Juan Francisco Álvarez Hernández
Expediente 159/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Francisco Álvarez Hernández
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 7784 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual solicita se le acuse de recibo del oficio 1190, al que acompañó el amparo directo civil 176/2022, de su índice. Bajo esa tesitura, como lo solicita la autoridad de mérito, mediante oficio que derive del presente proveído, hágase del conocimiento que mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional dicho expediente, lo anterior para que la superioridad citada en párrafos precedentes esté en posibilidad de continuar con el orden del asunto de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 9704, signado en forma electrónica por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia; a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 268/2022 (comunicación 783/2022), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós; encomienda que se realizó el dieciocho de abril de la presente anualidad. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Lo anterior sin que haya lugar realizar el acuse de recibo al estilo correspondiente, toda vez que dicha comunicación oficial fue recibida de manera electrónica en este Juzgado Federal. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Ahora bien, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en el referido proveído, a fin de que designara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en aquel mandato judicial; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal que, en su caso, tengan que practicársele, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad, para tal efecto. CAUSA ESTADO. Por otro lado, visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Dos tomos de pruebas consistentes en el toca ********************de su índice y el cuaderno original de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar ********************. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos, se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, se ordenó girar el exhorto 268/2022 orden 783/2022, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, con la finalidad de notificar a la parte quejosa el auto de referencia, sin que a la fecha se cuente con la recepción de las constancias que acrediten su diligenciación. En ese contexto y en atención a la certificación de cuenta, mediante oficio que derive del presente auto, solicítese al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, informe el estado procesal que guarda el exhorto de referencia, radicado con el consecutivo 67/2022, de su índice o bien remita las constancias que acrediten su diligenciación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 1190, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 176/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Álvarez Hernández; comunicado al que se inserta el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, en el que dicho tribunal determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de garantías y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad, de la que corresponde su conocimiento a este órgano jurisdiccional; oficio al que se acompaña: La demanda de amparo promovida por Juan Francisco Álvarez Hernández. Constancia de emplazamiento de la tercera interesada Rocío Torres Valencia. Informe rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Toca I-9/2022. Cuaderno original de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 367/2013. Lo anterior, en razón de que, como se dijo, el tribunal de alzada determinó carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda, toda vez que los actos reclamados no encuadran en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que así determinó, pues el promovente reclama la resolución de 'uno de febrero del año en curso', sin embargo la fecha correcta de dicha determinación es el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, como lo informa la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, misma que emitió en los autos del toca I-9/2022, que confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, dentro del incidente de falta de personería, tramitado en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 367/2013, en el que se declaró improcedente el incidente de falta de personería planteado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado asume el conocimiento del asunto planteado. Acúsese recibo. Con las documentales que se recepcionan, fórmese cuaderno de pruebas identificados como tomos I y II; asiéntese la certificación que corresponda. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 159/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, apreciado íntegramente el escrito inicial de demanda, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el citado Juan Francisco Álvarez Hernández, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, al tratarse de actos intraprocesales que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso. En efecto, como premisa normativa se tiene que el artículo 113 en mención, establece que el Juez de Distrito luego de examinar la demanda de amparo la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)" De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son remediables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros (actos de imposible reparación) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos (actos de ejecución reparable), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pág. 11 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y la parte quejosa debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, sólo el primero, relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pág. 1902 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente y obran dentro de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, se tramitan las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 367/2013 que sobre divorcio por mutuo consentimiento, promovieron el quejoso Juan Francisco Álvarez Hernández y la aquí tercero interesada Rocío Torres Valencia. Seguido el trámite por sus cauces legales, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente de falta de personería en contra de J. Jesús Zaragoza Yacuta y José Luis López Martínez, quienes se ostentaron representantes y mandatarios jurídicos de Rocío Torres Valencia, incidencia que se tramitó dentro de la diversa sobre cumplimiento de convenio. Dentro del incidente de falta de personería se citó a las partes a oír sentencia interlocutoria, la cual fue emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la cual se resolvió en los siguientes términos: "(..) PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer esta cuestión incidental. SEGUNDO. Resultó improcedente el incidente de falta de personería. TERCERO. Nos se hace especial condena en costas. (.)" Inconforme con la interlocutoria emitida, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el cual al ser resuelto por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante resolución dictada en el toca I-9/2022, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós (fecha correcta), confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria, dictada por el Juez de los autos. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Antecedentes que el citado quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no les reviste el carácter de definitivos, en razón de que se trata de actos de naturaleza intraprocesal, que de momento no tienen sobre la persona del quejoso una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. De lo que se obtiene que la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la parte quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, se haga valer. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós (fecha correcta), que confirma la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mi veintiuno, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personería promovido respecto a los mandatarios de la aquí tercero interesada Rocío Torres Valencia en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 367/2013. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad, sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al aquí expuesto, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Luego entonces, esos actos de molestia se traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución, que en su momento llegue a dictar en definitiva el Juez de origen dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 367/2013, lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, lo que conduce a desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, los actos de autoridad que se combaten no son de aquéllos que causen un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Juan Francisco Álvarez Hernández, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, declinó en favor de este Juzgado de Distrito la competencia para conocer del presente sumario y en virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en la calle Yucatán, número 245, de la colonia Molino de Parras, en Morelia, Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, gírese atento exhorto vía interconexión, al Juez de Distrito con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique a la promovente de amparo, el presente proveído, en el domicilio indicado, por sí o por conducto de su autorizada Alondra Acosta Larios. De igual forma, lo requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que quede debidamente notificado, por escrito, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, para en caso de que se tenga conocimiento de un diverso domicilio al referido en líneas precedentes, se practique la diligencia necesaria para llevar a cabo la notificación correspondiente, siempre y cuando se ubique dentro de su circunscripción territorial. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal informe sobre el tratamiento dado a lo solicitado; hecho lo encomendado, remita a la brevedad posible las constancias con las que acredite dicha circunstancia. PRECISIÓN. En el caso de que la notificación de que se trata se realice mediante lista de acuerdos, solicítese al Titular del Juzgado que conozca del exhorto, remita la lista de acuerdos respectiva, en la que se contenga el auto dictado por este juzgado Federal o un extracto del mismo, en lo relativo a la prevención y apercibimiento decretado; ello con la finalidad de garantizar a las partes una tutela judicial efectiva y la expedites a que se refiere el artículo 17 Constitucional. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Téngase como su autorizada, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alondra Acosta Larios, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD DECLINANTE.
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