Juan Francisco Balderas Flores

Expediente 1762/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1762/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Francisco Balderas Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Admite quejas. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite los recursos de queja interpuestos por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, radicándolos con el número de expediente 339/2023; de lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes.3

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Se envía recurso de revisión. Visto el estado procesal de actuaciones se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia y del auto por medio del cual se tuvo interpuesto recurso de revisión en contra de dicha resolución. En consecuencia, como esta ordenado, remítase el escrito original de expresión de agravios, copia del mismo, y los autos originales de este juicio constitucional, así como sus anexos, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, para la substanciación del recurso interpuesto. Finalmente, con fundamento en los artículos 26 y 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita para que realice las gestiones pertinentes a fin de hacer disponible la consulta del expediente electrónico del presente asunto al órgano colegiado al que corresponda conocer del recurso interpuesto. 5

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Francisco Balderas Flores por derecho propio, contra actos de la Asamblea General de la Comunidad de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso y regístrese en el libro de control electrónico respectivo, con el número 1762/2023-3-B. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de derechos y de las constancias que se anexaron, se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en el siguiente: El incumplimiento del convenio *******, celebrado entre Juan Francisco Balderas Flores y la Delegación Municipal de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo. La aplicación del Reglamento Interno de la Comunidad de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós. Conforme a esos lineamientos, se considera que en el presente caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. ... Ahora bien, como se dijo, en el presente asunto se considera que los actos reclamados a la Asamblea General y Delegado Municipal, ambos de la Comunidad de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo, no tienen la calidad de actos emitidos por autoridad, para efectos del juicio de amparo, en tanto no se ubica en los supuestos a que se contrae el dispositivo 5º, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. El convenio **** de cinco de mayo de dos mil diecinueve, celebrado entre el particular Juan Francisco Balderas Flores y la Delegación Municipal de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo consistente en que el quejoso se comprometió a realizar diversos trabajos en beneficio de la comunidad antes mencionada, consistentes en: impermeabilizar la cúpula central de la iglesia; entregar veinte lámparas suburbanas y culminar el techado del foro cultural; como contraprestación de las aportaciones mencionadas, amparaban el pago de contribuciones de los nuevos propietarios con el carácter de nuevos vecinos, que fueran adquiriendo viviendas que el quejoso construiría en su predio, por lo que en un futuro ya no podrían ser requeridos de la aportación como dueño final. En dicho convenio, también se estableció que en caso de que alguna de las partes no cumpliera con lo estipulado en el convenio ******, la contraparte tendría que indemnizar por los gastos y daños generados y se someterían a la jurisdicción del Distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo. Además, señala el quejoso que ya había pagado los derechos de servicios de agua potable, drenaje y luz eléctrica para las casas construidas en el predio denominado "Dos Arbolitos", como se advierte de la copia simple del recibo de treinta de agosto de dos mil diecinueve y del informe de uno de octubre siguiente. En ese sentido, del citado convenio se desprende derechos y obligaciones recíprocos, derivados de la relación contractual, por lo que su exigencia en la vía legal correspondiente, es en un plano de igualdad entre la Delegación Municipal de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo y el quejoso Juan Francisco Balderas Flores, toda vez que no actúa como autoridad sino como parte contratante del convenio ******, por ende, se trata de una vinculación de derechos y obligaciones entre particulares; en cambio, cuando a la Delegación Municipal se le atribuyen actos unilaterales de imperio, soberanía y coacción, lo cual amerita su análisis en el juicio de amparo, de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al peticionario de amparo. Ello es así, pues la Delegación Municipal que señala como responsables, se ubican en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del incumplimiento del convenio ******, entre el Delegación Municipal de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo y el quejoso Juan Francisco Balderas Flores. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada PXXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior, se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En ese sentido, se advierte que las autoridades señaladas por la parte quejosa, no pueden adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que se encuentran en un plano de igualdad procesal con el quejoso, pues así se desprende de los antecedentes del acto reclamado y de las documentales que exhibe adjuntas a su demanda; por tanto, carece de facultades decisorias y ejecutoras, sin poder actuar con imperio y, por ende, su conducta no se puede tomar como acto de autoridad. En esa tesitura, se insiste que los actos reclamados de la Asamblea General y Delegado Municipal, ambos de la Comunidad de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad, sino actos entre particulares, cuyo conflicto se puede someter a una controversia judicial, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como contraparte del aquí quejoso en el ******, en ese sentido, es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama el acto de esta especie resulta improcedente. No se pasa por alto que el quejoso también acude a reclamar la aplicación del Reglamento Interno de la Comunidad de Botenguedho, Ixmiquilpan, Hidalgo de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, tal cuestión la hace depender del incumplimiento del convenio ****** que reclama de manera destacada, es decir, no se trata de un acto autónomo, sino deriva del convenio señalado. Desechamiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII, y 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Cabe precisar, que el criterio adoptado en la presente determinación, no implica que se violen los derechos de la parte quejosa consistente en contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este Juzgado de Distrito, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la ley de amparo se tiene únicamente por autorizado en términos amplios a Jorge Alberto Lozano Hernández, toda vez que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de la persona restante, por no estar registrada la cédula profesional en el referido, únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se imponga de los autos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales descritas en la certificación de cuenta, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, mismas que se tomarán en consideración al momento de resolver el presente juicio. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo...3

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