-VII del índice del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, de las que se advierte que se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto por el directo quejoso. En ese orden, con base en las referidas constancias, se resolverá lo que en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Por otra parte, téngase a la parte quejosa haciendo las manifestaciones que produce en vía de alegatos con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo; en términos del diverso precepto 119 de la misma ley, se tiene como prueba de su parte, la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la copia que solicita se deduzca del tomo de pruebas que se formó con motivo del envió de las constancias del expediente SIPE 127/2020-VII del índice del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, y 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se autoriza su expedición en los términos siguientes: Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena que el quejoso o su autorizado, acuda al presente órgano jurisdiccional y previa cita, que deberá agendar desde la modalidad del programa "Agenda OJ", a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda al escaneo de las constancias cuya copia solicita. En el entendido que quienes ingresen deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de acceso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. El escaneo en cuestión, se realizará por cualquier medio digital con que cuente el peticionario de amparo. A fin de dar oportunidad a la obtención de la reproducción de las constancias solicitadas por el quejoso, dígasele que las mismas quedan a su disposición en la secretaría de este Juzgado de Distrito, atendiendo las cargas de trabajo y asistencia presencial del personal de este órgano jurisdiccional. En ese orden, el proceso de digitalización quedará a cargo de la parte quejosa, en el entendido que queda bajo su estricta responsabilidad el uso y manejo de cualquier dato que constituya información confidencial, al que tenga acceso durante en el proceso de expedición de copias. Obtenida que sea la digitalización de las constancias, el quejoso procederá a imprimirlas, bajo toma de protesta de que solo obtendrá una copia simple de tal archivo, sin que reproduzca de manera alguna el mismo en un diverso medio de almacenamiento o transmisión; pues, con independencia que al momento de cotejar la reproducción con sus originales o al realizar el escaneo, se testen los datos sensibles o confidenciales o se señalen documentos que no deberán ser reproducidos. En ese orden, el uso de la información fuera de los márgenes estipulados en este acuerdo, dará lugar a poner a la vista con tal circunstancia a la Agente Federal del Ministerio Público adscrita, para que proceda conforme a sus atribuciones. La copia simple que se obtenga, podrá ser entregada a este órgano jurisdiccional mediante escrito, para el caso de que se desee su certificación, por lo que, previo al cotejo correspondiente, análisis de datos sensibles y tomando en consideración la carga de trabajo, se realizará la certificación correspondiente y ordenará entregar la copia certificada resultante, por conducto de la actuaria adscrita NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos el informe justificado del con un informe justificado de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, en virtud que dicho informe ya obra en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba por parte de dicha responsable, la documental que exhibe, consistente en copia certificada del expediente SIPE 127/2020-VII, de su índice, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Asimismo, para un mejor manejo de este expediente, fórmese el tomo uno de pruebas por separado con las constancias remitidas por la autoridad ocursante y guárdese en la secretaría de este Juzgado a disposición de las partes para su consulta; lo anterior, con base en la certificación secretarial de cuenta, que hace constar la imposibilidad material de la digitalización de las copias certificadas del expediente SIPE 127/2020-VII, para su integración al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con tales constancias se ordena dar vista a la parte quejosa, de conformidad con el diverso precepto 117 de la ley de la materia, para que manifieste lo que a su interés legal convenga en relación a las mismas, dejando a su para consulta disposición en la secretaría de este Juzgado el tomo de pruebas en cuestión, toda vez que no señaló domicilio físico para correrle traslado y ante la imposibilidad de su escaneo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE POR LISTA AL QUEJOSO.
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