Juan Francisco Calderón Sánchez
Expediente 209/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Francisco Calderón Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de diez de julio de dos mil diecinueve. se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal sin medio de impugnación interpuesto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina depurar esta pieza de actuaciones. No obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA RAÚL HERNÁNDEZ CHÁVEZ, LA SENTENCIA DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Francisco Calderón Sánchez, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 209/2019-IV, promovido por Juan Francisco Calderón Sánchez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato y otra autoridad, que consideró violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Admisión, trámite e integración. En la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el once de marzo de dos mil diecinueve, se recibió la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal, admitiéndose a trámite en auto de trece del mencionado mes y año; se emplazó al tercero interesado Raúl Hernández Chávez (parte actora en el juicio laboral de origen), se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acto que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, debido a que el acto reclamado tuvo ejecución en San Francisco del Rincón, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Atento lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Director de la Oficina Central de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, todas con sede en esta ciudad: El emplazamiento al juicio laboral 1261/2018/E2/CB/IND, del índice de la Junta Especial número Dos de Conciliación y Arbitraje de esta localidad y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento, incluyendo el laudo y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y la Coordinadora de Actuarios de la citada Junta, ambas con sede en la localidad, aceptaron la existencia de los actos reclamados al rendir su respectivo informe justificado; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 1261/2018/E2/CB/IND, del índice de la junta responsable (fojas 46 a 91), mismas que cuenta con plena eficacia probatoria en términos del numeral 74 fracción III, de la ley de la materia, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada respecto de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Así, atendiendo a los informes afirmativos y a la plena eficacia de la documental que obra en autos, está demostrada fehacientemente la existencia de los actos combatidos, según las Jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que el juicio laboral de origen (1261/2018/E2/CB/IND), fue promovido por Raúl Hernández Chávez (tercero interesado) en contra de Francisco Calderón Sánchez; contradictorio dentro del que destacan las siguientes actuaciones: Raúl Hernández Chávez, por conducto de sus apoderados demandó en la vía ordinaria laboral, el pago de diversas prestaciones, a Francisco Calderón Sánchez, como patrón o responsables de la fuente de trabajo, señalando como domicilio para llevar a cabo el emplazamiento el ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111 y 1155, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho la Junta responsable ordenó emplazar al demandado en el domicilio ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111 y 1155, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato. La diligencia de citación de la parte demandada Francisco Calderón Sánchez, tuvo verificativo el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 50) en el domicilio situado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, mientras que la de emplazamiento se llevó a cabo en los términos asentados en el acta de cinco de junio de ese mismo año en aquel domicilio (foja 51) El veinticinco de junio y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 53 y 54), tuvieron verificativo las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, sin la asistencia de la demandada; haciéndosele efectivos los apercibimientos de ley. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 75 a 88), se dictó resolución en forma de laudo, en la cual se condenó al demandado Francisco Calderón Sánchez, al pago de diversas prestaciones de carácter laboral; laudo que le fue notificado en la forma y términos que quedó asentado en la razón actuarial levantada el dieciocho de febrero del año que transcurre (foja 90). El llamamiento al juicio laboral de origen y sus consecuencias, constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Hasta aquí se precisan los antecedentes de los actos reclamados. Por su parte, en sus conceptos de violación la parte solicitante de la protección constitucional medularmente esgrime que el emplazamiento al juicio laboral contraviene sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 14 constitucionales, debido a que se llevó a cabo sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, por los siguientes motivos: I. El nombre de la parte demandada dentro del procedimiento laboral de origen es Francisco Calderón Sánchez, por lo que se trata de diversa persona al quejoso, ya que su nombre correcto es Juan Francisco Calderón Sánchez. II. El domicilio donde se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada - calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato-, no es el mismo al que ocupa el impetrante -calle Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato-. QUINTO. Resolución de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte solicitante del amparo, cuyo estudio se emprende en conjunto, para mayor claridad y por cuestión de técnica jurídica. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018, Tomo III, Libro 29, Abril de 2016 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Ahora bien, como ya se dijo, el impetrante en su primer concepto de violación refiere que el nombre del patrón demandado y emplazado dentro del procedimiento laboral de origen es Francisco Calderón Sánchez, por lo que se trata de diversa persona al quejoso, ya que su nombre correcto es Juan Francisco Calderón Sánchez. En concepto de esta juzgadora la inconsistencia destacada por el quejoso no es motivo suficiente para declarar la ilegalidad del emplazamiento cuestionado, en virtud de que existe vasta coincidencia entre nombres. De inicio, debe decirse que el nombre es un elemento de identificación de las personas físicas o morales que en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento o bien en un acta constitutiva, según sea el caso; en razón de ello, la cuestión se centra en determinar si la mención no completa o correcta del nombre de una persona, es razón suficiente para considerar que se trata de personas distintas. En este tenor, la mera circunstancia que dentro de un procedimiento laboral el trabajador actor no haya mencionado el nombre completo de la parte demandada, no puede, de manera inexorable, ser motivo para sostener que se trata de personas distintas; pues se insiste, el nombre completo y correcto de una persona física o jurídica es el factor que sirve para su identificación, y cuando se emplea en forma incompleta, esto es, cuando no se expresan todos los elementos que lo conforman, puede permitir la identificación de ésta a condición de que por las circunstancias específicas no exista riesgo de que se afecte a terceros o se pueda confundir a la persona de que se trata. En consecuencia, se debe ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual se deben tomar en cuenta las circunstancia específicas del caso concreto; por tanto, es suficiente que el nombre permita distinguirla de otras. En el caso concreto, no puede considerarse que Francisco Calderón Sánchez, quien fue demandado y posteriormente emplazado dentro del expediente laboral del índice de la junta responsable, efectivamente es una persona diversa al quejoso Juan Francisco Calderón Sánchez; pues este no demostró con prueba idónea dicha circunstancia, ya que con la documental aportada por el solicitante de amparo, consistente en constancia de situación fiscal (fojas 6 a 8), únicamente se acreditan los datos del impetrante asentados en la misma y su situación ante la autoridad hacendaria, sin que ello cree convicción de que efectivamente no se trata de la misma persona demandada por el tercero interesado en el juicio natural, puesto que en muchas ocasiones los trabajadores no conocen el nombre completo de sus empleadores, además que de dicha documental se desprende que la actividad económica del solicitante de amparo es la fabricación de calzado de plástico, mientras que la fuente de trabajo del actor en el procedimiento de origen era el de elaboración y venta de calzado deportivo. Actividad que se corrobora con la impresión de la factura electrónica exhibida por el impetrante, con valor probatorio de indicio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que Juan Francisco Calderón Sánchez se dedica a la compra venta de calzado. En esas condiciones, no se considera que Francisco Calderón Sánchez -nombre proporcionado por el trabajador actor en su demanda- y Juan Francisco Calderón Sánchez -nombre del quejoso-, son personas distintas, puesto que, como ya se dijo, no obran elementos de convicción en el presente juicio constitucional, que siquiera permita presumir tal circunstancia, por lo que el quejoso incumplió la carga probatoria que le impone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del artículo 2 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable en lo conducente la tesis I.4o.A.34 K (10ª), Décima Época, visible en la página 1194 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo II, Materia Administrativa, de rubro y texto: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE. "El nombre es un elemento de identificación de las personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de determinados derechos ante un órgano del Estado, debido a que en el primer supuesto, por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de exigencia en la hipótesis restante." Ahora, en cuanto al segundo concepto de violación esgrimido por el quejoso, en relación con el acta de citatorio y emplazamiento de cuatro y cinco de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que no le asiste razón respecto las alegaciones formuladas, pues contrario a lo expuesto, de las actas en análisis se advierte que el actuario sí se constituyó en el domicilio que le fue señalado -calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato-, pues sí se cercioró de que fuera el correcto a través de los elementos que quedaron asentados (placa metálica oficial que indica el nombre de la vialidad y colonia, número visible, consistente en casa habitación fachada blanca, portón negro) y que efectivamente requirió, previo a dejar el citatorio respectivo, la presencia del demandado Francisco Calderón Sánchez, quien al no encontrarse trajo como consecuencia, que el citatorio fuera dejado en poder de la persona que atendió al actuario, quien se negó a proporcionar su nombre, pero cuyas características se asentaron en dicha diligencia, la que le manifestó que en ese domicilio sí habitaba el demandado pero que en ese momento no se encontraba, situación que prevé el artículo 743, fracciones II y III, de la Ley Federal de Trabajo. En ese tenor, no se coincide con el impetrante en relación a que en el domicilio donde fue practicado el emplazamiento de la parte demandada (calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato), no se le puede localizar, ya que en éste habita una persona de nombre Francisco Quezada, en tanto que el inmueble que en realidad ocupa se sitúa en calle Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe de la aludida ciudad, pues los datos asentados por el funcionario notificador adscrito a la Junta responsable, son suficientes para tener por cierto que constató el haberse presentado en el lugar que se le indicó para realizar la diligencia de emplazamiento, pues el hecho de que el actuario hubiere precisado en sus actas que se encontraba en el domicilio correcto, por así haberse cerciorado con los diversos medios de convicción que tuvo a la vista, como lo son la placa de la nomenclatura de la vía y colonia en que se encontraba, así como el número del inmueble, aunado a que hizo constar que fue atendido por una persona del sexo femenino quien se negó a proporcionar su nombre y dijo que en ese domicilio habitaba el demandado pero que en ese momento no se encontraba, resultan circunstancias que le dan validez a la diligencia de emplazamiento, al encontrar con su realización satisfechos los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo, y si bien, no firmó la citada persona, tal requisito no lo exige la ley, ya que la fe pública del diligenciario no se desvirtúa con tal omisión. Al caso, se cita la tesis número 2a./J. 162/2004, sustentada por, visible en la página 78, Tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación.". De igual forma, sirve como sustento la tesis 4a./J. 26/94, visible en la página 29, tomo setenta y nueve, julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ESTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUELLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio.". Así, de tales datos aparece que el actuario sí se constituyó en el domicilio ordenado por la Junta responsable (calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato), pues señaló los medios de convicción y cercioramiento que lo llevaron a constatar que se encontraba en el lugar correcto, tales como la placa con el nombre de la calle y colonia, así como del número del inmueble, además de que asentó -en términos del artículo 743, fracción I de la Ley Federal del Trabajo- que en el lugar donde estaba constituido puede ser localizado el demandado por el dicho de la persona con la que entendió la diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 50). Ahora bien, el quejoso ofreció como pruebas para acreditar que el domicilio en donde fue emplazado la parte demandada (calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato), no es el mismo que dice habitar (calle Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato), y que por ende, no puede ser localizado en el primero de ellos, las siguientes: Constancia de situación fiscal a nombre del quejoso (fojas 6 a 9). Impresión de factura electrónica expedida por el quejoso (foja 9). La inspección judicial de fecha trece de junio de dos mil diecinueve (foja 138), que versó respecto a los puntos señalados en el escrito de ofrecimiento, los cuales son los siguientes: Luego, al llevar a cabo el desahogo de la citada probanza (foja 138), la actuaria a quien se le encomendó la desahogó en los siguientes términos: Ahora bien, las pruebas marcadas con los números uno y dos, si bien cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 263 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del artículo 2 de la Ley de Amparo, no se consideran idóneas para acreditar el dicho del quejoso, puesto que con las documentales aportadas, consistentes en constancia de situación fiscal a su nombre e impresión de factura electrónica expedida por él (fojas 6 a 9), únicamente se acreditan los datos del impetrante asentados en las mismas, entre los que se encuentra su domicilio fiscal, sito en calle Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, así como su situación ante la autoridad hacendaria; sin embargo, no aportan elementos para estimar que las diligencias de citatorio y emplazamiento de cuatro y cinco de junio de dos mil dieciocho no fueron llevadas a cabo en el domicilio ordenado por la Junta responsable y respecto del cual el fedatario tuvo el cercioramiento de que se trataba del correcto y que en el mismo habita el demandado. Pues no debe pasarse por alto que en algunas ocasiones el domicilio fiscal no corresponde al de la fuente de trabajo, aunado a que aquél es proporcionado por los propios contribuyentes, sin que exista una verificación por parte de las autoridades hacendarias en torno a la autenticidad del mismo Por otra parte, en cuanto a la inspección judicial ofertada, se advierte que se desahogó en los siguientes términos: No le fue posible a la actuaria localizar el número 111 de la calle Fray Juan de Zumárraga, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, no obstante de haber recorrido dicha vialidad en su totalidad, asimismo, tampoco localizó ningún inmueble con fachada color blanco y portón negro -descripción del domicilio en donde se llevó a cabo el emplazamiento reclamado y proporcionada por el actuario adscrito a la junta responsable-. Se entrevistó la actuaria con una persona del sexo femenino que refirió se encontraba en el inmueble "junto al número 207, mismo que tiene fachada de piedra y puerta blanca, donde venden comida", a quien le preguntó por el quejoso Juan Francisco Calderón Sánchez, persona que le dijo cómo llegar a su domicilio, por lo que atendiendo a sus instrucciones, se constituyó en el domicilio indicado, en donde se entrevistó con el impetrante, quien se identificó con licencia para conducir con folio JC2906482734, con domicilio en calle Fray Juan de Zumárraga, número 115, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, quien manifestó "Este domicilio es mi fuente de trabajo y le corresponde el número 115-A"; asimismo, exhibió un recibo de "Telmex" con domicilio Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Por otra parte, la actuaria hizo constar que el domicilio en donde se constituyó, en lo que aquí interesa, tiene fachada color verde agua y portón cerrado color negro, por lo que refirió que el domicilio del quejoso no coincide con el descrito en la diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (casa habitación de fachada blanca y portón negro). Con dicha inspección judicial, con valor probatorio pleno en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente se acredita que a la actuaria que la practicó no le fue posible localizar el número 111 de la calle Fray Juan de Zumárraga, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, así como algún inmueble con fachada color blanco y portón negro, que en el domicilio donde se constituyó atendiendo a las indicaciones que le proporcionó con quien previamente se entrevistó, fue atendida por el propio quejoso, quien se identificó y le manifestó que en dicho domicilio se encuentra su fuente de trabajo y le corresponde el número 115-A y que la fachada de tal bien raíz es de color verde agua, puerta blanca, una cortina metálica y un portón cerrado color negro, por lo que el domicilio en el que dijo el quejoso tener su fuente de trabajo no coincide con el descrito en la diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho (casa habitación de fachada blanca y portón negro). Ahora bien, tales circunstancias no acreditan que el emplazamiento reclamado no fue llevado a cabo en el mismo domicilio que dice ocupar el impetrante, ya que si bien la actuaria que desahogó la inspección ofertada no localizó el domicilio ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, así como algún inmueble de fachada color blanco y portón negro, y que le manifestó el quejoso que en ese domicilio se localiza su fuente de trabajo y refirió le correspondía el número 115-A, el que cuenta con fachada color verde agua, puerta blanca, cortina metálica y un portón cerrado color negro; esta juzgadora considera que la inspección judicial por sí sola no es suficiente para desvirtuar el citatorio y emplazamiento reclamado, ya que en dichas actuaciones y el referido medio de convicción existen momentos distintos y específicos en cuanto a su transitoriedad, puesto que el lapso transcurrido entre las diligencias de citatorio y emplazamiento en el juicio de origen (cuatro y cinco de junio de dos mil dieciocho) y la inspección judicial (trece de junio del año en curso), es de más de un año, por lo que es factible que el domicilio en donde el actuario adscrito a la Junta responsable llevó a cabo las diligencias de citatorio y emplazamiento, situado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, haya sido objeto de modificación en el color de su fachada, numeración o bien, el ocultamiento de este, a fin de no ubicarlo, por lo que no se estima relevante el hecho que las descripciones de las características de dicho domicilio y del diverso en donde se constituyó la fedataria judicial que desahogó la inspección encomendada y en donde se entrevistó con el impetrante que le refirió le corresponde el número 115-A de la aludida vialidad y colonia sean distintas, máxime que tal dato se obtuvo del propio dicho del quejoso y no de la placa o rótulo respectivo. Tan transitorias son las características de un inmueble que al notificar a la demandada el laudo dictado en el juicio de origen, el actuario describió el inmueble ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 111, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, como una casa habitación de fachada color verde y portón color negro (características que coinciden con las descritas en la inspección judicial), precisando que se cercioró de ser el correcto por la placa oficial con el nombre de la calle y colonia y por el número de orden lógico consecutivo (foja 90). Esto es, pudo obtener el número, aunque no fuera visible, al contabilizar los inmuebles consecutivos a aquel que sí se identificaba en cuanto a la numeración, lo cual constituye un dato objetivo. Mientras que de la inspección se advierte que la actuaria no realizó cercioramiento de que efectivamente el domicilio en donde fue atendida por el solicitante de amparo es el ubicado en calle Fray Juan de Zumárraga, número 115 A, colonia Barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón, Guanajuato, puesto que de tal diligencia únicamente se desprende que se constituyó en dicho lugar atendiendo a las indicación de la persona del sexo femenino con quien entabló comunicación en el inmueble "junto al número 207, .donde venden comida", sin que hubiera asentado los medios con los que corroboró que se encontraba en el domicilio que el quejoso alega poseer, tales como placa metálica con el nombre de la calle y colonia, así como la numeración del inmueble; pues únicamente asentó que se trataba del inmueble marcado con el número 115-A porque así se lo informó el impetrante. De ahí la ineficacia de la prueba de inspección judicial para acreditar la afirmación del quejoso. La apreciación anterior encuentra apoyo en la tesis XXI.2º.15 L que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1009, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DOMICILIO PARA EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO. LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL POR SÍ SOLA, NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR AQUEL EN QUE SE LLEVÓ A CABO, DADA SU TRANSITORIEDAD. Cuando en un juicio de garantías, los quejosos impugnan como acto reclamado, la notificación y el emplazamiento al juicio natural, alegando que el fedatario respectivo no se ajustó en su actuar a lo que establece el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, porque no se constituyó en el domicilio del quejoso, señalado en autos, aportando para ello únicamente la prueba de inspección judicial, practicada ante el Juez de Distrito. Dicha probanza, por sí sola, es insuficiente para desvirtuar aquella primigenia actuación, dado que en ambas existen momentos distintos y específicos en cuanto a su transitoriedad, de donde resulta que es necesario que los quejosos acrediten, con otro u otros medios de prueba, que en la fecha en que se les practicó la notificación y el emplazamiento impugnados, no era el domicilio legal señalado para tal efecto, en el que se había constituido el actuario respectivo, para notificar y emplazar a los quejosos." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sin que en el caso proceda suplir en su deficiencia los motivos de disentimiento esgrimidos, ya que de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la ley de la materia, dicha figura solo opera en materia laboral, en favor del trabajador; ello, aun bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos que rige en el país, puesto que la distinción de trato entre patrón y trabajador está justificada y es proporcional, al tener por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Francisco Calderón Sánchez, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta hoy diez de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores preferentes del Juzgado, ante la licenciada Norma Rojas López, secretaria de la sección de amparo que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Jueza Primero Civil de Partido, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato, devuelve debidamente diligenciado el despacho número 20/2019, que se le remitió a fin de que llevara a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa y admitida en proveído de cuatro de abril del presente año, para los efectos legales correspondientes.
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