Juan Francisco Alejo Espinoza
Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Francisco Alejo Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 291/2021-1A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Juan Francisco Alejo Espinoza; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Juan Francisco Alejo Espinoza; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Juan Francisco Alejo Espinoza, contra actos de la Sala de Circuito, Zona Norte, del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 291/2021-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamado los siguientes: Autoridad responsable: MAGISTRADO DE LA SALA DE CIRCUITO ZONA NORTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE SINALOA, CIUDAD. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, CIUDAD. COMANDANTE DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DESTACAMENTADO EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, CIUDAD. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. ACTOS RECLAMADOS Del análisis de la demanda se advierte, que el reclamo del promovente lo hace consistir: a). De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, reclamo la ORDEN DE REAPREHENSION, dictada en mi contra. b). De las autoridades responsables señaladas, como ejecutoras, reclamo la ejecución que pretendan llevar a cabo en acatamiento a la ORDEN DE REAPREHENSION dictada en mi contra, por la autoridad señalada como ordenadora. Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que con fecha 16 de mayo del 2003 se libró orden de aprehensión en mi contra por el Ciudadano Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, (ya dejó de funcionar), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO PRODUCIDO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO, COMETIDO CON VENTAJA EN LUGAR CONCURRIDO, en agravio de quien en vida llevo por nombre JOSE LUIS CUEVAS VALENZUELA, misma orden de captura que fue ejecutada con fecha 15 de Noviembre del ario 2019 por el Agente de Policía de Investigación del estado de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, recepcionándome declaración preparatoria en relación a los hechos, resolviendo mi situación jurídica con fecha 21 veintiuno de noviembre del ario 2019, pronunciando auto de formal prisión en mi contra. Seguidamente con fecha 25 de noviembre del 2019, el suscrito por conducto de mi defensa promovió solicitando la Extinción de la Pretensión Punitiva, al considerar que se actualiza la prescripción, resolviendo el Juez Penal, con fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2019, tal petición, dictando auto de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva a favor del suscrito quejoso, ordenando mi inmediata libertad al Director del Centro Penitenciario ubicado en el Ejido Goros II, de esta Municipalidad de Ahorne, resolución que fue impugnada por el Agente del Ministerio Público, admitiéndose dicho recurso de apelación y con fecha 11 de agosto del año 2020, la Sala de Circuito Zona Norte, revoca el auto de sobreseimiento y libra orden de reaprehensión en contra del suscrito. Por lo que el día 15 de abril del ario 2021 tuve conocimiento que agentes de policía fueron al domicilio de mis padres, tratando de localizarme y pretendiendo ejecutar la orden de captura en mi contra. De la misma manera vengo manifestando, que tengo conocimiento que la orden de reaprehensión dictada en mi contra, es por el DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN LUGAR CONCURRIDO, en agravio de quien en vida llevara por nombre JOSE LUIS CUEVAS VALENZUELA, en términos de los Artículos 133,134, Y1 43 del Código Penal en vigor, delito en el cual se me viene acusando al parecer con el carácter de autor, fundamentándose en la fracción II del artículo 18 del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa, apreciación que resulta completamente errada, puesto que de ninguna manera he tenido participación alguna en la comisión de dicho ilícito, ni como autor ni como coautor como se precisará a continuación.". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo cual la demanda se debe desechar de plano, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; Del precepto que antecede deriva lo que doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación. Es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice. De lo anterior se desprende qué etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio está en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Lo anterior, cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. En efecto, de la certificación de cuenta se desprende que ante este propio juzgado se tramitó el juicio de amparo número 300/2020-5B, promovido por Moisés Huicho Romero, en su carácter de defensor particular del quejoso Juan Francisco Alejo Espinoza, contra actos de las mismas autoridades responsables Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Fiscal General de Justicia y Director de la Policía de Investigación ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, con excepción de las diversas autoridades en su carácter de ejecutoras Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y contra el mismo acto que aquí se reclama, la cual se negó el ampro y protección de la Justicia Federal el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. De lo anterior, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que existe litispendencia entre el juicio de amparo 300/2020-5B, del índice de este Juzgado Federal y el presente asunto, los cuales poseen identidad de los elementos del litigio, esto es, en el sujeto, el objeto y la pretensión, pues en ambos juicios se reclamó el mismo acto reclamado (la resolución de once de agosto de dos mil veinte, dictada por la Sala de Circuito Zona Norte, con sede en esta ciudad, en el toca número 1/2020-P, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal con sede en Guasave, Sinaloa, contra la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, donde se decretó auto de sobreseimiento por prescripción dentro de la causa penal número 90/2003, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, (hoy Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa) en el que revocó dicho proveído, en virtud que a la data indicada en primer término (auto apelado), no transcurría el término medio aritmético de la pena que debía transcurrir para que operara la prescripción de la acción penal, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso (producido por proyectil de arma de fuego) cometido en lugar concurrido, previsto y sancionado en los artículos 133, 134 y 143, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y ordenó la reaprehensión del inculpado aquí quejoso, Juan Francisco Alejo Espinoza y contra las mismas autoridades responsables, y que ya se resolvió en fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, (la Justicia de la Unión no ampara ni protege), pero la misma aún no causa ejecutoria, al haber sido recurrida en revisión; de ahí que, el presente juicio de amparo resulta improcedente, al existir otro que se encuentra pendiente que la resolución pronunciada quede firme. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Página 193, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, correspondiente a la quinta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como, por analogía de razón la Tesis: VI.2o.121 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Junio de 1998Página: 655, Tesis: VI.2o.121 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común). De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: XI.2o.8 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Página: 817, Tesis: XI.2o.8 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común). Por lo anteriormente expuesto, se insiste que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda de amparo en términos del numeral 113 de la ley de la materia. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Juan Francisco Alejo Espinoza. En diverso aspecto, se ordena agregar al presente asunto copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 300/2020-5B, para los efectos legales procedentes. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados del este Juzgado, y como su autorizada legal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Celia Armenta Gámez.
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