Juan Flores Sifuentes

Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
291/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Flores Sifuentes
  • Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 291/2021-IV, promovido por Juan Flores Sifuentes, por conducto de su apoderada legal Susana Prieto Terrazas, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado al día siguiente, Juan Flores Sifuentes, por conducto de su apoderada legal Susana Prieto Terrazas, promovió juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y la Secretaria General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con sede en la ciudad del mismo nombre, así como Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, a quien reclamó: "4.- ACTOS RECLAMADOS: La. omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representado, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1, ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 14 de enero del 2020 se ordenó desahogar la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsables han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por casi 1 año, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, y 890 de la Ley Federal del Trabajo de la Ley Federal del Trabajo." (sic) Segundo. Por auto de veinte de abril dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 291/2021-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados, al ser omisiones, carecen de ejecución, por lo que la competencia, en términos del artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, recae en la autoridad ante quien se haya presentado la demanda, que en el caso lo es el suscrito, por razón de turno. Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos que el solicitante de amparo señala de inconstitucionales, los cuales, una vez realizado el análisis integral de la demanda, en congruencia con las constancias del presente expediente, se desprende que son los siguientes: ----De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión en desahogar la pruebas ofertadas por la parte actora, tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues dicha autoridad ha sido omisa en nombrar perito a mi representado. ----De la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y la Secretaria General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con sede en la ciudad del mismo nombre, la omisión en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 14 de enero del 2020 se ordenó desahogar la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla. Tercero. La autoridad, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado que se le atribuye por la parte quejosa. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara tal negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Las autoridades, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaria General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, cabe precisar que las responsables anexaron a su informe copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio laboral 154/2018, de las que se desprende que a la fecha de presentación de la demanda de amparo indirecto que diera origen al presente controvertido constitucional, esto es, dieciséis de abril de dos mil veintiuno, no se había designado perito médico al actor, ni se había desahogado prueba pericial ofertada por el aquí quejoso, constancias con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Razón por la cual, contrario a lo expuesto por las autoridades responsables en cita, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Cuarto. Previo al análisis del fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaria General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en alcance a su informe justificado remitió copia certificada de la diligencia de primero de julio de dos mil veintiuno, dentro el juicio laboral 154/2021, mediante la que se tuvo por designada como perito la Doctora Carolina Cadena Luna, con la finalidad de desahogar la pericial medica ofertada por el aquí quejoso y se emitió la orden respectiva para que se presentaran los estudios médicos requeridos por esta última. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento laboral de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar la situación actual que impera en el juicio laboral de origen, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Juan Flores Sifuentes, de conformidad con el último considerando de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, remitiendo documentales en alcance a su informe justificado de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido, sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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