Juan Filiberto Estrada Renón
Expediente 1402/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Filiberto Estrada Renón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Juan Filiberto Estrada Rendón, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con ese carácter al Administrador Local de Auditoría Fiscal en la Comarca Lagunera, con domicilio conocido en el Eriazo del Norte, No. 17, Libramiento Periférico, Boulevard Raúl López Sánchez, en Torreón, Coahuila; Señalo con ese carácter al Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, con domicilio en Prolongación González de la Vega L-1 Plaza Terrizas, Colonia Ricardo Flores Magón, en Gómez Palacio, Durango IV.- ACTOS RECLAMADOS: Del Administrador Local de Auditoría Fiscal en la Comarca Lagunera, reclamo el acto del cual se enteró el suscrito en fecha del día 28 de octubre del año en curso, y que constituye: " LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA FISCALIZADORA Y LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL QUE PRETENDE CON DICHA VISITA". Del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, reclamo la "OMISIÓN DE INFORMAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA CAJA, DE LA ESCUELA PRIVADA DENOMINADA "INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA A.C."; ASÍ MISMO, LA OMISION DE REQUERIR A LOS REPRESENTANTES DE DICHA ESCUELA QUE LE EXHIBAN LOS DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA ADMINISTRACION DE LA ESCUELA EN CITA, A CARGO DEL INTERVENTOR DESIGNADO; Y ADEMÁS, OMITIR TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS ANTE LA INDEBIDA ADMINISTRACIÓN DE LA REFERIDA ESCUELA, POR PARTE DE SUS REPRESENTANTES, LO QUE LE FUE SOLICITADO A LA RESPONSABLE DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 1/1269/2012". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal de la cual se advirtió la existencia de dos diversos actos reclamados desvinculados entre sí. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó la separación de plano de los actos reclamados al Administrador Local de Auditoría Fiscal en la Comarca Lagunera, con residencia en esta ciudad. Y la admitió a trámite únicamente respecto del diverso acto consistente en: La omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango de no informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto del nombramiento del interventor administrativo con cargo a la caja, de la escuela privada denominada Instituto de Educación Superior licenciado Francisco González de la Vega Asociación Civil; así mismo, la omisión de requerir a los representantes de dicha escuela que le exhiban los documentos e instrumentos necesarios para la debida administración de la escuela en cita, a cargo del interventor designado; y además, omitir tomar las medidas necesarias ante la indebida administración de la referida escuela, por parte de sus representantes, que obra agregado al expediente laboral número 1/1269/2021. Asimismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1402/2021-IIB, de igual manera, se recibió el informe con justificación y las constancias requeridas a la autoridad responsable, los cuales se agregaron a los autos; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público adscrito, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias que obran en autos, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: i. La omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango de no informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto del nombramiento del interventor administrativo con cargo a la caja, de la escuela privada denominada Instituto de Educación Superior licenciado Francisco González de la Vega Asociación Civil; así mismo, la omisión de requerir a los representantes de dicha escuela que le exhiban los documentos e instrumentos necesarios para la debida administración de la escuela en cita, a cargo del interventor designado; y además, omitir tomar las medidas necesarias ante la indebida administración de la referida escuela, por parte de sus representantes, que obra agregado al expediente laboral número 1/1269/2021. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable denominada Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. Lo anterior es así, pues la junta responsable para corroborar su dicho anexó las constancias certificadas a su correspondiente oficio, relativas a copia certificada de diversas actuaciones realizadas en los autos juicio ordinario laboral 1/1269/2021, formado con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso Juan Filiberto Estrada Rendón, como en seguida se analizará. Ahora bien, conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de 1994, Octava Época, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En ese sentido, resulta necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, en el caso concreto la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, remitió mediante oficio copia certificada de las actuaciones que integran el juicio ordinario laboral 1/1269/2021, formado con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso, específicamente el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en él acuerda lo conducente en torno a la solicitud del quejoso de que se le requiera a la parte demandada por conducto de su representante legal del Instituto de Educación Superior "Licenciado Francisco González de la Vega" (FAGOVE), con sede en Gómez Palacio, Durango, la documentación e información necesaria que debe ser del conocimiento del interventor con cargo a la caja, la junta responsable en el acuerdo en mención, requirió al interventor designado contador público Víctor Manuel Aldana Marmolejo para que en el término de tres días manifestara qué documentos e información le son necesarios para cumplir con el cargo de interventor que le fue asignado, para así estar en la posibilidad de hacer el requerimiento específico a la demandada. Por otro lado, se advierte que en el mencionado proveído hizo del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en Torreón, Coahuila, que en el Instituto de Educación Superior "Licenciado Francisco González de la Vega" (FAGOVE), con sede en Gómez Palacio, Durango, parte demandada en el juicio laboral de origen, la designación en autos de interventor con cargo a la caja nombrando como tal al contador público Víctor Manuel Aldana Marmolejo, mismo al que no ha sido posible darle posesión de dicho cargo al no existir las condiciones en el domicilio de la demandada, al no haber área administrativa ni académica, al solo haber dos personas que no han podido acreditar el puesto que desempeñan motivo por el cual no se le dio posesión material al interventor Víctor Manuel Aldana Marmolejo, según lo asentado por el actuario adscrito a la junta responsable en la razón de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. También se advierte que giró el exhorto 24/2021-III a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, Coahuila, y el oficio 88/2021-III, para que en auxilio de las labores de su homóloga ordenara a quien correspondiera llevara a cabo la entrega del mencionado oficio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de esta ciudad, entre otras autoridades. Documentales a las cuales se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que es una actuación emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Efectivamente, del proveído emitido el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable acordó la promoción en el que el quejoso solicitó se requiriera a la parte demandada por conducto de su representante legal del Instituto de Educación Superior "Licenciado Francisco González de la Vega" (FAGOVE), con sede en Gómez Palacio, Durango, la documentación e información necesaria que deberá ser del conocimiento del interventor con cargo a la caja. También acordó lo relativo de que hiciera del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la existencia de un interventor con cargo a la caja en la administración del demandado Instituto de Educación Superior "Licenciado Francisco González de la Vega" (FAGOVE), con sede en Gómez Palacio, Durango, dictado en el procedimiento laboral 1/1269/2021, cuya omisión constituye el acto reclamado. Pues bien, de lo antes expuesto se colige claramente que el aludido acto de reclamo que se tilda de inconstitucional, a la fecha de presentación de la demanda de amparo resulta inexistente; ello en virtud de que a esa data, esto es, al ocho de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, ya había dictado el acuerdo respectivo en los autos del juicio de origen girando el exhorto 24/2021-III y oficio 88/2021-III respectivos para su diligenciación, por lo que la omisión que se reclama era inexistentes a esa fecha. En efecto, tal como se observa de las constancias allegadas a este juicio constitucional relativas al juicio ordinario laboral 1/1269/2021, la autoridad no fue omisa al momento de presentarse la demanda de amparo, puesto que desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, ya se había dictado el acuerdo correspondiente a las peticiones formuladas por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de 1994, Octava Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, al haber quedado demostrada la inexistencia del acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, al menos a la data de presentación de la demanda de amparo; lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Sin que pase inadvertido la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, lo cual, como es lógico, en forma alguna afecta los intereses del tercero interesado; por tanto, resultó innecesario su llamamiento a juicio. Orienta lo expuesto, la tesis P. V/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós y remite la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 1/1269/2012. Acuerdo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con lo anterior se da vista a las partes. Pruebas. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas las pruebas documentales que remite la autoridad oficiante, sin perjuicio de dar cuenta con las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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